Marruecos pudiera parecer un país seguro desde una mirada occidental y de turista extranjero, pero eso no permite afirmar que lo sea para devolver allí a las personas migrantes que entraron en Ceuta hace ya tres semanas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. El PP sostiene que se puede considerar Marruecos como «país seguro» para justificar esos retornos. Sin embargo, no basta con medir la seguridad por la ausencia de un conflicto armado ni invocar que se trata de un país vecino con el que España mantiene relaciones diplomáticas y la Unión Europea acuerdos de cooperación. La seguridad de un retorno no puede presumirse con carácter general, y menos aún sin analizar quién es la persona a la que se pretende retornar, su situación familiar, las violencias que ha sufrido y las condiciones reales en las que quedará tras la devolución. La pregunta no es si Marruecos resulta seguro para quien lo visita desde Europa, sino si lo es para las personas concretas que cruzaron la frontera y ahora se encuentran en Ceuta.

Por este motivo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes (aunque no solo) no cabe ningún retorno automático ni individual, ni colectivo. La Ley de Extranjería –e incluso el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 que muchos quieren usar como puerta de atrás para sacar a las y los niños de la ciudad autónoma– exige una valoración individualizada en la que el interés superior de la infancia ha de primar. Es decir, se debe escuchar a cada persona menor de edad, conocer sus circunstancias, averiguar las razones por las que salió de Marruecos y comprobar si su regreso permitiría una reunificación familiar efectiva y segura o, en su defecto, si existen unos servicios de protección concretos y adecuados que puedan hacerse cargo de ellos. No basta identificar y trasladar al otro lado de la frontera. Las leyes no lo permiten; unos valores éticos mínimos, tampoco. Salvo que se considere que estas vidas merecen menos protección y son, en definitiva, menos humanas que las de quienes reclaman su devolución.

Tampoco las personas adultas pueden ser devueltas en bloque sin identificar sus circunstancias ni permitirles solicitar protección internacional. Si una persona, sea hombre o mujer, manifiesta temor a regresar, solicita asilo o presenta indicios de persecución, trata u otra situación de especial vulnerabilidad, la devolución debe suspenderse mientras se examina su caso. Es necesario reconocer que, para determinados perfiles, la propia legislación marroquí hace que el país alauí no sea seguro. Por ejemplo, las personas LGTBIQ+ pueden ser perseguidas de acuerdo con el artículo 489 del Código Penal marroquí que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y establece penas de entre seis meses y tres años de prisión. La ONG Human Rights Watch en su último informe sobre Marruecos, confirma que esta criminalización continúa vigente y documenta la persecución de quienes desafían públicamente las normas sexuales y religiosas impuestas.

Marruecos tampoco puede considerarse un país seguro para todas las mujeres y niñas, ya sean marroquíes, migrantes o refugiadas. Su ordenamiento penaliza la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres mientras deja sin reconocer adecuadamente algunas de las violencias ejercidas contra ellas. El Código Penal castiga las relaciones sexuales consentidas entre personas no casadas, penaliza el adulterio y criminaliza el aborto sin que exista excepción alguna cuando el embarazo es consecuencia de una violación. De esta forma, si una mujer denunciase una violación fuera del matrimonio, podría acabar siendo juzgada por haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales si no acredita la falta de consentimiento; y si la violación provoca un embarazo, además de las consecuencias penales, la mujer estaría expuesta al rechazo familiar, la expulsión del hogar e incluso la separación de sus hijos e hijas. Por cierto, la violación dentro del matrimonio tampoco está considerada como delito.

Si hablamos de matrimonio infantil, es importante subrayar que este sigue siendo posible en Marruecos, dado que el Código de Familia permite que los jueces lo autoricen de manera “excepcional”, pero esa excepción está muy lejos de ser anecdótica. Según los datos oficiales del Ministerio de Justicia de Marruecos recopilados en informes de UNICEF, en el año 2020 los tribunales marroquíes aprobaron un total de 13.335 solicitudes de matrimonio de menores de edad. Esto significa que aproximadamente más de 12.600 niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio legalmente bajo autorizaciones judiciales excepcionales ese año.

Quizá Núñez Feijóo y sus aliados de la extrema derecha desconozcan este dato cuando exigen que estos niños, niñas y adolescentes “vuelvan con sus familias”, como si todos hubieran abandonado hogares estructurados y protectores a los que bastara con devolverlos, y no pudieran estar huyendo precisamente de situaciones de violencia dentro de su propio entorno familiar. La reunificación familiar solo puede considerarse protectora después de investigar esas circunstancias, no antes. Retornar sin más a un niño o una niña porque lo reclamen el líder del PP, el presidente de Ceuta, el portavoz de la Comisión Europea o el ministro de Exteriores no es protegerlos, especialmente si se les devuelve al mismo contexto de violencia, abandono o explotación del que huyeron.

No menos preocupante es el trato que Marruecos dispensa a las personas migrantes y refugiadas, especialmente a las procedentes del África subsahariana. Marruecos es parte de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo de 1967, pero todavía no dispone de un sistema nacional de asilo plenamente desarrollado y operativo. De hecho, ACNUR continúa registrando las solicitudes y determinando la condición de refugiado en nombre de las autoridades marroquíes. Por tanto, quienes huyen de Sudán, Yemen, Somalia, Siria o Gaza pueden encontrar importantes obstáculos para acceder a una protección efectiva. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sometido a personas migrantes y refugiadas a redadas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos hacia zonas alejadas de las fronteras, robos y palizas. Son vulneraciones de derechos humanos documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional.

Nadie niega que la situación en Ceuta, provocada por la inacción del propio Marruecos en la frontera a finales de julio, sea de una gran complejidad. Pero España, como Estado y mediante una respuesta multinivel e intersectorial, no puede eludir sus obligaciones legales, sus principios éticos y sus valores democráticos entregando sin más a estas personas a un país que puede no ser seguro para cada una de ellas. Ya no se trata solo de qué tipo de país queremos ser, sino de qué estamos dispuestos a consentir como sociedad cuando, ante lo que está sucediendo, nos sumamos a quienes proponen respuestas que deshumanizan a quienes tenemos la obligación de proteger.

Feijóo sostiene que la Ley del Menor no se puede aplicar a los niños de Ceuta porque “han participado en una invasión”. Nos presenta a unos niños autores del supuesto delito de entrar en otro país. La edad penal para el presidente del PP es incluso de unos pocos meses de vida, según algunas imágenes que vimos. En todo caso, pide la expulsión total de los llegados, incluidas las niñas más vulnerables para quienes se ha pensado un traslado a la península. Lo pide el PP y lo exige su socio Vox que está subiendo en las encuestas.

A vueltas con el grave problema de conciencia y humanidad -más que de legislación- que todo esto representa, comentaba Teresa Rodríguez, activa política de izquierdas en su día, su caso actual: “He dado clase a niños y niñas ucranianas desde que me reincorporé a la docencia. Fueron 350.000 acogidos en el Estado. Y ahora la van a liar por 500 niñas marroquíes en todo el país. Se llama racismo y está más institucionalizado que nunca. Y popularizado también. 💩 de gente”.

También suben en las encuestas las ultraderechas israelíes hasta poner en apuros la continuidad en el poder de uno de los peores seres sobre la tierra: Benjamín Netanyahu. A todo hay quien gane en el mal, sin embargo, y así su ministro del Interior. Ben Gvir, anuncia que, tras aprobar una ley de pena de muerte para los palestinos y solo para los palestinos -como prometió-, ahora está construyendo una instalación para ejecutarlos, dotada con cámaras para ver cómo mueren en directo.

En Colombia hubo sus dudas, no aclaradas, sobre el resultado de las elecciones que dieron el triunfo por 250 votos a De la Espriella. De cualquier forma, parece que se decantaron por él casi 13 millones de seres. El terremoto, dice, se lo mandó dios nada más estrenar el mandato como una prueba dura a superar. Igual no fueron 13 millones reales pero 1 millón serían demasiado; mil votos, serían demasiados.

De una cuerda similar, Milei, en Argentina, culpa del desastre que él ha perpetrado “a la pasión por asesinar niños de las feministas”. Ayuso le concedió la Medalla de Oro de Madrid.

Ayuso entre áticos y chalets con piscina y preparar su propio futuro, ha decidido, por cierto, nombrar a Gallardón, Aguirre y Cifuentes para un puesto consultivo por el que optan a cobrar miles de euros al año. Ingresarán una dieta de 750 euros cada vez que asistan a la Comisión Jurídica Asesora de Madrid- En 2025 se reunió 45 veces, lo que implicaba, de acudir a todas las citas, cobrar 33.750 euros anuales. No está mal el sobresueldo, no.

La televisión pública húngara ha pedido disculpas por tantos años de mentiras que les ofreció a los ciudadanos por culpa de Orban. Telemadrid habrá de hacer lo mismo en su día, me dije. Y todavía no ha pedido nunca disculpas el PP de Rajoy por el destrozo al rigor y a la credibilidad que perpetró en RTVE. Los viernes negros tuvieron que haber sido semanas negras. Y me cayó una lluvia de improperios. El PP nunca se equivoca y el problema es “Telepedro”, porque les han convencido de que informar es poner lo que este dice (que llueve por ejemplo) y el otro dice (que no llueve) o solo lo que dice el afín. Salir uno mismo a la ventana para comprobar si llueve o no, ni se plantea. Porque además, si lo que sea lo han dicho en Telemadrid o en los tropecientos medios de la bulosfera es suficiente.

La empatía es ponerse en el lugar del otro, y la psicopatía -que no es enfermedad mental- pasar absolutamente de todo el daño que se hace a otras personas. De ahí que en este interminable y bien crujido agosto me incline por el ejercicio de poner a diferentes psicópatas en la piel de sus víctimas a ver si así se les despierta una pizca de humanidad. Solo en teoría, por desgracia.

Imaginaba a Feijóo nadando hacia el Tarajal para acceder a una España en la que nació por casualidad lo que en buena lógica no debería dar especiales derechos sobre el país. De ahí, al menos, que esta gente no quiera ni a los nietos de los sí nacidos, si no residen en España, o que Trump también intente acabar con la ciudadanía por nacimiento. A Cayetana Álvarez de Toledo, la pondría en lancha rescatando niños a ver si se le despierta algo de humanidad. Para Ayuso, lo suyo sería que estuviera encerrada en una de sus residencias sin medicación alguna cuando pille una gripe o un COVID. O sin más: encerrada. Sin micrófonos, ni pinganillos, ni focos. Las portavocías de Vox y sus votantes tendrían su mejor destino en Santa Elena para meditar regresos imperiales. En la isla, a 1.860 kilómetros de distancia de la costa de Angola y África, y a 3.280 km de la costa de Brasil y América del Sur, y con unos cuantos libros se puede reflexionar muy bien.

Colombianos y argentinos decentes y lúcidos deberían ir pensando medidas empáticas similares para sus presidentes. Los estadounidenses para Trump, dado que es quien está echando una mano para colocar a todos estos especímenes presidiendo países. Para el ministro israelí Ben Gvir lo perfecto es convertirlo en el único usuario de la cámara de tortura y asesinato que se ha montado. Tanto los ciudadanos de Israel como del resto del mundo, como los mandatarios internacionales deberían al menos ver de encerrarlo de por vida en ese monumento a la crueldad que ha edificado.

No sé si es el calor que no se va, algún virus, un hartazgo insoportable de ver todas estas disfunciones, pero hoy no se me ocurre otra conclusión que esta, que paguen por lo que hacen, (casi) con la misma moneda. Que igual aprenden algo.

Estoy muy a favor de la tesis de que, en estos tiempos que corren, con la ultraderecha mundial campando a sus anchas, y la española, concretamente, golpeando a las puertas de la Moncloa con un ariete sin cuartel, tenemos que ser cautos con cómo hacemos, desde la izquierda, oposición al gobierno. Primero de todo porque, siento ponerme estupendo, no creo que este gobierno sea tan de izquierdas como para bajar los brazos y contentarnos con su mera existencia, sobre todo dado que son la única alternativa al apocalipsis que proponen las derechas, pero también porque somos todos ya mayorcitos como para saber qué es lo que pasa cuando al PSOE se le da manga ancha para hacer lo que ellos creen conveniente.

Quiero decir que no hay mejor ni más oportuno momento para ser súper de izquierdas que cuando, precisamente, es la izquierda la que ocupa el gobierno. Esto implica ser muy críticos con la situación de la vivienda, con la tibieza de las relaciones diplomáticas con Marruecos, con la impunidad con la que campan los agitadores fascistas en los medios y en las calles y, por supuesto, con una reforma de las condiciones laborales y salariales que no está ni siquiera a medio camino de llegar a unas condiciones dignas de un estado europeo. El reto, en mi opinión, está en elaborar una crítica legítima al gobierno que no sirva de munición al PP y, sobre todo, a Vox, para seguir atacando los pilares de un proyecto que, aun en ciernes, es lo mejor a lo que podemos aspirar en el medio plazo. Pero Óscar Puente, a veces, lo pone muy difícil.

El ministro de Transportes se ha erigido en los últimos años como un portavoz alternativo, no oficial, del gobierno de España, un puesto que oficialmente ocupa la ministra Elma Saiz. Puente ha demostrado una oratoria arrolladora tanto en el Congreso como en redes sociales, algo que es de celebrar, porque para combatir a lo que tenemos enfrente se necesita la contundencia de un puñetazo en las costillas. Feijóo todavía lleva tatuado en las mejillas aquel “de ganador a ganador”, que le espetó a comienzos de la legislatura. El problema está cuando el impresionante orador de la tribuna muta, de vez en cuando, en el abominable hombre del Pisuerga, y dirige sus golpes, cada vez con más frecuencia, no contra el enemigo declarado sino contra su propia trinchera.

Esta semana, Puente ha colgado en sus redes una comparación entre el cartel de las fiestas de Valladolid de 2022 -cuando él era alcalde- y el de este año, con el pie implícito de “mirad todos qué bien lo hacía yo”. Carolina Durante, que formaba parte del cartel de este año, que previamente habían dicho nada y no pintaban nada en esa pelea, se dieron por aludidos y dieron al ministro una respuesta lacónica y demoledora: “Estás tú para hablar”.

Se ha criticado también a Carolina Durante que entren a la confrontación con el ministro, pero, sinceramente, ¿qué se podía esperar? Defenderse de la ultraderecha no puede ser un eximente de poner la otra mejilla con una falta de respeto tan gratuita. Y Puente, que se ha vuelto uno de los ministros más famosos del gobierno por sus muestras de contundencia dialéctica, se quedó mudo -casi mejor así, en este caso-, ante un grupo de música que no había entrado a la conversación por voluntad propia y que le devolvió el golpe con el desdén exacto que merecía la ocurrencia.

La izquierda no necesita que la derecha sea quien le busque las cosquillas cuando tiene ministros dispuestos a hacerlo por puro ego. El fuego amigo de Óscar Puente cada vez que algo se sale del finísimo trazo que pretende dibujar es peligroso, porque muchas veces, esta es una de ellas, su potencia de fuego es inversamente proporcional a su puntería. Un puñetazo bien dado puede noquear al adversario; uno mal dado, te rompe la mano a ti. La izquierda ya tiene bastante trabajo defendiéndose de fuera. Lo último que necesita es aprender a esquivarse a sí misma.

Decir que Larry Ellison es el abuelo de Silicon Valley es algo que seguramente le caerá fatal, incluso llamarle patriarca, aunque lo sea, puede sonarle incómodo, ya que, a pesar de ser un octogenario, practica deportes náuticos, su nueva pareja apenas supera los treinta años y deposita su confianza en el empeño transhumanista de su amigo Peter Thiel. Quizás porque parte de su fortuna proviene de la nube virtual, siente la pulsión de trascendencia. Al menos así lo expresó en una biografía que publicó cuando atravesaba la mediana edad: The Difference Between God and Larry Ellison: God Doesn’t Think He’s Larry Ellison [La diferencia entre Dios y Larry Ellison: Dios no cree ser Larry Ellison]. Mucho más temeraria resulta una aspiración suya que pareciera haber sido gestada en el Olimpo: la fantasía de una sociedad en la que todo esté bajo vigilancia y Oracle (nada inocente el nombre), su empresa, sea quien custodia todos los datos.

Ningún eufemismo para expresar esta ambición: “La policía se comportará de la mejor manera posible porque estaremos vigilando y grabando constantemente todo lo que ocurre. Los ciudadanos se comportarán de la mejor manera posible porque estaremos grabando y denunciando constantemente todo lo que ocurre”.

¿Quién es este tipo que nos quiere espiar a todos desde su propio panóptico virtual?

