Decenas de inquilinos de la Iglesia, amenazados de expulsión por la venta opaca de sus casas

Una operación inmobiliaria que tiene a la Iglesia como protagonista está a punto de dejar a 200 familias sin casa. Son las que tenían alquilada su vivienda a Fusara, una fundación tutelada por la Iglesia y presidida por el arzobispo de Madrid, que mantiene dos colegios concertados y, hasta este verano, poseía 14 edificios en el centro de Madrid procedentes de una herencia, que explotaba bajo la fórmula del alquiler.

Sus inquilinos se enteraron de que la fundación ya no gestionaba su casa el pasado 30 de septiembre. Hacía dos meses que los inmuebles habían sido vendidos y la notificación se produjo con varios burofax que anunciaban el nuevo nombre de la empresa gestora, 14 sociedades interpuestas, todas recién creadas. A los arrendatarios que tenían cerca la renovación de su contrato de alquiler se les comunicó que no podrían seguir viviendo en la casa y serían expulsados. Todo el caso ha sido destapado por El País Madrid.

“La ciudad está en venta”, explica apenada Marina, una de las inquilinas de estas viviendas, en conversación con Somos Chamberí. Su bloque está en la calle Castillo 4, y es uno de los cuatro edificios gestionados por Fusara en el distrito de Chamberí. Los otros se encuentran en Fuencarral 113 y 130 y en Luchana 6.

Marina paga actualmente 800 euros por un tercero sin ascensor de unos 60 metros cuadrados. Un precio que ahora, en plena burbuja del alquiler, es asequible pero que hace poco era un coste normal para un inmueble de sus características. “Fusara fue subiendo la renta a los nuevos contratos” explica, aunque la renovación siempre era tácita hasta el cambio de propiedad. Su contrato acaba en enero de 2020 y desde hace dos semanas no sabe qué va a suceder, si tendrá que buscar casa en Navidad, si encontrará algún piso asequible en toda la ciudad o si su nueva casa estará lejos de la guardería de su hija de 19 meses, que actualmente acude todas las mañanas a la escuela infantil de Fernando el Católico.

En la conversación, Marina lamenta verse obligada a marcharse de un barrio en el que había echado raíces, pero también advierte que su caso no es el más grave de su bloque, donde viven 16 familias gestionadas ahora por una sociedad llamada Canderax Corporate SL: los inquilinos de renta antigua, que pagan 200 y 300 euros de mensualidad y cuentan con edades avanzadas, son los más vulnerables: “Quieren echar a la antigua portera del edificio, que tiene 90 años”, cuenta.

Una venta opaca y cuestionada

Los antiguos inquilinos de Fusara, que cuestionan la legalidad de la operación, se están organizando para intentar revertir la situación, conocer los derechos que los amparan y estudian los pasos a seguir después de la venta que realizó Fusara el pasado 30 de julio. Ahí es donde está la parte más oscura de todo este caso: según datos aportados por El País, la fundación vendió los 14 edificios a otras tantas sociedades creadas este mismo año con el capital mínimo e inicialmente gestionadas por María Elena García Pastrana, una administradora que posee el control de cientos de empresas y que, días después, cedió su puesto a Roberto de Juan González.

Según datos facilitados a este periódico por los propios inquilinos, la donación podría contravenir la propia finalidad de la fundación. La donación de los 14 edificios data del año 1922 y respondía a propiedades de Doña Antonia González y Doña Carlota de Santamarca. Ellas entregaron sus edificios con el objetivo de ayudar a “los pobres de Madrid” para fundar un orfanato pagado con los alquileres de dichos inmuebles. Estas construcciones, además de las antes citadas, eran las situadas en San Bernardo 55, Churruca 15, Imperial 9, Santa Teresa 8 y 9, Angosta de los mancebos 2, Fúcar 13, Olivar 5 y Paseo de las Delicias 16.

La venta de este patrimonio inmobiliario y la expulsión de los actuales inquilinos podría tener un largo recorrido judicial y también político, puesto que Más Madrid registró este jueves dos cuestiones en la Asamblea preguntando a la Comunidad de Madrid por las tareas de control que ha ejercido en esta venta, que debería haber sido controlado por el protectorado de fundaciones regional. También ha preguntado si ha recibido alguna reclamación por parte de los afectados, según los documentos facilitados a Somos Chamberí por el diputado regional Hugo Martínez Abarca.

Mientras el gobierno regional responde, los burofax de fin de contrato siguen llegando: un vecino de la calle Santa Teresa lo recibió hace tres días y le comunica que tendrá que abandonar su casa el próximo 15 de noviembre. Le queda menos de un mes para solucionar su situación o buscar otro piso asequible en Madrid.