Decir que es el mejor amigo de Donald Trump no contribuye a calmar esta lectura. Su relación con Tony Blair y Benjamin Netanyahu, tampoco actúa como atenuante.

La vertiginosa carrera de Larry Ellison se remonta a la década de los años setenta con una empresa de software y, años después, creo Oracle, una empresa tecnológica líder en dar servicios en la nube y, específicamente, herramientas de gestión, almacenamiento y análisis de los datos. Como su amigo Steve Jobs, más que inventar Ellison es lo que se conoce como un tweaker, un adaptador, un perfeccionista, con soluciones ingeniosas y un coraje empresarial a prueba de cualquier abismo. Salió con vida de la burbuja puntocom del año 2000 y genera expectación ver si lo logrará esta vez con la inteligencia artificial. La incertidumbre ante una nueva burbuja no es ajena a Trump, cuyo control de esta posible ola es aún mucho más lábil que su dominio sobre el estrecho de Ormuz.

Ni bien asumió su segunda presidencia, Trump recibió a Larry Ellison en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca para anunciar «el mayor proyecto de infraestructura de inteligencia artificial de la historia, con diferencia», según sus palabras, y presentar a su amigo Ellison, al frente del emprendimiento, como “una especie de director ejecutivo de todo; un hombre extraordinario y un empresario extraordinario”. Cuando Trump reitera un adjetivo valorativo, lo prudente es estar alerta.

El proyecto, que han denominado Stargate, implica una inversión de, nada menos, 500.000 millones de dólares (430.000 millones de euros), y participan, entre otros socios, Oracle y Open AI, la empresa de Sam Altman, quienes se comprometen a construir en los próximos cuatro años un conjunto de enormes centros de datos, capaces de producir 10 gigavatios de potencia de datos con un consumo de energía capaz de estresar aún más el extenuado sistema.

Para llegar hasta aquí, como recuerda el Wall Street Journal, o sea, Rupert Murdoch, Ellison donó 45 millones de dólares (38,5 millones de euros) para apoyar la campaña de Trump en 2024 pero, más allá de este aporte, colaboró activamente en el intento de amañar las elecciones de 2020 proponiendo estrategias para invalidar los resultados electorales en Pensilvania y Georgia y todo indica que, desde entonces, el flujo de recursos no se interrumpió.

La relación de Ellison con Tony Blair es un buen banco de pruebas en el que se puede observar su modus operandi.

El Tony Blair Institute [TBI] es un think tank que preside el ex primer ministro británico cuyo fin es trabajar con los líderes mundiales para diseñar políticas públicas y mejorar la gestión gubernamental. Ellison también tiene su propio proyecto altruista, la Larry Ellison Foundation, la cual se ha comprometido a donar al TBI unos 300 millones de euros. Por supuesto, con esta inyección económica no hay en el Reino Unido otro centro de estudios similar con unos 900 empleados y una capacidad de operación sobre 45 países. Gracias a esta colaboración entre organizaciones sin ánimo de lucro, Oracle ha expresado su interés por los historiales médicos del Servicio Nacional de Salud británico (NHS por sus siglas en inglés) ya que sus datos son únicos a nivel poblacional, superiores al sistema estadounidense en profundidad y amplitud cuyo espectro se remonta a 1948. Dijo Ellison: “El NHS cuenta con una cantidad increíble de datos sobre la población pero se encuentran demasiado ‘fragmentados’. Lo primero que debe hacer un país es unificar todos sus datos para que el modelo de IA pueda procesarlos y utilizarlos». The New Statesman denuncia la relación entre la actual administración británica y Oracle a través del lobby ejercido por el TBI como también el hecho de aconsejar sus servicios, en principio gratuitos, a diferentes gobiernos, los cuales después comienzan a cobrarse generando una previsible carga de deuda.

Nada nuevo bajo el sol pero sí puede que lo sea –y por eso la atenta mirada del tycoon Murdoch desde el Wall Street Jornal– la inusual y meteórica escalada en los medios de Ellison a través de su hijo David para configurar un mega polo de propaganda oficial.

Las fusiones mediáticas más importantes de los últimos tiempos han sido puestas en marcha por los Ellison con el total respaldo de la Casa Blanca. El primer paso lo dio David al fusionar su empresa Skydance con Paramount, un hito ya que esta última es la propietaria de la CBS News. La medida inicial fue reestructurar la cadena implosionando el emblemático programa de noticias 60 Minutes de la mano de una nueva productora, Bari Weiss, una periodista famosa por su cruzada contra la cultura woke y que aquí ejerce como comisaria política de la Casa Blanca. A partir de aquí, tanto el presidente como el Departamento de Justicia han dado luz verde para el gran golpe: la fusión de Paramount Skydance con Warner Bros. Discovery. ¿Quién puede dar más?

Se estima que si los Ellison concretan este proyecto su control sobre los datos de los medios de comunicación la proyección de su poder sería similar a los de la familia Vanderbilt cuando fueron dueños de los ferrocarriles de Estados Unidos y los Rockefeller, propietarios de la Standard Oil. Aunque si se tiene en cuenta el control que ya poseen sobre TikTok y la influencia sobre la IA, no hay parangón. [Digresión mínima: el último número de Mongolia da un exhaustivo panorama de los medios españoles y del sur de Europa colonizados por la extrema derecha].

Aunque Ellison se autoperciba como un dios o por prudencia le deje la silla a Trump y se limite a los servicios del oráculo, no siempre son precisas sus profecías. Se sabe que los avances de la IA están ligados a la generación de cantidades sin precedentes de potencia de cálculo para procesar volúmenes de datos también sin precedentes. El objetivo es mesiánico: alcanzar el desarrollo de la inteligencia artificial general (IAG), es decir, igualar o superar el pensamiento humano en cualquier tarea. Mientras ese día llega hay que proveer de más centros de datos y obtener más capital. Ocurre que los inversores comienzan a preguntarse si el gasto es sostenible: frente a la inyección de miles y miles de millones solo retornan decenas. ¿Cuándo volverán los billones de dólares?

Ha pasado un largo año desde que Trump presentara al “hombre extraordinario” y al “empresario extraordinario”. Oracle ha tensado al máximo su margen de crédito, los tipos de interés han escalado y su calificación crediticia ha sido rebajada a un nivel apenas por encima de la categoría de «basura». El patrimonio de Ellison ha mermado unos 170.000 millones de euros con respecto al año anterior, cuando en la lista de billonarios Forbes 400 era el número dos. Mal año de momento. Aunque puede ser peor porque su hijo David ha tenido que contener el impulso de adquirir Warner Bros. Discovery ante la demanda presentada por un grupo de fiscales generales estatales en contra de la fusión (y, además, Larry sin suelto en los bolsillos).

El proyecto de desarrollo de la inteligencia artificial de Ellison y Sam Altman, como ya se dijo, se denomina Stargate. El nombre proviene de una película menor de ciencia ficción en la que un pasadizo conecta dos puntos alejados en espacio y tiempo. En este caso se supone que vincula a la humanidad desde la era postindustrial a la de la inteligencia artificial. La idea surge del puente de Einstein-Rose, una estructura que ambos científicos idearon al buscar soluciones para las ecuaciones de la relatividad general. Popularmente a este puente se le conoce como un agujero de gusano, ya que al atravesar la manzana a través de un túnel se ahorra el paseo de rodearla. Algo similar a lo que intentan en la actual administración estadounidense en connivencia con los empresarios tecnofeudales. Para evitar el camino que indican las instituciones, las horadan. Como gusanos.

¿Se imaginan qué habrían pensado si un gobierno del PP o del PP y Vox hubiese dejado durante tres semanas a miles de personas malviviendo en una playa de Ceuta? Es de suponer que los partidos de izquierdas hubieran alzado la voz y criticado con vehemencia unas imágenes como las que hemos visto este agosto. La deshumanización en forma de chabolas improvisadas en la playa, con niños y niñas durmiendo donde podían o les dejaban.

El Gobierno no ha estado a la altura en Ceuta. La instalación de unas primeras carpas para atender a migrantes, 21 días después de que llegasen, prueba algo evidente y es que no basta con fotos de ministros reunidos con el presidente o un desfile de visitas a Ceuta para hacer unas declaraciones que aclaraban poco o nada. Durante muchos días su único propósito, a la hora de trasladar los mensajes en público, fue la de negar la evidencia, la de una ciudad desbordada.

Para empezar, aún no está claro por qué llegaron tantos miles de migrantes y, a falta de explicaciones convincentes, hemos deducido que la prioridad del Ejecutivo fue desde un principio evitar un conflicto mayor con Marruecos para así garantizarse su colaboración. Desde el cambio de estrategia, por no llamarle abandono, con el Sáhara, ese ha sido siempre el propósito del Gobierno y ni con el sospechoso espionaje con el software Pegasus al presidente y algunos ministros se cambió de opinión.

Todavía hoy no existe un cálculo oficial sobre la cantidad de migrantes que deambulan por Ceuta. El Gobierno de la ciudad habla de unos 10.000, una cifra que el Ejecutivo central sitúa en la mitad. Sean 10.000 o 5.000, si esto no es una crisis humanitaria, ya me dirán qué lo es.

Lo ha sido desde que llegaron y por eso el primer día debería haberse actuado. Pero no se hizo y tampoco sabemos por qué. Ahora parece que el Ejecutivo ha empezado a reaccionar de verdad, probablemente porque es consciente que la normalidad que prometió no ha llegado y, además, va para largo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha instalado estos días en la ciudad para estar presente durante la operación para intentar desalojar la playa del Trampolín y trasladar a las personas que ahí malvivían a las carpas provisionales que se han instalado. Cama e higiene, es lo mínimo tras tantas jornadas.

Hay que felicitarse también por el plan para trasladar a 500 niñas a la península. Ellas son las más vulnerables entre los vulnerables. Unos voluntarios tuvieron que montar guardia de noche para protegerlas y vecinos del barrio del Príncipe improvisaron un refugio para resguardarlas. Médicos, también voluntarios, las atendieron. Eso ha pasado estos días en la España del 2026, la Europa del 2026.

¿Y qué hubiese hecho Alberto Núñez Feijóo si hubiese tenido que gestionar esta crisis? Si fuese verdad lo que le hemos escuchado habría incumplido la ley, algo que es irresponsable y delictivo. Porque su propuesta es una deportación masiva, sin tener en cuenta ni la situación personal de cada migrante, por ejemplo, si tiene derecho a asilo, ni tampoco la edad. Le gustase más o menos, si algún día llega a presidente tendrá el “deber”, por ley, de garantizar la protección de los menores migrantes. Lo saben bien sus presidentes autonómicos e incluso los consejeros de Vox que han metido en sus gobiernos. Y si no, se lo recuerda la Fiscalía de Menores, cuya labor es especialmente destacable.

El discurso de Feijóo y el de Vox en este ámbito, como en tantos otros, es cada vez más indistinguible, algo que más allá de tácticas electorales, teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanos que apoyan sus recetas racistas, nos convierten en una sociedad más insensible y moralmente más cuestionable.

La puesta en escena de Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, diciendo que todas las personas migrantes que permanecen en Ceuta -incluida la infancia en movimiento -deben ser retornadas a Marruecos, nos deja un regusto a crisis de las democracias europeas que da un poco de susto. Por eso deberíamos mantenernos alerta, porque en la batalla contra los derechos de las personas migrantes no está en riesgo solo sus derechos, sino también la efectividad del Estado de Derecho que protege a toda la ciudadanía europea y la credibilidad de nuestras instituciones en defensa de los Derechos Humanos.

He estudiado el nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migraciones y sé que es un mecanismo diseñado fundamentalmente para reducir al máximo la llegada de personas migrantes a nuestras fronteras y para que el retorno sea lo más efectivo y rápido posible. No me engaño con esta Europa que busca un equilibrio imposible con las fuerzas de ultraderecha, que han hecho de las personas migrantes su señuelo para captar votos y su excusa para recortar derechos de sus nacionales y erosionar su democracia. Sin embargo, confiaba en que las instituciones europeas protegerían a la infancia y su posición reforzada, al menos, en la misma medida que lo hace la ley para garantizar y proteger sus derechos.

Es un hecho que en Europa convivimos con fuerzas políticas que amenazan las diversas democracias que la componen e incluso la propia composición de su unión política y económica. Por eso, debemos ser extraordinariamente responsables y firmes en la defensa de los valores que nos son propios y que robustecen nuestro sistema democrático. Ese rigor debe hacerse efectivo, también, en las formas de comunicación pública. Es imperativo evitar situaciones de desinformación como la vivida, en las que nuestros responsables institucionales y políticos presenta como posible, ante la ciudadanía, un espacio de no derechos para la infancia vulnerable, más propio de regímenes autoritarios que de democracias liberales.

Frente a la insistencia del ejecutivo comunitario europeo y de diversos representantes políticos de nuestro país de que todas las personas menores de edad tienen que ser retornadas, debemos enarbolar la ley: las repatriaciones de la infancia migrante no pueden ser ni masivas, ni colectivas, ni rápidas, ni automáticas, y han de estar supeditadas siempre al interés de la niña, niño o adolescente.

Así lo exige el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería -interés del menor, audiencia, informes preceptivos y garantía de reagrupación familiar o puesta a disposición de servicios de protección-. En similares términos se expresa la Directiva Europea de Retorno. Y el nuevo Reglamento Europeo -aún pendiente de entrada en vigor- mucho más cruel y duro que la directiva que derogará también mantiene y exige la evaluación individual, las garantías procesales y, siempre, valoración del interés superior del menor.

Varias resoluciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo así lo corroboran. Entre ellas, la sentencia que declaró ilegales las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos en 2021 por la “absoluta inobservancia” del procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que exige actuación individualizada, audiencia del menor e intervención del Ministerio Fiscal.

No hay la más mínima señal jurídica a favor del retorno propuesto por algunos de nuestros representantes políticos que, con sus declaraciones, se sitúan en la órbita del negacionismo de los derechos de la infancia en movimiento. Hasta el punto de que sus irresponsables planteamientos pueden estar incitando a la repetición de acciones que ya han sido calificadas como delito, como acredita la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación administrativa en las repatriaciones de 2021, en las que el tribunal consideró probado que actuaron “a sabiendas de su injusticia”, sin seguir procedimiento legal alguno, ignorando las advertencias internas de la jefa del Área de Menores, que manifestó su “absoluta discrepancia” porque resultaba imposible la devolución sin sujeción a la Ley de Extranjería, a la legislación de menores y a la Convención de Derechos del Niño.

Parecía existir un consenso, que podría ser clasificado de universal, en torno a la idea de proteger de forma reforzada los derechos de la infancia. Sin embargo, hoy esta máxima está en riesgo. La facilidad con la que la ciudadanía valida la disminución de las garantías en la protección de las niñas, niños y adolescencia migrante bien puede ponerse en relación con un marco de creciente insensibilidad global, propiciado por el influjo de una Comunidad Internacional que, impasible ante los crímenes de guerra contra la infancia gazatí, permite que el genocidio siga su curso. Y así, recibimos el impacto de cientos de imágenes que miramos desde nuestros teléfonos móviles -bebés asesinados, niñas y niños amputados o disparados a bocajarro- que dispara nuestra tolerancia a la barbarie y, con ella, a la normalización de la reducción de los estándares de garantías de los derechos de una infancia abandonada.

La ciudadanía está en riesgo de no percibir -hasta que le toque cerca y ya sea demasiado tarde- que cuando la infancia deja de ser un concepto universal y se divide en categorías, caen los derechos de una infancia detrás de otra. Surge con ello la idea de infancias prescindibles o infancias parcialmente protegidas que rompen el consenso internacional de que todas las infancias se defienden siempre, frente a cualquiera y en toda circunstancia.

Quienes nos reconocemos en el humanismo jurídico llevamos meses advirtiendo que las democracias liberales desaparecerán al mismo tiempo que lo haga el último superviviente del genocidio palestino.

Pero aún no todo está perdido. Hoy, en Europa y en España, frente a la frivolidad de quienes señalan a la infancia migrante con el frío de una Europa que, de momento, no existe, resiste la civilizada ternura del Estado de Derecho Europeo, que no permite que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en movimiento se congelen a la intemperie de nuestras fronteras.

Quedarse en agosto de vacaciones en Madrid, como me ha pasado en los últimos años, sigue siendo un mal plan. También lo es en otras grandes ciudades de España y de Europa. El calor sofocante sin tregua con poco árbol y poca agua, los cierres del comercio, la limitación de los servicios y el vacío un poco inquietante no se ven compensados por la ausencia de atascos, el desahogo de los sitios abiertos y los minutos –desde luego, emocionantes– del eclipse al 99,9%. Pero nada de eso es lo que más destaca.

Pasear, o intentarlo, es ver a más personas dormitando en medio del calor extremo en un banco desconchado o entre cartones en una esquina donde a lo mejor hay algo de corriente. Es ver a más mujeres mayores solas, o las más afortunadas, acompañadas por una cuidadora, renqueando en medio del polvo de las obras o sentadas en un Corte Inglés de oportunidades durante horas buscando aire acondicionado o un poco de conversación.

Madrid en agosto es, sobre todo, pobreza y soledad. No son males estacionales, pero de un lado son más evidentes y del otro están agravados por la falta de servicios y el calor extremo que todo lo empeora. Puede que simplemente mirar para otro lado sea más difícil en agosto que en septiembre entre el bullicio del nuevo curso.

Las personas sin hogar y con menos opciones de refugio o de ayuda, sobre todo de voluntarios y asociaciones cívicas, merodean por calles vaciadas por los locales cerrados y el calor insoportable. Desde luego, no es algo que pase solo en Madrid. Es una escena común en ciudades europeas de todos los tamaños.

En Oxford, ciudad universitaria sin estudiantes hasta octubre y calor también extraordinario este verano, hay más personas sentadas en la acera pidiendo unas monedas o intentando dormir. En el caso británico, se añade el alcohol que degenera en tensión y peleas.

Uno de los primeros propósitos de Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, es acabar con la crisis que lleva a miles de personas a dormir en la calle. Se ha puesto como objetivo que no haya nadie durmiendo en Inglaterra en la calle para Navidad. Él mismo reconoce que el Gobierno no tiene recursos suficientes para hacerlo solo y que los problemas subrayacentes son complejos. Las causas requieren muchos años de esfuerzo, para entender y paliar la indigencia, la soledad y el abuso de drogas y alcohol. En Manchester, cuando Burnham era alcalde, consiguió reducir el número de personas que dormían en la calle, pero luego la cifra volvió a subir hasta niveles parecidos a cuando llegó. Lo pone como una cuestión incluso de identidad frente a la indiferencia habitual: “Esto no es lo que no somos, esto no es lo que debemos ser, nadie debe dormir en las calles británicas”, dijo Burnham esta semana.

Es, sin duda, difícil y hay muchas dudas de que Burnham vaya a lograr tan siquiera acercarse a ese objetivo ambicioso, pero que un primer ministro lo presente como prioridad nacional nada más llegar es una buena noticia de la que podríamos aprender en España. Para que cuando llegue septiembre no dejemos de mirar.

Durante estos días de agosto he leído con mucho interés y empatía noticias y artículos que han reclamado más piscinas públicas como gran estrategia de adaptación climática. En el texto La metrópoli de las piscinas, el economista y geógrafo Oriol Estela reivindica que las piscinas sean consideradas como una infraestructura verde, azul y social de proximidad y que sean una política pública prioritaria. El problema, explica el artículo, es que en muchas áreas metropolitanas de España no hay suficientes piscinas públicas y las que hay están distribuidas de manera muy desigual.

En cambio, han proliferado masivamente las piscinas privadas, acentuando la desigualdad social ante el cambio climático respecto aquellas personas que no pueden disponer de piscina privada o que no pueden acceder a las públicas porque los precios son demasiado altos. La periodista Elena Parreño denunciaba en un reportaje en Crític que determinados municipios catalanes han establecido precios desorbitadamente elevados para personas no empadronadas en el municipio.

El antropólogo José Mansilla respondía con su artículo Las piscinas municipales son palacios del pueblo, reivindicando el carácter popular y asequible para todo el mundo que deberían tener estos espacios.

He leído estos artículos con mucho interés, no solo porque comparto sus planteamientos, sino porque lo he podido hacer desde una ciudad donde las piscinas de verano son hoy una prioridad de las políticas públicas. Viena, referente por sus políticas de vivienda, ha situado también las piscinas y baños públicos como una infraestructura pública de primer nivel para hacer frente a las olas de calor que sufre cada verano.

Los gobiernos socialdemócratas de Viena dieron al acceso al agua y al ocio casi la misma imortancia que a la vivienda y los entendieron como un derecho y una nueva infraestructura social

Si bien Viena tenía una tradición de baños vinculados a la higiene desde el siglo XIX, fue durante el periodo de Viena la Roja (1919-1934) cuando estas instalaciones adquirieron una nueva dimensión. Los gobiernos socialdemócratas dieron al acceso al agua y al ocio casi la misma importancia que a la vivienda y los entendieron como un derecho y una nueva infraestructura social.

Se construyeron 6 grandes baños de verano (Sommerbad), 21 piscinas infantiles y familiares (Kinderfreibäder) y varias instalaciones de higiene, a la vez que se ampliaron espacios de baño en el Danubio. Lo más valioso es la consolidación de un modelo que ha permitido ampliar progresivamente la red de piscinas públicas hasta llegar prácticamente todos los distritos.

Durante nuestra estancia en Viena (ha sido un viaje familiar) hemos podido superar los días de calor extremo (cerca de 40 °C) visitando y disfrutando de cuatro de los recintos mencionados. En todos el patrón se repite. Grandes espacios con varias piscinas o playas, extensas áreas de campo con sombra natural gracias a grandes árboles, amplias instalaciones deportivas, generosas áreas de vestuarios y servicios de restauración. Verdaderos refugios climáticos, “palacios del pueblo” como reivindica Mansilla.

Os preguntaréis por los precios. Entrada de adulto 8,10 euros, joven (15-18 años) 4,60, niños 2,80, y menores de 6 años gratuito. Los precios se reducen en la mitad si solo vas por la tarde. Nosotros, que somos cuatro (dos adultos, un adolescente y un niño), hemos pagado alrededor de 24 euros para acceder y pasar el día. Los abonos mensuales oscilan entre los 48 euros para adultos y los 16 para niños. Ah, muy importante: los abonos permiten acceder a cualquier instalación de la red municipal, reforzando su carácter universal.

Cómo podéis imaginar, había mucha gente. Y gran diversidad social en todas las piscinas, independientemente de su ubicación. Gente mayor, familias con niños, grupos de adolescentes y jóvenes, personas de origen y culturas diversas. No percibimos segregación social en ninguna. Al contrario, vimos un nivel de convivencia excelente y emocionante. ¡Todo el mundo deja sus pertenencias sin vigilancia cuando va a bañarse! Incluso nos han tolerado a nosotros como turistas intrusos.

Hemos disfrutado mucho de las piscinas y playas públicas de Viena, pero también tengo que decir que la comparación con nuestra realidad, en nuestro caso la ciudad de Terrassa (Barcelona), nos ha dejado un regusto amargo. El ejemplo de Viena demuestra que no solo necesitamos más piscinas, sino recuperar y reforzar la idea de piscina pública como infraestructura climática y social y como derecho urbano.

Con el calor extremo convertido ya en una condición recurrente de nuestros veranos, garantizar que todo el mundo pueda bañarse, refrescarse y encontrar un lugar confortable en la ciudad no tendría que depender de tener una piscina privada, de poder pagar precios elevados o de vivir en el municipio adecuado. La pregunta ya no tendría que ser solo cuántas piscinas tiene nuestra ciudad, sino quién puede bañarse, dónde, a qué precio y en qué condiciones.

Corría mayo de 2019 cuando la entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorría Galapagar junto al periodista Cake Minuesa para denunciar la hipocresía de Pablo Iglesias e Irene Montero. “El Partido Popular tiene un modelo de gestión que es tan exitoso que luego es el que todos en la izquierda eligen para sus hijos a la hora de vivir”, decía entonces paseando por las calles de la localidad.

La justificación para aquel escrutinio era precisamente la hipocresía de Iglesias y Montero entre su estilo de vida y su discurso. Y la hipocresía es perfectamente criticable. Otra cosa es utilizarla como coartada para traspasar todos los límites acosando a las trabajadoras que cuidaban de sus hijos, difundiendo fotografías de los menores saliendo del colegio y teniendo durante meses a activistas de ultraderecha apostados a las puertas de la casa, algunos denunciados incluso por grabar hacia el interior de la vivienda.

El miércoles escribía Miguel Ángel Rodríguez lo siguiente: “¿Hay interés periodístico en publicar dónde reside la presidenta Díaz Ayuso (salvo que se hubiera alquilado una sauna de prostitución del padre de Begoña)? La presidenta nunca ha vivido en un ático. Es la primera vez que veo que se persigue dónde vive un político... Increíble”. No solo existen incontables referencias al “casoplón” de Iglesias y Montero o a los “marqueses de Galapagar”, muchas procedentes del mismo Miguel Ángel Rodríguez en estado de gracia. Incluso llegó a decir que la casa se compró con dinero que les puso Venezuela en un paraíso fiscal. Es que las casas, alquileres, hipotecas y patrimonio inmobiliario de los políticos llevan años formando parte de la conversación pública. Se ha hablado de la vivienda de Gabriel Rufián, de Mónica García, de Tania Sánchez, de Manuela Carmena, de ministros, expresidentes y presidentes. Galapagar demuestra hasta qué punto de hostigamiento puede llegar ese interés cuando se considera que la vivienda revela una contradicción entre lo que un político predica y cómo vive.

La hipocresía, que siempre es criticable (yo misma he criticado en una columna la hipocresía de algunos políticos de izquierdas de defender la educación pública y llevar a sus hijos a centros privados), funciona como un perfecto búmeran. Si decides convertir la incoherencia ajena entre discurso y conducta en una categoría política, tienes que estar dispuesto a que esa misma vara de medir se utilice contigo. Y, siguiendo precisamente el criterio que Ayuso y su entorno aplicaron a Iglesias y Montero, hay muchos motivos para hablar de las contradicciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha hecho de vivir de alquiler y de las dificultades para comprarse una vivienda parte de su propio relato personal, mientras una empresa pública dependiente de la Comunidad que preside le compraba por 6,3 millones de euros un ático con fines cambiantes, coincidiendo en el tiempo con la venta del ático en el que vivía con su pareja y con su mudanza a otra urbanización de lujo. Pero podríamos continuar por el hecho de que también resulta paradójico construir buena parte de un discurso político alrededor de la meritocracia, el esfuerzo individual y la crítica a quienes viven de lo público cuando has desarrollado prácticamente toda tu carrera profesional dentro de la política y, al mismo tiempo, te niegas a hacer público tu expediente académico.

El límite siempre debería haber estado en denunciar las contradicciones políticas sin involucrar a menores y sin llegar al acoso personal. Pero después de años convirtiendo el domicilio de dos políticos en destino de peregrinación ultra, hace falta un cuajo considerable para estrenar ahora una defensa solemne de la intimidad.

Roma no se hizo en un día, dice el dicho. La mayoría de las cosas llevan su tiempo.

Casi siempre asociamos esta idea a lo que queremos conseguir, pero funciona igual de bien en la dirección contraria: degenerar hasta convertirse en una mala persona o en un capullo integral tampoco es fácil. Hay que perfeccionar el arte de ser un imbécil y eso no se improvisa. Así que cuando uno se cruza en la vida con una canallada puede estar seguro de que no es casualidad, ni mucho menos la primera vez. Quien la comete se lo ha currado: lleva mucho tiempo empeñado en perfeccionar el oficio.

Si esto ocurre con las personas, con las organizaciones, todavía más. Como sabemos bien en este país, convertir un estado corrupto y autoritario en otro democrático cuesta una cantidad ingente de tiempo, trabajo y determinación. Hay que cambiar la cultura, la forma de hacer, los procesos, los incentivos y hasta a las personas para dejar de perpetuar un paradigma basado en la obediencia y el silencio y adoptar otro basado en la legalidad y la transparencia. No es nada fácil que un montón de funcionarios cambien de forma de hacer.

Lo bueno es que, una vez conseguido, las inercias funcionan en el sentido opuesto. Es imposible conseguir que un montón de funcionarios se corrompan y empiecen a actuar como si estuviéramos en un país bananero de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo y un cambio en la cultura de una administración que la gente, que en su mayoría quiere hacer las cosas lo mejor posible, termine por prestarse a prácticas que podrían ser constitutivas de un delito. Así que cuando observamos que en una institución se producen casos que son claramente una desviación de la naturaleza de un Estado de Derecho, podemos dar por seguro que ni son los primeros, ni son los únicos.

Algo así es lo que revela el caso del ático de Ayuso. Más allá de una gestión política muy torpe, lo que deja entrever es un ecosistema entero de empleados públicos tramitando operaciones que, si no son delito, se le parecen mucho. Comprar un inmueble sin un informe que acredite que puede destinarse a un uso administrativo, hacerlo sin un estudio de mercado previo y sin que la operación figurara en el presupuesto ni en el portal de transparencia parecen algunas de las cosas que alguien hizo sin atenerse a una ley y solo porque alguien lo ordenó desde arriba.

Pero mucho más revelador de esta cultura que parece haberse adueñado de la Comunidad de Madrid resulta la contratación de la diseñadora de interiores Alejandra Pombo para realizar unas obras en la sede de la Comunidad de Madrid que Ayuso puso como excusa para adquirir el ático en un primer momento.

Se trata de un expediente de licitación bajo el título “Diseño, redacción del proyecto de decoración interior y dirección facultativa para obras de adecuación de espacios institucionales de la Real Casa de Correos, plaza de la Puerta del Sol 7 de Madrid”, que asciende a unos 49.000 euros más IVA, que la Comunidad de Madrid inició en el mes de junio –meses después de comprar el ático, por cierto– y que publicó el 7 de agosto, días después de que estallara el caso del ático.

Por su objeto y su cuantía, debería tratarse de un expediente de los más habituales, de los que la administración licita todos los días en alguno de los miles de inmuebles que pertenecen al estado, desde el arreglo de un colegio a la modificación de unas oficinas. El objeto del contrato, según reconoce el propio expediente, es la contratación de los servicios de redacción un “proyecto básico” de arquitectura y un “proyecto de ejecución”, los documentos necesarios para realizar obras en cualquier ciudad de España.

Si hubiera sido así, habría salido a concurso público, al que se hubieran podido presentar miles de estudios de arquitectura, que hubieran hecho propuestas distintas en función de las especificaciones que hubiera dado la administración para este trabajo concreto.

Pues no.

Para poder adjudicar este expediente a dedo a Alejandra Pombo, en la Comunidad de Madrid han hecho una pirueta imposible, por no decir otra cosa. En lugar de considerar que es un proyecto de arquitectura, a pesar de que esos son los servicios que solicitan y hasta el precio se determina como un porcentaje del coste previsto de la obra, los gestores del expediente han considerado que este encargo es una “obra de arte” que solo se puede encomendar a una artista en concreto, que por tanto no puede salir a concurso público como hacen todos los expedientes de reforma de otros inmuebles, y que solo puede realizarlo la señora Pombo, que es una artista.

Para llegar a esa conclusión, el expediente ni siquiera determina exactamente el alcance de los trabajos, de manera que a esta hora no sabemos si lo que van a hacer es cambiar cuatro sillones o reformar toda una planta, pese a que lo que sí hay es un presupuesto para la intervención que asciende a 1,6 millones de euros. Y la única motivación que ofrece para todo esto es que las estancias deben encontrarse “a la altura de la estética exigida por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local”.

Como sabe cualquiera que haya trabajado de un lado o del otro de la contratación pública, esto son una serie de barbaridades que nunca debieron pasar el filtro de la intervención general de la comunidad, ni del resto de responsables del expediente. Más allá de su calificación jurídica, este episodio revela la calidad de la estructura administrativa que tiene detrás, y no son buenas señales.

Cuando uno se da de bruces con una canallada como esta, es difícil que sea la primera o que sea la única. Y da la sensación de que en esta parte de la administración los procedimientos que velan por la integridad del Estado de Derecho flojean, si no brillan por su ausencia. Algo huele a podrido en la Comunidad de Madrid.

Cuando un niño (o una niña) víctima de trata, de una desaparición o de una adopción ilegal es localizado, solemos pensar que la historia ha terminado bien. Ha sido encontrado y está a salvo. Pero ese rescate no siempre resuelve la pregunta más básica: ¿quién es ese niño?

Puede no llevar documentación, tener una identidad falsa o haber sido separado de su familia cuando era demasiado pequeño para recordar su nombre, su lugar de origen o el rostro de sus padres. También puede ocurrir que los documentos que lo acompañan hayan sido manipulados para ocultar su procedencia. En esas circunstancias, ponerlo a salvo es imprescindible, pero no suficiente. Un niño no recupera plenamente sus derechos hasta que no recupera también su identidad.

Lo he comprobado durante muchas décadas trabajando en genética forense. En 2004, creé e impulsé DNA-ProKids para aplicar el ADN a la identificación de menores desaparecidos, víctimas de trata o separados de sus familias. La iniciativa nació de una convicción. Para mí era evidente. Cuando los documentos faltan, han sido falsificados o nunca existieron, la genética puede aportar la evidencia necesaria para reconstruir un vínculo familiar.

Desde entonces, DNA-ProKids ha realizado miles de análisis genéticos en 16 países, que han permitido identificar a más de 4.100 menores y han contribuido a impedir más de 300 adopciones ilegales. Buena parte de este trabajo se ha desarrollado en Asia y América Latina, donde la permeabilidad entre fronteras, la fragilidad de algunos registros civiles, la existencia de organizaciones criminales y las redes de adopciones irregulares hacen especialmente difícil seguir el rastro de un niño.

En estos casos, el reto no consiste únicamente en localizar al menor, sino en devolverlo a su familia que puede estar buscándolo desde otro territorio. La genética forense hace posible el análisis de muestras de menores sin identidad fiable y de familiares que buscan a un menor y ayuda a comparar esos perfiles para establecer posibles relaciones biológicas. No sustituye a la investigación policial o judicial. Aporta una prueba capaz de unir dos historias que, de otro modo, podrían no encontrarse nunca.

Cada coincidencia genética demuestra que identificar a un menor no es un trámite administrativo que pueda posponerse, sino una parte esencial de la protección de ese menor. Sin una identidad fiable, puede permanecer durante años bajo tutela institucional, crecer con un nombre que no es el suyo y perder el acceso a su nacionalidad, a sus vínculos familiares y a otros derechos que dependen de poder demostrar quién es.

En muchos procedimientos seguimos confiando demasiado en los documentos. Sin embargo, pueden perderse, falsificarse o ser sustituidos. Una partida de nacimiento puede manipularse muy fácilmente. Una identidad puede inventarse. El ADN, en cambio, permite establecer vínculos biológicos incluso cuando todo lo demás ha desaparecido.

La tecnología existe y, como he relatado, lleva años demostrando su utilidad. El verdadero desafío es político, institucional y operativo. Es el momento de cambiar esta situación y, en mi opinión, estos son los principales retos que debemos superar.

En primer lugar, los sistemas de protección de la infancia, las fuerzas de seguridad, la justicia y los servicios forenses no siempre trabajan con protocolos compatibles. A veces se toma una muestra genética a una familia que busca a un niño, pero nunca se cruza con la obtenida de un menor localizado en otro territorio. En otros casos, el análisis de ADN solo se contempla cuando existe una investigación penal avanzada y no desde el primer momento como herramienta de protección. Así, podemos tener a una madre que lleva años buscando a su hijo y a un menor bajo tutela en otro país sin que ambos sistemas lleguen nunca a encontrarse.

En segundo lugar, necesitamos incorporar la identificación de manera sistemática a la respuesta frente a la trata, las desapariciones infantiles y las adopciones ilegales. No como una medida excepcional, sino como parte de los protocolos ordinarios cuando no exista una identidad fiable o haya dudas fundadas sobre la filiación.

Además, las muestras deben obtenerse con garantías legales, éticas y de protección de datos, y utilizarse únicamente para identificar, proteger y reunir familias. También necesitamos potenciar mecanismos seguros de cooperación internacional, porque la trata y las desapariciones no respetan fronteras y la identificación no puede quedar encerrada dentro de ellas.

Asimismo, es fundamental intervenir con rapidez. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta reconstruir una historia familiar, localizar a los parientes y evitar que una identidad falsa se consolide. La identificación debe comenzar al mismo tiempo que la protección física y psicológica.

La identificación genética tampoco completa por sí sola una reunificación. El ADN puede abrir la puerta, pero hacen falta profesionales que verifiquen el contexto, evalúen la seguridad del retorno y acompañen a las personas implicadas. La ciencia aporta evidencia; las instituciones deben convertirla en una restitución real de derechos.

Durante años, la lucha contra la trata se ha concentrado, con razón, en rescatar a las víctimas y perseguir a las redes criminales. Pero debemos ampliar esa mirada. Un niño no deja de ser víctima al salir del lugar donde era explotado. Si desconoce quién es, no puede demostrar de dónde procede o sigue separado de quienes lo buscan, el daño continúa.

Rescatar a un niño es salvarlo del peligro inmediato. Identificarlo es devolverle su historia, sus vínculos y una parte esencial de su futuro. Por eso, cuando un menor es localizado, la pregunta no debería ser solo si está a salvo. También debemos preguntarnos si sabemos quién es y si estamos haciendo todo lo posible para devolverlo a su familia. Hasta entonces, el rescate seguirá siendo únicamente el primer paso. Y eso no basta.

“Miles de invasores siguen en las calles de Ceuta”. “Miles de magrebíes y subsaharianos siguen en las calles de Ceuta”. “Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta”. “Miles de personas migrantes siguen en las calles de Ceuta”. “Miles de personas siguen en las calles de Ceuta”. “Miles de personas, muchas de ellas vulnerables y menores, siguen en las calles de Ceuta”.

Parafraseando el verso mil veces parafraseado de Juan Ramón Jiménez: intelijencia, dame el nombre exacto de las gentes que malviven en Ceuta desde hace semanas. Todas las denominaciones del párrafo anterior se han pronunciado en los últimos días. Las palabras nunca son inocentes, y según cuál elijas, cambia radicalmente la percepción, y también las consecuencias y las responsabilidades. No es lo mismo si los vemos como invasores (atacantes que deben ser repelidos, con violencia si hace falta), como magrebíes y subsaharianos genéricos o migrantes aún más genéricos (una masa amorfa y zombi, que puede ser tratada a bulto), o si hablamos de personas (sujetos de derechos, individualizables).

Lo mismo con los menores: no pediremos la misma atención si los vemos como niñas, niños y adolescentes, que si los llamamos fríamente “menores no acompañados”, que es un término administrativo. Y no digamos si nos referimos a ellos como “menas”. Cada denominación justificará o hará inaceptable unas medidas u otras: su traslado a la península, su atención y protección, o su expulsión sin miramientos.

El nombre importa, siempre. No se siente la misma vergüenza si los abandonados durante semanas en una playa, en el monte o en la calle, son invasores (y además violadores, delincuentes en potencia y transmisores de enfermedades), que si se trata de personas, tan personas como cualquiera de nosotros, y que, por tanto, deberían haber sido atendidas por el gobierno mucho antes. Incluso si nuestra opción preferente es que vuelvan todos a Marruecos, no los expulsaremos igual si los vemos como carne de cañón de disputas geopolíticas, que si los consideramos personas con derechos y dignidad.

El endurecimiento del discurso y de las políticas migratorias en toda Europa, que va más allá de la ultraderecha, no sería tan fácil si no fuese acompañado de una progresiva deshumanización de las personas migrantes. Empezando por la forma de referirnos a ellas, poniendo distancia, dejando de verlos como iguales, negándoles humanidad o directamente odiándolos. Ha sucedido a lo largo de la historia con cualquier colectivo al que se quisiera oprimir, negar derechos o incluso exterminar: primero había que negarles la condición humana.

Frente a la deshumanización, que no es solo nominal pero también es nominal, peleemos por humanizarlos, por rehumanizarlos, empezando por el lenguaje.

Voy a ponerme exquisita, porque una dama no habla ni de su edad ni de su cuenta corriente. Claro que si te lo preguntan a bocajarro y sin posibilidad de decir que no, so pena de bloqueo, entonces enseñas hasta tu partida de nacimiento -y no en el sentido figurado-. Y hasta aquí hemos llegado con el nuevo marco digital de la Unión Europea (UE), tanto el aprobado como el pendiente de aprobar. Recordemos que el Parlamento Europeo ha rechazado en varias ocasiones la propuesta de la Comisión Europea sobre el control total online de las comunicaciones privadas bajo la loable intención de prevenir el abuso sexual de menores.

En concreto, el pleno de abril insistió en que “las medidas voluntarias de control deben seguir siendo proporcionadas y específicas, y que no deben aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo”. Y que “no debe permitirse el escaneo de los datos de tráfico junto con los datos de contenido”, excepto cuando ya haya sido identificado o señalado como sospechoso un usuario. Porque lo contrario sería que todas nuestras comunicaciones privadas de voz, escritas, fotos y vídeos estarían expuestas al control de las plataformas digitales bajo supervisión -espero- estatal -“1984”-.

Y, ante la imposibilidad de aprobar el nuevo Reglamento para la protección de los menores online -Chat Control 2.0-, cuya primera versión se ha prorrogado -Chat Control 1.0-, la UE anunció una “app” que obligará a los usuarios a identificarse probando la edad con la verificación de sus documentos oficiales de identidad. Pese a que está dirigido a los menores, cualquier adulto que pretenda acceder a sus redes o canales de mensajería también tendrá que identificarse. Por supuesto, nos preguntarán: ¿Cuántos años tienes?. Es decir, que si queremos acceder a alguna red social o aplicación determinada, debemos identificarnos.

En principio, lo que puede ser voluntario y parcial, puede llegar a ser obligatorio y total. Estamos en camino y algunos Estados miembros ya lo están aprobando ante la imposibilidad de un consenso en Bruselas. De momento están en ese proceso Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Eslovenia y España.

Pero la siguiente propuesta de la Unión es la más interesante: la EUID Wallet (European Digital Identity Wallet). Es una aplicación móvil oficial de la UE que permitirá a ciudadanos y empresas almacenar de forma segura documentos digitales (DNI, carné de conducir, títulos académicos) y firmar contratos electrónicos. Será interoperable en todos los Estados miembros para finales de 2026, facilitando la identificación y el acceso a servicios públicos y privados. Sus parámetros son: identificación universal, almacenamiento seguro, privacidad y firma electrónica. Esta es la información que nos proporciona la web de la Comisión. Y suena muy bien.

Veamos la trastienda. En 2027, será obligatorio aceptar este método de identificación para grandes empresas de sectores como banca, transporte y energía. Es decir, para todos los ciudadanos, ya que todos somos usuarios de la banca. Por tanto, está previsto que la EUDI Wallet y el euro digital estén estrechamente vinculados, ya que será una de las interfaces principales para gestionar y utilizar el euro digital una vez que este sea emitido por el Banco Central Europeo. Se espera su puesta en marcha en unas semanas, en septiembre, pero de forma voluntaria. Como en Rusia y en China, el principal objetivo es la eliminación del efectivo. Bueno, pues ya estamos hablando de la cuenta bancaria…

El peligro es que se convierta, con su obligatoriedad necesaria o futura, en un interruptor digital que lleve al control social del ciudadano. Ya existe en China, donde se realizó un experimento piloto en 2019 y, posteriormente, se implementó de forma global durante la pandemia. Bruselas insiste en que no identificará a las personas por sus pagos y la verificación de la edad no revelará la identidad, a diferencia del Yuan digital. La principal crítica es que la identidad digital y el dinero electrónico crean la infraestructura técnica necesaria para un sistema de crédito social, Y, si has sido un mal ciudadano chino, se te bloquea la entrada al cine o comprar el billete del tren. Ser mal ciudadano en China puede resumirse en haber criticado a tu alcalde online o comprar vino en lugar de agua.

El debate está abierto. Cualquier infraestructura digital es inherentemente trazable y susceptible de transformar el derecho a la privacidad en un permiso concedido por el Estado. Y existe el temor de que el dinero pueda ser “programado”, por ejemplo, con fecha de caducidad o restricciones de uso en ciertos productos -el crédito social-. También ese temor se extiende a Rusia con la aplicación móvil llamada Max. Se trata de una super-app que pretende sustituir cualquier canal de mensajería o redes sociales como WhatsApp, que ya está bloqueado en Rusia en 2026. Por ahora, ofrece servicios gubernamentales, pagos y banca. Su característica principal es la trazabilidad total, con la eliminación del cifrado de extremo a extremo -que es la propuesta de la Comisión Europea para Chat Control 2.0-, el acceso directo de los servicios de inteligencia rusos, la geolocalización y el historial de navegación ligado a la identidad del ciudadano -Big Brother-.

La similitud de nuestra legislación digital presente y futura con la app Max rusa y con el Yuan digital chino radica en la capacidad tecnológica de monitorización que estas herramientas habilitan “per se”. La combinación de identidad y dinero digital permite implementar “bloqueos” instantáneos. Ese es el peligro: ya se ha establecido la posibilidad técnica. Ya estamos atrapados. El cómo lo utilicen dependerá de las leyes y las posiciones ideológicas de cada Estado, más o menos, democrático. Ello nos lleva a pensar en que se trata de un fenómeno global donde las Big Tech nos transportarán de forma inexcusable hasta el próximo Black Mirror…

Para quien crea en las casualidades, anteayer ocurrieron dos: una, comenzó el juicio decisivo contra Mark Zuckerberg, propietario de Meta, es decir, Facebook. Una coalición de estados norteamericanos y numerosas familias le demandan indemnizaciones por 1,4 billones de dólares, el equivalente a la capitalización bursátil de Meta.

El segundo acontecimiento es la triste muerte de Juan Tamariz. Para mí no es casualidad. Se trata de su último truco: fallecer el día del juicio final contra Zuckerberg para ponerlo en evidencia. Quizá es su último chiste.

Tamariz llenó de ilusión mi niñez: llegué a pedir un juego de Magia Borrás después de verle y oírle declamar su antológico “naniaronaniaro”. Cuando abrí la caja, no funcionaba. Sus “poderes mágicos” no se hallaban en las cartas. Ahora sé que la asimetría de poder entre el mago y su público estriba en su conocimiento de la psicología de la atención.

Zuckerberg también sabe mucho de esto. La fiscal ha descrito a la perfección el modelo de negocio de las redes sociales: “Enganchar al usuario, retenerlo el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad”. Los informes internos de Facebook revelan su conocimiento de que estas prácticas generaban adicción en niños y adolescentes.

No es casualidad que algunos magos se hagan llamar mentalistas. La magia es una forma sutil de dirigir la mente del otro. Tamariz conocía al dedillo esa capa profunda de nuestra psique en la que todos somos iguales -el físico cuántico y el analfabeto- y todos somos vulnerables en cualquier país del mundo. Las debilidades de nuestra mente son biológicas.

Un mago es un maestro en dirigir nuestra atención. Mientras el público fascinado mira la mano que sujeta la carta, él hace algo con la otra mano, o con los pies, no lo sé (si lo supiera no habría arrumbado el juego de Magia Borrás en el trastero). Mientras el mago dirige nuestro ojo, nuestra autocomplacencia nos dice que estamos a cargo de lo que vemos.

Las redes hacen lo mismo. Mientras todos estos años muchos veíamos el daño a la salud mental que causan, otros querían convencernos de que estamos ahí libremente y podemos salir cuando queramos. No es así. La economía de la atención se basa en un principio muy simple: nuestro cerebro no puede atender a todos los estímulos, por tanto, debe elegir. Si el diseño de las redes dirige esa selección, de facto estamos poniendo nuestra mente a disposición del dueño de la tecnología. Luego él la usará para comerciar con nuestra intimidad o vendernos productos. Graham Burnett lo llama fracking humano: si nuestra mente es el último recurso a explotar, nosotros dejamos de ser sujetos y nos convertimos en objetos.

Las tecnologías de la atención funcionan como la magia: dirigen nuestros globos oculares, llevan nuestra mente a pastar a lugares donde no hemos decidido estar. La inteligencia artificial da una vuelta de tuerca a este dominio: atrapan nuestra atención para imbuirnos en una realidad a medida. Dentro de ChatGPT o Claude también estaremos secuestrados.

Tamariz usó su conocimiento de la atención humana para asombrarnos y hacernos reír. Quizá su último chiste sea este: revelarnos que su magia es familia de la manipulación constante en que vivimos hoy. Sin embargo, pedíamos la Magia Borrás para ser como él; y a los tecnooligarcas los queremos entre rejas. El futuro de las redes sociales probablemente se decida gracias a numerosas madres que comenzaron a luchar el día que su hija se suicidó.

Cada vez discrepo más de Arthur C. Clarke cuando estableció que “cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. El juicio a Meta mostrará que el diseño de ciertas tecnologías es magia negra. Y que cuando la manipulación es un negocio hay que imponerle límites. Tamariz, en su última prestidigitación, dirige nuestra atención al hecho esencial: mago es quien conoce la vulnerabilidad humana y la usa para hacer reír.

El pasado martes 18 de agosto, hacia las diez y media de la mañana, mi casa en Bubión se cimbreó durante unos segundos. Yo estaba en el comedor con mis invitados Merche Medina y José Ramón Alarcón, editores de Makma, disfrutando de esas charletas tranquilas y bienhumoradas posteriores al desayuno que solo son posibles en vacaciones, cuando el temblor de tierra en la ciudad de Granada alcanzó la Alpujarra. José Ramón fue el primero en tenerlo claro: “Un terremoto”, dijo con la calma del que se limita a constatar un hecho.

Era un terremoto, en efecto. El segundo –de magnitud 4,8– en tierras nazaríes desde la madrugada del pasado sábado; y les adelanto que en estos pueblos de alta montaña no causó el menor daño humano o material, ni tan siquiera esas grietas en las paredes o esos desprendimientos de cornisas registrados en el barrio granadino del Zaidín y algunos municipios del extrarradio. Pero les mentiría si les dijera que el temblor no ha dejado alguna huella en nuestras almas, ensombreciendo un poco el vitalismo con el que disfrutábamos del ferragosto.

Acojona que tu hogar se contonee como una bailarina arrancando su interpretación del Bolero de Ravel, aunque sea durante unos pocos segundos y sin consecuencias constatables inmediatamente. Te envía un mensaje alto y claro sobre la fragilidad de la existencia humana en nuestro planeta. Máxime cuando se añade a una serie de capítulos llamados pandemia, volcán de la Palma, inundaciones en Valencia, incendios forestales y hasta eclipse de sol. El humor de mis invitados y el mío se ha teñido de negro, como el del resto de los habitantes de esta aldea de la provincia de Granada. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué vendrá antes: el meteorito o la invasión de los extraterrestres?

Voltaire escribió uno de sus textos más imperecederos tras el terrible terremoto que asoló Lisboa el 1 de noviembre de 1755, cuando las iglesias estaban repletas de fieles celebrando el Día de Todos los Santos. El filósofo francés se preguntó cómo un Dios supuestamente bondadoso podía permitir la muerte de miles de niños absolutamente inocentes. Rousseau le replicó señalando que Dios no tenía nada que ver con el temblor, de cuya extraordinaria mortandad eran responsables factores humanos como el hacinamiento y la malísima construcción.

“Eres del lugar donde recoges la basura”, escribió Juan Villoro a propósito del terrible seísmo sufrido por la ciudad de México en 2017. Me parece muy inteligente esta frase, tanto como la que afirma que no eres de donde naces, sino de donde paces. Una verdad rotunda, una verdad que desmiente a todos aquellos que desean discriminar a las personas por factores como el lugar de nacimiento, el color de su piel o sus creencias. Ceutíes son los actuales habitantes –cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, agnósticos o ateos– de Ceuta. Granadinos son los trabajadores –caucasianos, magrebíes o negros– que recogen los escombros esparcidos por los terremotos de Granada.

Nuestra vida es vulnerable, mucho. Por causas naturales, por accidentes provocados por el error humano, por crisis económicas o guerras producidas por la codicia o el odio. Llámenme como quieran, pero pienso que eso debería retener la lengua de los politicastros que se arrojan como hienas sobre los escenarios de las desgracias. Estos días, por ejemplo, me estomaga la actitud del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, soltando frasecitas tan mentirosas y venenosas como esta: “Es vergonzoso que nuestro Gobierno nos tenga abandonados”.

Nadie los tiene abandonados, señor Vivas. Decían de usted que era un señor moderado y constructivo, pero no lo es. Si lo fuera, sería perfectamente consciente de que un impacto traumático como la entrada repentina en la ciudad de decenas de miles de aspirantes a la migración no se resuelve en un fin de semana. Y también de que el Gobierno central no ha parado de mandar policías, guardias civiles, militares, sanitarios y ministros a Ceuta. Demagogias, las justas, por favor.

No se responde con las tripas a lo inesperado; eso no sirve para nada, salvo para azuzar el miedo y el odio. Se responde con una acción humana racional, solidaria y coordinada. Como hacen los rescatistas que buscan cadáveres entre los escombros de los terremotos. Como hacen los bomberos forestales y los militares de la UME, que intentan combatir los tremendos fuegos en los bosques que está provocando esa criatura de nuestro delirio energético llamada cambio climático.

Me pregunta mi hija mayor si los terremotos son impredecibles. Le respondo que, por lo que yo sé, lo son. Aún no hemos encontrado los instrumentos que nos permitan anticiparlos como lo hemos hecho con el eclipse solar del pasado 12 de agosto. No soy muy ducho en materia científica, pero confío en esos hermanos nuestros que denominamos científicos. Estoy seguro de que los sismólogos curran duramente para intentar detectar con suficiente antelación los movimientos telúricos que terminan convirtiéndose en terremotos. Como estoy seguro de que los oncólogos trabajan de lo lindo para combatir el cáncer.

De quienes menos me fío es de los políticos. Concretamente, de un tipo de políticos: de los que se pasan el día intentando ganarles a los adversarios algunos puntos en los sondeos con frasecitas asesinas fáciles de recordar; de los que sienten una ansiedad incontrolable por conquistar el poder; de los que en mis tierras granadinas llamamos los malafollás.

Terminaré con una anécdota que me resulta literaria. En mi casa solo se cayó una cosa al suelo durante el temblor de tierra del martes: las gafas con las que había visto el eclipse de la pasada semana. Las había colocado tente mientras cobro en una botella vacía de Moët & Chandon situada en la parte superior de mi biblioteca. ¿Significa esto algo?

Me imagino que el lector se estará preguntando: ¿qué tiene que ver la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso? Y mi respuesta es nada y todo simultáneamente. Es lo que voy a intentar explicar a continuación.

Nada, porque la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso son incomparables tanto cuantitativa como cualitativamente.

Si nos mantenemos dentro del siglo XXI, la Guerra de Irán pertenece a la categoría del atentado de las Torres Gemelas, las guerras de Irak y Afganistán, la crisis de Lehman Brothers, el Brexit y la doble presidencia de Donald Trump y la pandemia de la Covid-19. Se trata de una categoría que es una suerte de numerus clausus, en la que no es fácil entrar.

El ático de Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, es una anécdota, que por muchas vueltas que se le dé, no podrá nunca ingresar en la categoría a la que pertenece la Guerra de Irán. En cualquier país del mundo no se entendería que se relacionaran como pertenecientes a la misma categoría las referencias del párrafo anterior. Nadie que no sea español, puede entender que aparezcan aunque sean simplemente mencionadas en el título de un artículo.

Y, sin embargo, para cualquier ciudadano español el parecido entre la decisión política de extender la guerra a Irán y la de Isabel Díaz Ayuso de intentar que la Comunidad de Madrid le comprara un ático salta a la vista. En ambos casos se trata de decisiones de dirigentes políticos autoritarios, narcisistas, ignorantes, avariciosos y un larguísimo etcétera, que se consideran al abrigo de cualquier exigencia de responsabilidad por su conducta.

Decisiones que se han adoptado en ambos casos sin dar ningún tipo de explicación de por qué se han adoptado. Como consecuencia de ello, ninguno de ambos dirigentes puede dar una explicación que justifique cómo se puede salir del laberinto en que ellos mismos se han metido.

De ahí la oscilación en las respuestas a las preguntas que le formulan bien los adversarios políticos, bien los periodistas de los diferentes medios de comunicación. La guerra tendría una duración de unas semanas, que es lo que tardaría en producirse un cambio de régimen, o en el que quedaría destruido el programa nuclear de Irán, consiguiendo de esta manera el objetivo de que Irán no tuviera una bomba nuclear, razón por la cual el presidente ha llegado a afirmar en más de una ocasión que los Estados Unidos ya ha conseguido la victoria y que la guerra ha terminado.

En el caso del ático también se han ido cambiando las respuestas, una vez que El País “descubriera” la operación de compra encubierta todavía no se sabe muy bien por quien. ¿Quién dio la orden de compra? ¿Para qué? ¿Quién iba a ocuparlo? ¿Quién ejecutó la operación? Son preguntas que todavía tienen que ser respondidas. Hasta que no lo sean no se habrá puesto fin, de la manera que sea, al problema generado por la compra del ático.

Mientras Donald Trump no explique por qué extendió la guerra a Irán, su declaración de victoria para darla por acabada, carecerá de credibilidad. La victoria esgrimida ocasionalmente hasta el momento sonará a capitulación. Él lo sabe. Y quienes lo ha seguido también, aunque a algunos no les importe y a otros sí. Y, a estos últimos, mucho. Para el presidente es posible que lo más importante es no pasar a la historia como un loser, que es la palabra que más odia. Para los halcones americanos lo decisivo no es como la historia recuerde a Donald Trump, sino qué impacto puede tener ese recuerdo en la Presidencia de los Estados Unidos. Esta tensión interna en el partido republicano es la que impide tomar una decisión para salir del laberinto. La ausencia de explicación a la entrada impide cualquier salida honorable.

En el caso del ático es lo mismo, pero no. Porque en este punto entra en juego la diferencia entre Política y Derecho. En el caso de la guerra de Irán Donald Trump se encuentra ante un problema político. Puede decidir terminar la guerra o no terminarla. Si no la da por terminada, tendrá que dar entrada al Congreso y al Senado a partir de ese momento en la estrategia que se tiene que seguir, pero no es verosímil, y más con la composición de la Corte Suprema, que se pueda acabar judicializando el problema.

Con el asunto del ático, la decisión de la compra se ha producido por una Administración Pública, cuyos actos están sometidos a la ley y al Derecho (art.103 de la Constitución). Independientemente de la responsabilidad política que pueda acabar exigiéndose por parte de los ciudadanos en un futuro proceso electoral, es de la revisión judicial de la compra del ático de la que puede desprenderse algún tipo de responsabilidad por parte de la presidenta de la Comunidad.

De momento, hay cinco denuncias por posible malversación y prevaricación administrativa admitidas a trámite. Qué recorrido tendrán no es posible saberlo todavía, ya que se desconoce el punto de partida de todo el asunto: quien tomó la decisión, quien la ejecutó y para qué. La ausencia de explicación de la decisión de entrada jurídicamente también dificulta una salida honorable. E incluso puede que algo más.

La extrema derecha ha subido los decibelios contra Pedro Sánchez y el gobierno de coalición. Se han multiplicado las metáforas belicistas que hablan de una “invasión” y de un “acto de guerra” y que se acompañan de insultos absolutamente ajenos a la mínima decencia. Abascal ha llegado a afirmar que el presidente del gobierno además de traidor y responsable de esta situación es también… la peste. Es obvio que Vox lee la situación de Ceuta como una oportunidad para infligir un daño político al gobierno que ellos quieren rentabilizar electoralmente. No les importa la vida que tantos han perdido por el camino, o las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en estos momentos (en Ceuta y más allá). Su único objetivo es asentar en el imaginario público la idea de que España está siendo invadida por fuerzas extrañas y con la complicidad, cuando no colaboración, de las izquierdas.

Probablemente les funciona, sobre todo en su intento de radicalizar y captar a parte del electorado del PP. Que mantengan durante semanas esta estrategia basada en mentiras e intoxicaciones revela que creen rentable convertir una tragedia humanitaria en una crisis identitaria. Lo de menos (para ellos) es que el proceso tenga también como efecto una sociedad más crispada, engañada y polarizada.

Pero no debemos rasgarnos demasiado las vestiduras, porque sabíamos que esto iba a pasar. También lo sabían tanto Estados Unidos como Marruecos. Al fin y al cabo, Marruecos controla el caudal de entrada en el flujo de inmigrantes y con toda probabilidad esperaba que la entrada de 80.000 personas en Ceuta generara una crisis política. Lo que exactamente aspirara a conseguir es incierto, pero que Marruecos es consciente de los efectos políticos de sus acciones está fuera de toda duda. Hay una vieja máxima del poder que sigue plenamente vigente: divide et impera. La división del adversario constituye por sí misma una victoria política.

A veces se nos olvida algo que deberíamos tenerlo grabado a fuego. En su última estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos afirmó literalmente que su objetivo debería ser «ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual». Esa «trayectoria» se entiende a la luz del propio documento y de las reiteradas declaraciones de Trump y su entorno, donde la inmigración y la llamada pérdida de la identidad o de la civilización occidental ocupan un lugar central. En esa misma estrategia se afirma también que «América anima a sus aliados políticos en Europa a promover un renacimiento del espíritu» y que «la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos da, en efecto, motivos para un gran optimismo». Con “partidos patrióticos” el gobierno de Estados Unidos se refiere a la extrema derecha, cuyo nacionalismo es contrario a cualquier espíritu europeísta y, en consecuencia, funcional a sus intereses imperiales.

Es decir, tanto Estados Unidos como Marruecos saben que, para hacer valer sus intereses y objetivos, pueden contar con la complicidad de la extrema derecha. Para no llevar a equívocos he de añadir que no hace falta imaginar una coordinación directa o explícita entre Washington, Rabat y la extrema derecha europea. Lo importante es entender que sus intereses pueden converger en un mismo resultado, produciendo igualmente efectos profundamente desestabilizadores. Lo que para Vox es una oportunidad para desgastar al gobierno y tener opciones electorales, para Estados Unidos es una oportunidad de torpedear cualquier proyecto europeo.

El problema es que a la extrema derecha esta funcionalidad estructural no les preocupa, incluso aunque el precio sea la verdad, la vida de las personas que buscan una vida mejor, la cohesión social y las bases democráticas del país. Es como si todo valiera para que ellos tengan alguna oportunidad para acceder al poder o, como en el caso de Meloni en Italia, para preservarlo. En condiciones normales nadie se creería que el gobierno de España tiene interés en lo que está pasando ahora mismo en Ceuta (o que se benefició de la pandemia, la guerra, los incendios, y hasta de las erupciones volcánicas). Pero no vivimos en condiciones normales, sino en sociedades mediadas por un ecosistema mediático en el que sistemáticamente se repiten estupideces como esas.

La extrema derecha europea resulta ser solo “nacionalista” a la hora de criminalizar y hacer la vida más difícil a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero en cuanto toca cuestionar el inmenso poder de las grandes empresas o de Estados Unidos e Israel, rápidamente abandonan su supuesto patriotismo. La historia además nos enseña, aunque no aprendamos, que ser funcional a los intereses geopolíticos de Estados Unidos no es una broma sin consecuencias. La pregunta que debemos hacernos entonces es la siguiente: si de verdad hay traidores en este tablero político, ¿estamos seguros de que están en el gobierno?

Cada nueva polémica que rodea a la FIFA suele reabrir el mismo debate: ¿basta con sustituir a sus dirigentes o ha llegado el momento de transformar la institución? La última década ofrece una conclusión clara. Tras los escándalos de corrupción de 2015, muchos dieron por hecho que comenzaba una nueva etapa. Lo mismo ocurrió durante el litigio de la Superliga Europea. Sin embargo, el patrón se ha repetido una y otra vez: cambian los protagonistas, pero el modelo de gobierno permanece intacto. El verdadero problema no son las personas, sino las reglas que concentran el poder y dificultan cualquier control efectivo. Que nadie se engañe: Infantino no es EL problema, sino el resultado de los problemas estructurales de la FIFA.

La FIFA ha dejado hace tiempo de ser una organización dedicada exclusivamente a gestionar competiciones deportivas. Hoy ejerce una enorme influencia económica, política y cultural. Las controversias recientes —desde su creciente protagonismo político hasta las propuestas para ampliar la comercialización del Mundial mediante inversión privada— no son episodios aislados, sino la manifestación de un modelo institucional que ha llegado a sus límites.

La principal anomalía reside en una circunstancia difícilmente aceptable en cualquier otro ámbito. La FIFA actúa simultáneamente como regulador y como uno de los principales actores económicos del mercado que regula. Dicta las normas, controla el acceso a las competiciones, ejerce potestades disciplinarias y, al mismo tiempo, obtiene beneficios de ese mismo sistema. La coexistencia de funciones regulatorias y comerciales genera un conflicto de intereses estructural que ninguna organización debería asumir.

Cuando el éxito de una institución se mide prioritariamente por sus ingresos, el resto de los objetivos acaba subordinándose a esa lógica. La expansión constante del calendario, el creciente peso de los intereses comerciales o la transformación de los aficionados en meros consumidores responden a una misma dinámica. El fútbol pasa de bien social a producto global.

Ese diseño institucional también explica la extraordinaria concentración de poder dentro de la organización. Los recursos económicos consolidan alianzas políticas y reducen los incentivos para la alternancia. El problema, por tanto, no depende del estilo de un presidente concreto. Mientras las reglas permanezcan inalteradas, cualquier relevo personal reproducirá los mismos incentivos.

A ello se suma un evidente déficit democrático. Las federaciones nacionales y las confederaciones continentales presentan una escasa renovación de sus élites dirigentes y apenas representan a jugadores, aficionados, mujeres y otros actores del fútbol. Aunque la FIFA reivindica su legitimidad como organización construida desde la base, sus decisiones siguen respondiendo a una estructura jerárquica.

Tampoco los mecanismos internos de control ofrecen garantías suficientes. Ningún órgano puede ejercer una supervisión independiente cuando sus integrantes dependen, directa o indirectamente, de quienes deben fiscalizar. Las normas, por sí solas, no garantizan la rendición de cuentas. Lo decisivo es que existan instituciones con capacidad real para hacerlas cumplir sin interferencias.

Las soluciones son conocidas. La primera consiste en separar institucionalmente las funciones regulatorias de las actividades comerciales de la FIFA. La segunda pasa por democratizar su estructura de gobierno, incorporando de manera efectiva a quienes hoy apenas participan en las decisiones. La tercera exige crear mecanismos de supervisión verdaderamente independientes, con procedimientos de nombramiento transparentes y mandatos protegidos frente a presiones políticas. Son principios elementales de buena gobernanza ya aplicados en la mayoría de los sectores.

Pero sería ingenuo pensar que una organización diseñada para preservar el statu quo impulsará voluntariamente una reforma de ese alcance. Por eso las autoridades públicas tampoco pueden seguir escudándose en la autonomía del deporte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido reiteradamente de los problemas que plantea la acumulación de funciones regulatorias y comerciales por parte de las organizaciones deportivas. No es difícil comprender por qué. El deporte es un sector económico de enorme relevancia y una actividad de extraordinaria influencia social. Ningún mercado de semejante dimensión debería quedar, en la práctica, al margen de mecanismos efectivos de control.

Sin embargo, el debate trasciende el fútbol. Las instituciones deportivas transmiten valores y proyectan una determinada idea de liderazgo e integridad. Si quienes gobiernan el deporte más popular del planeta no están sometidos a estándares exigentes de transparencia y rendición de cuentas, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el poder puede escapar al control cuando alcanza suficiente influencia.

Por eso la reforma de la FIFA no consiste únicamente en mejorar la gestión del fútbol. Es una cuestión de calidad institucional. Significa afirmar que ninguna organización, por poderosa que sea, debe situarse por encima de los principios de buena gobernanza. En un momento en que el Estado de Derecho afronta crecientes desafíos en todo el mundo, el fútbol no puede convertirse en otro espacio donde el poder prevalezca sobre las reglas. Lo que está en juego no es solo el futuro de la FIFA, sino la credibilidad de una de las instituciones culturales más influyentes del mundo.

Qué manía la izquierda con apropiarse de García Lorca, politizarlo, patrimonializarlo y tratar de convertirlo en icono antifascista, republicano, de izquierdas y queer. Olvidan que el granadino, “fallecido” hace 90 años, fue un “poeta universal” que no se metía en política, no militó en ningún partido, tenía amigos de izquierdas y de derechas, puede que hasta fuese íntimo de José Antonio y simpatizase con la Falange, era un patriota español antes que cualquier otra bandera, sentía la religiosidad popular, le gustaban los toros, el flamenco y las tradiciones, pasó sus últimos días en casa de un amigo falangista, no lo mataron por rojo ni por maricón sino por “rencillas personales” y los típicos desórdenes y odios de toda guerra civil, en un momento en que los republicanos también mataban lo suyo, los republicanos que también asesinaron a escritores como Muñoz Seca ¡en Paracuellos!

Si te ha picado todo el cuerpo leyendo el primer párrafo (que recoge frases repetidas en cada aniversario), te entiendo: yo llevo con esa comezón y esa mala leche muchos años. Al menos desde que en el centenario de su nacimiento, 1998, vi una exposición en el Museo Reina Sofía que trataba al poeta como únicamente eso, un poeta, pasaba de puntillas por buena parte de su vida (para cabreo de Ian Gibson), y concluía el recorrido en una sala aséptica donde la única información sobre su muerte era la reproducción (supongo que irónica) del falso certificado de defunción franquista que atribuía su muerte a “heridas producidas por hechos de guerra”, la fórmula habitual para referirse a los fusilados. “Todo el mundo sabe que García Lorca fue asesinado por los fascistas, qué necesidad de repetir lo obvio”, debieron de pensar los responsables de la exposición.

Por aquel entonces el presidente Aznar, gran aficionado a la poesía “universal”, tonteó con la memoria del poeta (y con su fundación y su familia), insistiendo en que “la poesía no tiene ideología”. Aznar continuaba una tradición en la derecha española: “despolitizar” la figura de García Lorca y su asesinato, para quedarnos con el poeta sin más añadidos, y así aliviar la mala conciencia del Franquismo por haberlo asesinado (no porque lo sintiesen, sino por el daño de imagen que le supuso).

Si durante el tardofranquismo y todavía en los primeros años de democracia los libros de texto escolares hablaban del poeta exclusivamente como poeta, en las últimas décadas la derecha política, mediática y cultural ha hecho todo lo posible por subrayar la condición “universal” y “apolítica” de García Lorca, difundiendo además teorías dudosas o directamente bulos (su intimidad con José Antonio y la Falange, o las “rencillas personales” que causaron su asesinato). Con poco éxito, hay que decirlo. Así que el último intento, en pleno revival neofranquista, es acusar a la izquierda de “politizar” al “poeta universal”, a ver si cuela.

Es decir, que lo político no es ni su vida, ni su compromiso, ni sus actos y palabras, ni su época, ni por supuesto su asesinato; sino la lectura interesada que del poeta hacen la izquierda revanchista, el lobby LGTBI, lo woke, la cultura progre, la antiEspaña, Pedro Sánchez y supongo que ETA.

Que sí, que el mejor homenaje es leerlo (yo me quedo con el póstumo Diván del Tamarit, que da la medida de hasta dónde habría llegado si no lo hubiesen asesinado); y ya sé que es inmenso, no puede reducirse a ningún aspecto de su rica y compleja personalidad. Pero lo que recordamos hoy es el 90 aniversario de un asesinato político y una desaparición forzosa. Una que, como las decenas de miles de asesinados y desaparecidos, duele todavía. “Me separa de los muertos / un muro de malos sueños”.

Un grave terremoto sacude Colombia cuando acaba de tomar posesión de la presidencia el ganador de las elecciones Abelardo de la Espriella. En ningún momento anterior había disimulado quién y cómo era. Ante esta gravísima emergencia con al menos 273 personas muertas, casi cuatro mil heridas y unas 25.000 familias afectadas, el presidente ratificó con creces la impresión previa. Y para no andar con adjetivos, simplemente anotemos su forma de operar: presentarse en una de las ciudades más afectadas para repartir balones de fútbol con su logo cuando todavía no habían recibido las víctimas ni ayuda real, ni siquiera equipos de salvamento dado que ha vetado a los países no afines que la han ofrecido.

Abelardo de la Espriella es el ejemplo más reciente de un fenómeno por el que seres aparentemente normales eligen para representarles en la gestión pública a políticos estrambóticos, siempre de ultraderecha, que les aplicarán políticas que van a perjudicarles. Milei, en Argentina, ya fue en su día un prototipo clamoroso. Trump en Estados Unidos, en línea ascendente de despropósitos, decidía esta semana cargarse la política exterior estadounidense para acercarse al llamado líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, en contra de su aliado del sur. Porque le cae bien, dice. Trump redondeó la faena, insultando gravemente a una periodista de CNN que le preguntaba por este caso, ante el silencio del resto de los asistentes a la rueda de prensa. Ninguno de los cuales, que sepamos, abandonó la sala.

Te preguntas una y otra vez qué ha ocurrido para que estos especímenes adquieran tal grado de poder. Y hay explicaciones, siquiera incompletas. Desde la educación social en la estupidez a la manipulación y el fomento del espectáculo como guía. Sobre las necesidades reales de millones de personas, se alzan esas mayorías que no se enteran ni de dónde les aprieta el zapato pero gozan y sufren, aman y odian a golpe de anuncio propagandístico. Sin saber que incluso esos salen de sus impuestos restándoles servicios. Es la era, sin duda, de los desaprensivos. Porque les sobra con abducir a un número suficiente de soportes de voto y gestión para que les funcione.

En España tenemos y padecemos, sobre todo, a esa mujer que, desde la presidencia de una comunidad autónoma y sustentada por 1.599.186 votos, se cree equiparable al Pedro Sánchez que le obsesiona, elegido desde 179 escaños del Congreso con 12,6 millones de votos ciudadanos detrás. En estricto funcionamiento de una democracia parlamentaria, completamente legal.

Ayuso puede reducir el acceso a la universidad pública que afecta al común de los ciudadanos, dejar a sus hijos sin carrera, ir privatizando la sanidad, distribuir groseramente nuestros impuestos para, por ejemplo, enterrar en el “almacén” Zendal 170 millones de euros que hubieran aliviado al menos la agonía de 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica en pandemia por ese protocolo que sí existió. Y son solo unos pocos ejemplos. Su pasión por los áticos y los negocios de su pareja son ya punto y aparte. Con todo eso y mucho más, sale a insultar al gobierno y sobre todo a Pedro Sánchez, con unas barbaridades de puro alucine, y sus fans orgasmizan con ella. El fenómeno es impresionante. Solo por informar de algunas de estas cuestiones emiten desde las redes insultos que ni los descargadores de los muelles de Hamburgo, desde perfiles con su banderita rojigualda y su canesú.

Hay fuertes rumores de que Ayuso está tocada por sus áticos y los apoyos -remunerados en “publicidad” institucional pagada con nuestros impuestos- se vuelcan con ella a niveles de patetismo. No es una estrella de Hollywood, nunca nos contaron “los looks” de nadie más. De la Reina Letizia, sí, y no es el caso desde luego.

Lo peor de todo esto es la degradación que está sufriendo la propia sociedad. Demasiada irracionalidad y odio que nubla el criterio y el futuro. Ultraderecha pura y dura para restas dramáticas de la democracia. Una sociedad así se va a pique. Y es un fenómeno internacional, más agudizado en algunos países.

Sabemos que los cómplices decisivos cambian de caballo ganador por el que apostar sin problemas, lo hemos visto con anterioridad. Será igual o peor. Revocar esta situación, atemperarla siquiera, pasa por que el gobierno afronte con valentía sus obligaciones para con los ciudadanos que incluyen aventar con toda valentía estas terribles disfunciones. Y, desde luego, depende en gran medida de los ciudadanos recuperables para la cordura que analicen a fondo lo que ocurre, su colaboración si es el caso, y actúen en consecuencia.

Hay crisis que se convierten en símbolos y la de Ceuta es una de ellas, porque si lo ocurrido tenía una dimensión geopolítica, humanitaria y diplomática, esta semana ha empezado a adquirir una nueva naturaleza semiótica: la de dar el pistoletazo de salida a un curso marcado por elecciones de distinta naturaleza: locales, autonómicas y generales.

No es casualidad que el presidente de Ceuta, dirigente del PP que durante años ha mantenido una relación de cooperación con los distintos Gobiernos centrales, haya endurecido el tono contra Pedro Sánchez. Habla de “pasividad casi absoluta”, de una situación de excepción y concede al Ejecutivo un plazo de 30 días antes de acudir a “otras instituciones”, incluido el Poder Judicial.

Ya hemos visto que en Ceuta la cuestión no estriba tanto en dilucidar cómo solucionar un problema humanitario como en imponer uno u otro relato. Y me parece que ese es uno de los mayores errores del Ejecutivo, que tampoco está saliendo bien parado: una cosa es la realidad y otra su percepción social, que en política resulta decisiva. Puede que haya coordinación entre administraciones o visitas de ministros, y es cierto que el tempo de la ley es distinto al de la urgencia —mediática— del debate público, pero parece que el Gobierno reacciona por detrás de los acontecimientos. España tiene recursos para movilizar medios ante emergencias de distinta naturaleza, pero si esa capacidad no se percibe, aparece un vacío que ocupan los discursos de “abandono” o “Estado fallido”: ya pasó con la DANA de Valencia y aquel famoso —y falaz— mantra de “solo el pueblo salva al pueblo”.

El Partido Popular ha detectado ese hueco y ha decidido que Ceuta sea uno de los grandes símbolos del fracaso del “sanchismo”. La proposición no de ley presentada por Cuca Gamarra combina dos elementos clásicos del manual de la oposición en esta legislatura: la deslegitimación del presidente —“negligencia”, “pasividad absoluta”— y la competición con Vox para ver quién encarna un nacionalismo más ultramontano. Ahora, el PP reclama un mando único, refuerzo policial y militar, mayor presencia de Frontex, el fin de las regularizaciones y una reforma de la Ley de Extranjería. Pero su posición contrasta con su trayectoria: los Gobiernos de Aznar realizaron tres procesos de regularización extraordinaria que beneficiaron a unas 500.000 personas y, en 2024, este mismo PP votó a favor de tomar en consideración la ILP para una nueva regularización, que el Gobierno aprobó en 2026 y que ahora los populares rechazan.

A ello se suma la exigencia de Gamarra del “retorno inmediato” de quienes entraron de forma irregular, incluidos los menores, obviando que cualquier devolución debe respetar la normativa de protección del menor, el Estatuto de los Refugiados y la Ley de Extranjería que el PP de Aznar aprobó —y endureció con una reforma de urgencia tras obtener la mayoría absoluta— en 2000. Entonces la población extranjera apenas superaba el medio millón, poco más del 1% de la población. Hoy ronda el 14,8% y, a tenor de lo que estamos viendo, más que personas parecen munición electoral.

La paradoja de Ceuta, donde las distintas instancias públicas compiten más de lo que colaboran, se hace aún más evidente si la comparamos con lo que sucedió con Ucrania. En el primer mes de la guerra, España concedió 51.957 protecciones temporales a desplazados ucranianos mediante un procedimiento extraordinario que permitía resolverlas en 24 horas. La respuesta contó, además, con la colaboración de las comunidades autónomas.

No son situaciones equivalentes. La protección temporal para los ucranianos se diseñó como una fórmula colectiva; en Ceuta, sobre todo en el caso de los menores no acompañados, hay que identificar a cada persona, determinar su situación y abrir un expediente individual. Eso alarga los plazos y exige otros recursos. Pero la comparación permite plantear una pregunta: si aquella emergencia humanitaria movilizó al conjunto del país y a las comunidades autónomas, ¿por qué ahora cuesta tanto encontrar esa misma solidaridad territorial?

La respuesta es que se avecinan elecciones que pueden cambiar —y mucho— el paisaje político. Pero no solo aquí. Europa afronta varias batallas electorales decisivas: este septiembre, en dos Länder de la antigua Alemania del Este, se verá si Alternativa por Alemania se convierte en primera fuerza; el año que viene, Italia y Finlandia pondrán a prueba la continuidad de sus gobiernos con participación de la extrema derecha, mientras Marine Le Pen aspira a convertirse en la primera presidenta de Francia. La extraña pareja formada la semana pasada por las primeras ministras danesa —socialdemócrata— e italiana —de extrema derecha— ofrece otra pista: la inmigración se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda europea.

Algo que, por supuesto, una abanderada del trumpismo nacional como Isabel Díaz Ayuso no podía desaprovechar. Este lunes ha vuelto a colocar a Sánchez y Ceuta en el centro de su argumentario, con referencias a una “invasión tolerada”, mientras sigue evitando responder con claridad a la polémica del ático adquirido con dinero público y vendido deprisa y corriendo después de que la prensa destapara el asunto. El patrón resulta reconocible: inundar la conversación pública con un asunto de enorme carga emocional para desplazar otros temas incómodos. Por eso la líder madrileña se ha convertido en una de las voces más insistentes del PP sobre Ceuta y Sánchez, hasta el punto de que en las últimas semanas su presencia en este debate ha sido mayor que la del propio presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

Este no será el primer artículo en el que se recuerde que la frase de Trump, presumiendo de que, si se pusiera a disparar tiros en la Quinta Avenida no perdería ni un solo voto, serviría también para explicar la fidelidad de una parte muy importante del electorado madrileño a Isabel Díaz Ayuso. Probablemente, esa sensación de impunidad es la que le ha llevado a cometer el error que peor justificación tiene a ojos de muchos votantes, también entre los suyos. Y esa es la novedad respecto a episodios anteriores, en los que había y hay como mínimo tantos o más motivos para cuestionar la gestión de la presidenta madrileña.

El ático de 485 metros cuadrados adquirido por el Gobierno regional por 6,3 millones, una operación realizada con toda la opacidad y sobre la que hay sospechas de que en realidad se eligió para ser una vivienda para Ayuso, fue la espita que desató una polémica del todo justificada, por más que ella busque restarle importancia. Primero, por la extraña adquisición del inmueble, pero también por la sucesión de errores posteriores.

Desde ponerlo de nuevo a la venta un día después de que se publicase la noticia en El País (con el inverosímil e improvisado argumento de que se destinará el dinero a la reconstrucción tras los incendios), hasta que su novio, Alberto González Amador, decidiese también vender ahora los dos pisos que comparte con Ayuso. Curiosa coincidencia. Pide el módico precio de 3,3 millones de euros por un piso y un ático que adquirió tras sus presuntos delitos fiscales.

Todavía hoy no se sabe quién y por qué ordenó a la empresa pública Planifica Madrid la compra de un ático que por normativa solo podía utilizarse como vivienda , puesto que ni podía ser una oficina ni tampoco una residencia oficial.

La retahíla de enredos inmobiliarios son aún más lacerantes en un momento en que la vivienda es el principal problema del país. Las imágenes del ático que su Gobierno adquirió a escondidas o el vídeo que la inmobiliaria colgó de uno de los pisos que comparte con Amador, también en el barrio de Chamberí, han circulado más que cualquier declaración de los grupos de la oposición. Si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, estas de los pisos han sido una embestida que no hay maniobra de Miguel Ángel Rodríguez que pueda taparla.

La mejor prueba de que no había argumentos para defender el embrollo de los áticos de Ayuso es que ni los medios de comunicación que están siempre a punto para elogiar sus discursos o sus vestidos, esta vez, o bien callaron o le afearon que las explicaciones eran insuficientes. No es mucho, pero es tan poco habitual que sorprendió. Nunca un error propio —y mira que ha cometido— había sido cuestionado por los medios ayusistas, que son mayoría en Madrid.

La cadena de equivocaciones que ha cometido con los áticos solo se explica por creerse intocable. Es casi lógico que lo pensase. Su irresponsable gestión durante la pandemia, lejos de recibir el castigo que merecía en las urnas, fue premiada por unos votantes no menos irresponsables. Es solo un ejemplo. Tampoco el sospechoso enriquecimiento de su pareja en esa etapa ha merecido el escrutinio que sería esperable por parte de muchos medios, a no ser que seas de los que creen que nuestra labor es fiscalizar solo a las administraciones menos afines ideológicamente.

Necesitamos admirar. No solo es recomendable; puede llegar a ser una cuestión de supervivencia. Nuestra capacidad de admiración, mitad innata, mitad adquirida, tiende a disminuir con la edad. Quienes la pierden por entero se sumergen poco a poco y sin darse cuenta, no en un nirvana de serenidad escéptica, sino más bien de indiferencia y atonía; pueden llegar a ahogarse en el hastío. Sin embargo, en cuestión de admiraciones hay que ir con tiento, porque a veces acertamos y a veces no. Es recomendable rechazar a los profetas y no ponerse ciegamente en manos del maître à penser de turno (hoy escasean, no sé si por suerte o por desgracia).

Con tales cautelas, y si no se me demuestra lo contrario (cosa muy difícil), el filósofo y físico argentino Mario Bunge está en un lugar destacado de mis admiraciones. He aprendido de sus libros y artículos muchas cosas que considero ciertas, no solo sobre qué hay que pensar, sino sobre cómo hay que pensar.

Cuando murió, en febrero de 2021, Mario Bunge estaba a punto de cumplir 101 años. Quizá haya una relación entre el ejercicio de la filosofía y la longevidad. Jesús Mosterín recordaba que Gadamer vivió 102 años, Bertrand Russell, 98; y Platón y Kant más de 80, “cosa que en su época era una proeza”. Pocos años antes de morir, Bunge todavía daba conferencias por todo el mundo y, a juzgar por las entrevistas telefónicas que le hicieron cuando cumplió cien años, su cabeza funcionaba a toda máquina. En aquellos tiempos, Arcadi Espada lo escuchó en Madrid: “No conozco un caso igual. Jamás había visto a un hombre de 94 años dar una conferencia, no meramente deportiva, de más de hora y media y con su correspondiente coloquio, afectando solamente una sordera que, además, no estoy seguro de que no fuese coquetería o estudiada aduana de alguien que debe seleccionar los estímulos con cuidado”

“Alrededor de los 16 años, cuando empecé a tomarme la vida en serio”, escribió Mario Bunge en sus memorias, “me enamoré enseguida de la filosofía y la ciencia -en ese orden- y he intentado intensificar su interacción desde entonces.” Había nacido en Buenos Aires en 1919, hijo de una enfermera alemana y de un médico y diputado socialista. Estudió y enseñó física, matemáticas y filosofía, y en 1963 se expatrió a los EE. UU. y después a Canadá. Decía que su país “vivía bajo el yugo de la cruz y de la espada, a cuya sombra no crece casi nada”.

Es un caso curioso, el de Bunge. A pesar de ser considerado un filósofo muy notable, ser doctor honoris causa por una veintena de universidades, haber publicado decenas de libros y cientos de artículos, y haberse prodigado en múltiples congresos y conferencias, ni es muy conocido ni demasiado reconocido. Quizá porque fue incómodo, polemista, heterodoxo y realista a ultranza. Era de izquierdas, pero inmune a las modas. Criticó sin contemplaciones el izquierdismo del Berkeley de los años sesenta del siglo pasado (“Algunos líderes estudiantiles fueron engañados por filósofos que afirmaban que la ciencia era una herramienta del capitalismo tardío.”) Los consideró oscurantistas en la medida en que rechazaban aplicar las normas científicas al estudio de los problemas sociales, y “por tanto, no estaban ayudando a su propia causa”. Era un firme defensor de las ciencias sociales, aunque consideraba que “todavía están en la infancia”. Decía que “a la gente de derechas no les gustan las ciencias sociales serias”, y que “intentan impedir el estudio objetivo de la realidad social porque es peligroso”. Criticó sin miramientos tanto las pseudociencias como las corrientes académicas predominantes: “Entiendo por cháchara académica la que se produce en ciertas universidades, consistente en una mezcla de cosas sin sentido, falsedades y banalidades enunciadas en lenguaje hermético y más o menos rimbombante”.

Probablemente también le perjudicó el hecho de ser argentino. Bunge decía que para llegar a ser popular un filósofo tenía que ser alemán y hermético. Se refería sobre todo a Heidegger (“No hizo otra cosa que juntar palabras”). Se preguntaba qué había querido decir con una frase como «das Sein des Seiendes». Añadía que no solo no sabría cómo traducirla al castellano («¿El ser del ser?, ¿el ser del Ser?, ¿el Ser del ser?, ¿el Ser del Ser?»), sino que era intraducible incluso al alemán.

La tesis central de su libro “Filosofía política” (Gedisa 2009), de lectura más que recomendable, es que la política responsable no se basa en la ideología sino en la filosofía, especialmente en la ética, así como en la tecnología social, la cual resulta efectiva únicamente cuando está sustentada en ciencia social seria. Miraba con ojo muy crítico los modelos de la politología contemporánea, especialmente los surgidos de la teoría de juegos. Decía que no son científicos porque ni son conceptualmente precisos ni están validados empíricamente. Conceptos como probabilidad subjetiva, utilidad subjetiva o beneficio podían ajustarse a voluntad para obtener los resultados deseados.

Bunge hablaba del “efecto Rashomon”, en honor a la película clásica de Akira Kurosawa. “Se trata del hecho”, explicaba, “de que casi todo hecho social es percibido de manera diferente por los distintos actores o testigos”. En ocasiones, esto se debe a intenciones aviesas, pero lo más frecuente es que se deba al prejuicio o a la falta de información: “Por regla general, entendemos mucho mejor a la ‘gente como nosotros’, es decir, a los miembros de nuestro grupo de pertenencia, que a ‘ellos’, los miembros del grupo ajeno”.

En el contexto actual de sobreabundancia de “verdades alternativas”, “posverdades” y “fake news”, la reivindicación de la verdad lógica y factual que Bunge exigía es más necesaria que nunca. Bunge añadía, además, que existe también la “verdad moral”, que “se refiere a hechos morales, tales como ayudar a las personas que sufren, e inmorales, tales como bombardear poblaciones civiles”. La tesis de que hay verdades y falsedades morales, afirmaba Bunge, “es propia del realismo moral”: si hay hechos sociales que afectan para bien o para mal a otras personas, tiene que haber también verdades morales. He aquí algunas de las que Bunge mencionó como ejemplos: “La justicia es buena”, “Mentir es malo”, “El fin no siempre justifica los medios”, “La explotación es injusta”, “La crueldad es abominable”, “El altruismo es loable”, “La lealtad es una virtud”, “Una paz justa y duradera es preferible a la victoria”. No se trata de verdades establecidas por dogma, sino estrictamente científicas, en el sentido de que sus reglas pueden y deben ser compatibles con el conocimiento que la investigación científica ofrece acerca de la naturaleza humana y de la vida social.

Respecto al “grupo de pertenencia” de Bunge cómo filósofo, es ilustrativo este fragmento de un artículo suyo: “Los filósofos tienen fama de serios, secos, pomposos, a menudo sombríos e iracundos, siempre abrumados por problemas insolubles, y nunca capaces de hacer bromas. Las caras avinagradas de Hegel, Nietzsche, Unamuno y Heidegger confirman esta impresión. Pero esta no es la regla. Las caras atribuidas a Aristóteles, Epicuro, Spinoza, Leibniz y Russell, entre otros, denotan serenidad”. Añadía a esta segunda lista el nombre de su amigo Ferrater i Mora, “un filósofo sereno y sonriente, que me honró con su amistad y me hizo reír tanto como pensar”. De todos ellos, le dijo Mario Bunge a Juan Claudio de Ramón en una interesante entrevista, “Aristóteles es el filósofo más importante de la Antigüedad y quizá de todos los tiempos. Fue el primero en insistir en que la verdad no se encuentra en los libros viejos, sino investigando”.

“Aunque me interesé por la política a los siete años”, escribió Bunge en su autobiografía, “nunca me vi a mí mismo como un activista político, y evité la política desde el momento en que elegí una carrera académica” (sin embargo fue proscrito de la docencia y tuvo que exilarse de su país). No creo que las claras ideas políticas del Bunge centenario estuvieran en disonancia con lo que debía pensar a sus siete años.

Este interés muy temprano por la política no es en modo alguno excepcional. A lo largo de los años he podido constatar hasta qué punto los niños pueden mostrar muy pronto un vivo interés por la cosa pública, sobre todo cuando viven bajo dictaduras. Puedo atestiguar que el antifranquismo era mayoritario en el parvulario de mis siete años, en los años cuarenta del siglo pasado, y se expresaba en chistes contra el “Caudillo”. En uno de ellos se decía que el dictador iba a publicar sus memorias con el título de “Como pienso” (sin tilde). Admiro a Mario Bunge, no solo por su extensa obra filosófica, que solo conozco muy fragmentariamente, sino sobre todo por las ideas que propuso sobre cómo pensar (con tilde) la política de nuestro tiempo.

Mi padre era astrónomo aficionado, hasta el punto de que se construyó en la terraza de casa un pequeño observatorio; el telescopio, salvo la lente, que encargó a Barcelona, lo fabricó también con sus propias manos. Recuerdo con toda claridad la primera vez que vi la luna por el visor, sentada en su regazo. Una de las primeras palabras que yo aprendí fue “anemómetro” porque me encantaba aquel aparato que daba vueltas y vueltas y medía la velocidad del viento; y luego heliógrafo y pluviómetro y los nombres de las estrellas más brillantes y los planetas y sus satélites; luego las galaxias, las misiones espaciales y un montón de cosas que llenaban de magia y asombro mi mente de niña. Siempre supe lo que era un eclipse y supe también que nunca veríamos juntos un eclipse total, aunque sí disfrutamos de alguno parcial en su tiempo de vida. En aquella época, casi nadie se interesaba por los eclipses; eran simplemente una curiosidad científica que no afectaba la vida de la población en general. Nadie se habría gastado dinero en salir de su casa, viajar hasta un lugar donde se viese bien y pagar hoteles y medios de transporte.

Ahora, por obra y gracia de los medios de comunicación y las redes sociales, hemos tenido eclipse hasta en la sopa y han empezado a tentarnos con los próximos para que empecemos desde ya mismo a reservar en los lugares donde se verán bien, para que gastemos todo lo posible y no nos perdamos esa “experiencia” (¿se han dado cuenta de que hoy en día todo lo que uno hace tiene que ser una “experiencia” o parece que no vale la pena?).

Tengo que confesar que me ha parecido francamente excesivo el despliegue y, sobre todo, que me ha entristecido que el poder de la prensa que acaba de revelarse con ocasión del eclipse total no se use para asuntos de mayor enjundia y repercusión en la ciudadanía.

Me explico con un ejemplo: desde hacía meses teníamos contratada una excursión para ver el fenómeno desde el mar a la altura de Valencia (un desplazamiento de unas dos horas por carretera) y el día anterior las noticias en televisión, radio y prensa eran tan alarmistas que estuvimos a punto de quedarnos en casa: avisaban de embotellamientos horrorosos y retenciones kilométricas; pedían que se llevara mucha agua y comida en el coche por si nos quedábamos en las colas de la carretera; se hablaba de impresionantes despliegues de policía y guardia civil, de accesos cortados, de masas de gente ocupando playas y montes. Era como si estuvieran hablando del fin del mundo y no de un fenómeno natural y de enorme brevedad.

Últimamente estamos en una sociedad alarmista, amarillista, donde lo único que, al parecer, alcanza resonancia es lo catastrófico. Da la impresión de que nos gusta asustar y, mucho peor, que nos gusta que nos asusten.

No sé cómo sería en otros lugares de España, pero de Alicante a Valencia no hubo absolutamente ningún problema de tráfico. El puerto no estaba mucho más concurrido que en cualquier día de agosto normal (quizá todos los valencianos estaban en la Malvarrosa), en el mar delante de la playa no habría más de una docena de embarcaciones y para la vuelta no hubo ni atascos ni gentío. Ni comparación con un día normal durante las Fallas, cuando casi no se puede andar por la ciudad.

A lo que me refiero es a que el poder de la prensa es tal que hace que creamos cualquier cosa que nos cuenten si la repiten lo bastante, si el tema se oye y se ve constantemente, si “nos lo meten por los ojos” como se suele decir.

¿Por qué no usamos ese poder para concienciar a la población sobre cosas que nos importan a todos y para sugerir posibles soluciones a problemas que sabemos que están ahí, pero nos permiten olvidar felizmente mientras nos preocupamos por la accesibilidad de las carreteras durante el eclipse? ¿Por qué no se habla más del peligro que representa tirar colillas o echar cohetes en una sierra mediterránea, por poner un ejemplo? Eso lo sabemos ya todos, se me dirá. Y es cierto, lo sabemos, pero quizá si nos bombardearan con ello como han hecho con lo del eclipse, no sucederían cosas como que un grupito de gente -y no precisamente adolescentes- se lanzaran ayer noche a tirar cohetes y petardos en la sierra a las afueras de Elche para celebrar la Nit de l’Albà mientras en la ciudad explotaban los fuegos de artificio del ayuntamiento, bien organizados y controlados.

Si con otras cosas se insistiera tanto como con lo del eclipse total y se ofreciera tanta información a la ciudadanía, quizá conseguiríamos que todo el mundo tenga claro que nos conviene, por ejemplo, plantar más árboles, muchos más árboles, en lugar de hacer estacionamientos subterráneos con una plaza de hormigón encima y unos cuantos macetones con tristes plantas que agonizan bajo el sol inmisericorde.

Hay muchos, muchísimos temas que se podrían tratar y que ayudarían a que la población reaccionara, se organizara (igual que se organizan para irse de viaje a donde sea a ver un eclipse o un concierto del cantante de moda) y dejara claro que queremos que se solucionen y que para eso tenemos unos políticos que se han comprometido a resolverlos.

Mi impresión es que todo se ha convertido en un espectáculo, en un titular, en una “experiencia” y que, cuanto más amenazadora parezca, más repercusión tiene. ¿Qué pinta en las noticias nacionales de las nueve de la noche en la primera cadena una sarta de mini entrevistas callejeras preguntando a cualquiera que pasara por allí cómo y dónde vivió el eclipse? ¿A quién le importa, de qué nos sirve? ¿Por qué se conceden los mismos minutos a eso que a informar sobre la crisis migratoria en Ceuta? Y, sobre todo, ¿por qué la información que nos dan es sobre lo mal que está la situación en lugar de contarnos qué se está haciendo para solucionarla? Es como si todo estuviera montado para que los espectadores, oyentes o lectores nos sintamos vagamente culpables, pero sobre todo inquietos, asustados. ¿A quién le interesa insistir tanto en lo mal que nos va en este y aquel tema? ¿Quién piensa sacar partido de que la ciudadanía tenga miedo de todo?

Lo de “una de cal y otra de arena” empieza a ser exacto: nos informan de todos los horrores que suceden en el mundo, pero rápido y como de pasada, para ir creando un poso de inquietud. Luego nos machacan con banalidades que se mascan hasta la saciedad y se regurgitan una y otra vez.

No quiero que parezca que estoy llamando banal a un fenómeno tan bello y asombroso como un eclipse total de sol, un fenómeno que llevo toda la vida esperando y que me volvió a hacer sentir la presencia de mi padre a mi lado.

Lo que quiero es que empecemos a usar ese enorme poder de información, de persuasión -de manipulación, si queremos llamarlo así, que también lo es- para cosas que de verdad puedan redundar en nuestro beneficio como especie en vías de extinción, cosas como la vacunación infantil, el calentamiento global, la escasez y carestía de la vivienda, la crisis migratoria, los incendios forestales provocados, las energías renovables… y otros mil temas que quizá no sean tan cuquis como dónde vas a ver el próximo eclipse pero que nos ayudarían -mucho- a sobrevivir. ¿O preferimos llegar al fin del mundo en un sitio guay con una copa de cava en la mano y subiendo fotos a Instagram?

Hay conceptos aparentemente sencillos que, sin embargo, se resisten a una definición precisa. La inteligencia es uno de ellos. Todos tenemos más o menos claro lo que es, o eso creemos, pero definirla rigurosamente ya es otro cantar, incluso para especialistas en su estudio. ¿Es inteligencia resolver problemas? ¿Hacer cálculos? ¿Reconocer y nombrar lo que hay en el mundo? ¿Aprender? ¿Crear? ¿Anticipar el futuro? Probablemente sea todo eso, pero también es mucho más que eso.

Desde la psicología hasta la neurociencia y la inteligencia artificial, abundan las definiciones de inteligencia. De hecho, se han llegado a recopilar más de setenta. Una de las más aceptadas, que formuló David Wechsler en 1944, la entiende como la capacidad global del individuo -habla de inteligencia humana- para actuar con propósito, pensar racionalmente y desenvolverse con eficacia en su entorno, mediante el aprendizaje y la toma de decisiones. Dicho de otro modo: ser inteligente consiste en aumentar las probabilidades de supervivencia y de éxito en un medio determinado; éxito medido en el logro de objetivos. No es casual que una de las definiciones más usadas en inteligencia artificial diga casi lo mismo: la inteligencia mide la capacidad de un agente [IA] para alcanzar objetivos en una amplia variedad de entornos.

Si aceptamos esta idea, surge una reflexión que juzgo muy interesante: ¿puede la evolución biológica de las especies interpretarse también como una evolución y mejora de la inteligencia?

La selección natural premia dejar más descendencia que los competidores en un entorno cambiante. A veces la ventaja la proporcionó disponer de más fuerza física; otras, la velocidad de movimientos; en ocasiones, una mayor resistencia. Pero en algunos casos la ventaja diferencial fue cognitiva, y de ahí surgieron especies sociales y conductualmente complejas.

La naturaleza no “busca” aumentar la inteligencia. La evolución no tiene objetivos ni se plantea metas, ciertamente, pero su algoritmo implacable produce cambios constantes en la vida, y a través de ella en todo lo que la rodea. Y en ese cambio continuo, guiado solo por el éxito reproductivo, la inteligencia que facilite comer y no ser comido y dejar descendencia viable, prosperará más fácilmente. Eso sí, conviene no olvidar que pensar sale caro: el cerebro humano es el 2 % de nuestra masa y consume la quinta parte de la energía que gastamos en reposo. Semejante órgano solo compensa si el entorno y lo que conseguimos de él paga el sobrecoste. Más inteligencia a lo largo de la evolución no es tan frecuente. Por eso lo que predominan en el mundo son microorganismos sin una sola neurona. La inteligencia no puede considerarse, por tanto, la cima de la evolución, aunque nos haya permitido llegar a la Luna y más allá.

En todo caso, ganar inteligencia y hacerlo de modo eficiente da muchas ventajas. Un animal capaz de anticipar el comportamiento de un depredador tiene ventaja. También la tiene quien recuerda dónde encontrar alimento y agua durante épocas de escasez. O quien aprende más rápido a reconocer los patrones que anuncian un peligro o una oportunidad de alimentarse o procrear. O quien coopera mejor con otros miembros de su especie, para lo que es fundamental disponer de formas de comunicación versátiles y sofisticadas, siendo el paradigma el lenguaje humano.

Nuestra inteligencia nos hace singulares y la especie ecológicamente dominante, pero hay inteligencia más allá de la nuestra. Los cuervos de Nueva Caledonia no solo utilizan herramientas para buscar alimento, sino que también las crean. Los pulpos resuelven problemas complejos. Los delfines mulares se identifican mediante silbidos propios que funcionan como nombres. Comunidades vecinas de chimpancés mantienen tradiciones distintas que la ecología no basta para explicar. Incluso las abejas eligen nido por un mecanismo colectivo de cuórum. Es razonable que si la evolución, sin proponérselo, favorece que la inteligencia de los seres vivos mejore con el tiempo, esta no sea una propiedad binaria, que se tiene o no, sino un continuo evolutivo. Más que una escala única, con nosotros en la cima, lo que hay es un abanico de soluciones distintas. Ya lo dejó escrito Darwin: la diferencia entre la mente del hombre y la de los animales superiores, con ser grande, «es ciertamente de grado y no de clase».

El cerebro humano en los últimos tres millones de años pasó de los 450 centímetros cúbicos de los australopitecos a los 1.350 de hoy, lo que permitió desarrollar el lenguaje simbólico, la cooperación social y la transmisión cultural, creando una combinación extraordinariamente eficaz de inteligencia. En particular, el lenguaje y la capacidad de fabricar herramientas fraguaron una revolución. El dominio del fuego, de uso habitual desde hace unos 400.000 años, multiplicó nuestras posibilidades de supervivencia. El lenguaje permitió coordinar grupos grandes y transmitir conocimiento entre generaciones, de modo que no hubiese que volver a empezar con cada una, sino partir del punto al que llegó la anterior. La imaginación hizo posible pensar el futuro, anticipándonos en cierta medida a lo que está por venir y planificándolo.

De los bisontes de Altamira a la IA no ha habido apenas tiempo de evolucionar como especie, pero sí como sociedad. Seguimos cambiando genéticamente -la tolerancia a la leche en los adultos es de anteayer en términos evolutivos-, pero no hay indicios fiables de que nuestras capacidades cognitivas hayan variado en ese plazo. La agricultura, la escritura, la ciencia y la tecnología multiplicaron nuestra capacidad de transformar el entorno. Dejamos de adaptarnos pasivamente a la naturaleza para empezar a modificarla activamente, aunque no siempre para bien. De hecho, la inteligencia en un individuo o en una especie no conlleva necesariamente ventajas para otros seres vivos. La historia humana demuestra que la inteligencia amplifica tanto nuestra capacidad de cooperación como nuestra capacidad de destrucción de lo demás, e incluso de los demás. Somos la especie que escribió el Quijote y el Romancero gitano, formuló la física cuántica y creó máquinas inteligentes. Pero también la que construyó Auschwitz y lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

La inteligencia artificial podría ser un nuevo paso en la evolución de la inteligencia sobre la Tierra. Desarrollada por la inteligencia humana y necesariamente dependiente, todavía, del ser humano. Pero podría no ser así en el futuro, y ocurrir que una creación humana no solo supere nuestra inteligencia general, sino que tenga la autonomía y capacidad suficientes como para superarse a sí misma por otra forma de evolución: el diseño recursivo de máquinas por máquinas. Para ello no haría falta atribuirle voluntad ni conciencia; bastaría con que persiguiera objetivos propios de manera competente.

¿Sería esta superinteligencia una continuación de la evolución de la inteligencia en los seres vivos? Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física en 2024 y Premio Turing en 2018, considera que la humanidad podría ser solo una fase transitoria en la evolución de la inteligencia. Piensa Hinton que: “es bastante plausible que la humanidad no sea más que una fase pasajera en la evolución de la inteligencia.” La inteligencia biológica habría creado la digital, que podría superarla y eventualmente reemplazarla; no como una evolución biológica darwiniana, claro, pero sí como una evolución de la inteligencia, que sería posible por nuestra mediación, en todo caso. Llegado el momento, esto podría ocurrir muy rápido. Los tiempos de la evolución tecnológica no son los de la evolución de las especies.

Si la inteligencia ha sido a menudo una ventaja competitiva evolutiva, ¿qué ocurrirá si aparecen sistemas más inteligentes que nosotros? ¿Seguiríamos siendo la especie dominante o pasaríamos a ocupar una posición secundaria frente a entidades cognitivas superiores? ¿Pasar a ser los segundos en inteligencia podría suponer ser irrelevantes o incluso dejar de existir?

Norbert Wiener lo dejó escrito en 1960, cuando nada de esto parecía urgente. Si empleamos para nuestros fines un agente mecánico en cuyo funcionamiento no podemos interferir una vez puesto en marcha, «más nos vale estar bien seguros de que el propósito introducido en la máquina es el propósito que realmente deseamos, y no una mera imitación vistosa de él».

Si los simios no humanos hubiesen tenido la inteligencia y la capacidad hace millones de años de detener la evolución que desembocó en la especie humana, ¿qué creen que hubiesen hecho? Pues eso.

En los conflictos armados, cada concesión que una de las partes hace suele percibirse no como un simple ajuste técnico, sino como una pérdida existencial. Esta dinámica psicológica explica buena parte del laberinto en el que Donald Trump parece haberse instalado con la guerra de Irán: un conflicto que escaló sin una hoja de ruta clara de salida, y en el que cada posible retirada, cese al fuego o negociación se percibe —tanto por él como por su base— no como un ajuste pragmático de política exterior, sino como una capitulación.

La estrategia de reencuadre de la pérdida, bien conocida en la literatura sobre negociación, busca precisamente neutralizar ese componente psicológico transformando la concesión en una ganancia relativa o funcional, de modo que la parte que cede pueda presentarla —ante sus bases, su opinión pública o incluso ante sí misma— como un acto de pragmatismo, visión de futuro o incluso fortaleza, en lugar de debilidad o traición.

Esto se logra mediante mecanismos bien identificados: enmarcar la concesión en términos de beneficios futuros tangibles en vez de pérdidas inmediatas, usar lenguaje ambiguo que permita a cada bando interpretar el acuerdo de manera favorable a su relato interno, secuenciar las concesiones para que ninguna parezca una capitulación aislada, introducir garantías simbólicas que compensen el costo identitario de la cesión, y externalizar la responsabilidad de la decisión hacia “la historia”. En esencia, se trata de gestionar la aversión a la pérdida, ese sesgo cognitivo tan humano, para que el costo político interno de aceptar un acuerdo sea menor que el beneficio percibido de alcanzarlo. Aplicado al caso que nos ocupa, la pregunta no es si Trump puede encontrar una salida razonable a la guerra de Irán —probablemente existan varias sobre la mesa—, sino si alguien logra ayudarle a reencuadrarla de manera que no la experimente como una derrota.

A esta primera herramienta se suma otra igualmente relevante en la caja de herramientas diplomática: la ambigüedad constructiva, técnica de redacción que consiste en formular deliberadamente los términos de un acuerdo de manera lo suficientemente flexible o imprecisa como para que cada una de las partes en conflicto pueda interpretarlos de acuerdo con sus propios intereses, narrativas políticas y necesidades de legitimación ante sus respectivas bases, sin que ninguna quede obligada a admitir explícitamente una concesión que resulte inaceptable o humillante para su electorado.

Su utilidad radica en que permite destrabar puntos de la negociación que serían irresolubles si se exigiera una definición unívoca y cerrada, postergando la clarificación final del significado hacia la fase de implementación —aunque conlleva el riesgo, nada menor, de generar interpretaciones divergentes que resurjan como fuentes de conflicto en etapas posteriores—. En el caso de Irán, un acuerdo redactado con la vaguedad adecuada podría permitir que Teherán proclame ante sus sectores duros una narrativa de resistencia victoriosa, mientras Washington proclama ante su electorado una narrativa de fuerza disuasiva exitosa, sin que ninguna de las dos formulaciones sea técnicamente falsa. Esta técnica se complementa naturalmente con la desagregación de la agenda: en lugar de negociar en bloque “el fin del conflicto” —una abstracción cargada simbólicamente que tiende a convertirse en una negociación de suma cero difícil de destrabar—, se fragmenta el problema en subtemas técnicos y manejables, susceptibles de negociarse de manera secuencial o incluso por comisiones especializadas distintas. Esta lógica de incrementalismo negociador permite aislar los puntos de mayor consenso de los de mayor fricción, incorporar expertos técnicos y verificadores en lugar de negociadores políticos discutiendo abstracciones irresolubles, y mostrar avances tangibles a las audiencias internas incluso cuando persisten diferencias irreconciliables en los aspectos más estructurales. El fracaso en un punto, así, no contamina necesariamente la totalidad del proceso.

Íntimamente relacionado con lo anterior está el doble discurso, táctica mediante la cual cada parte negociadora construye narrativas divergentes según la audiencia a la que se dirige: hacia la mesa de negociación y la comunidad internacional se proyecta un discurso conciliador y orientado a la solución política, mientras que hacia las bases internas se mantiene un discurso de firmeza o continuidad de la lucha, con el objetivo de preservar la cohesión interna y proteger la legitimidad del liderazgo frente a acusaciones de traición o debilidad —aunque ello genere el riesgo de que la contraparte perciba estas señales contradictorias como prueba de mala fe—.

Es difícil no notar que Trump ya practica versiones de esta táctica en su comunicación cotidiana, aunque de forma reactiva e improvisada más que estratégica; el desafío estaría en convertir esa tendencia natural en un instrumento deliberado y coherente dentro de un proceso de negociación real, y no en una fuente adicional de confusión para sus interlocutores. Pero ninguna de estas técnicas de arquitectura negociadora resuelve, por sí sola, el obstáculo más profundo, que es de naturaleza estrictamente psicológica: la disonancia cognitiva que enfrenta cualquier líder que sostiene simultáneamente la autopercepción de ser un protector fuerte y decisivo, y la realidad incómoda de haber ordenado o permitido una escalada militar que contradice esa imagen si termina sin una victoria clara.

Este bloqueo lleva a desvalorizar sistemáticamente cualquier información que cuestione el relato propio, a justificar cada decisión como respuesta necesaria e inevitable, y a cerrarse a la autocrítica que toda negociación auténtica exige. La literatura sobre mediación sugiere que confrontar directamente esa disonancia solo refuerza la defensa psicológica; la estrategia más eficaz es el reencuadre identitario facilitado, mediante el cual el mediador ofrece activamente una narrativa alternativa y compatible con la autoimagen positiva del líder, permitiéndole reinterpretar el proceso de negociación no como una claudicación, sino como la culminación coherente de su liderazgo, de modo que firmar la paz se convierta en el acto que confirma su identidad de estadista responsable, en vez de desmentirla.

Este reencuadre identitario, sin embargo, rara vez opera de forma aislada, puesto que suele estar entrelazado con otro sesgo cognitivo, a menudo más resistente al cambio, que es la escalada irracional del compromiso, esa tendencia profundamente humana a persistir en un curso de acción ya fracasado no porque un análisis racional de las ganancias futuras lo justifique, sino porque el peso simbólico de los costos hundidos hace que detenerse ahora se perciba como una traición retroactiva a todo lo ya sacrificado. La pregunta interior deja de ser “¿qué es lo más racional a partir de este momento?” y se convierte en “¿cómo voy a parar ahora, después de todo lo que hemos invertido?”.

Por ello, resulta más eficaz cuando se combina con una reinterpretación deliberada de los costos hundidos como legado y no como pérdida vana, de modo que el fin del conflicto se presente no como el reconocimiento de que la inversión fue en vano, sino como el resultado que da sentido y culminación a esa inversión. Ambos sesgos —la disonancia cognitiva y la escalada del compromiso— se retroalimentan mutuamente, y cualquier estrategia negociadora eficaz debería abordarlos de forma conjunta, ofreciendo al líder una salida que le permita reinterpretar tanto su identidad como el sentido de lo ya invertido, sin cuya resolución simultánea la mera lógica de las ganancias futuras rara vez basta para romper la inercia psicológica que mantiene viva una escalada ya objetivamente estancada. Esto es, en esencia, lo que en estos momentos algunos analistas proponemos en relación con la errática política del presidente Trump respecto a la guerra de Irán, en un momento en que parece encontrar la manera de retirarse del avispero en el que se ha metido. Si estas herramientas terminan siendo útiles, si son ignoradas, o si la historia toma un curso completamente distinto, es algo que cada lector podrá juzgar por sí mismo.

La Unión Europea (UE) prepara las maletas para los más de cuatro millones de refugiados ucranianos que tiene registrados oficialmente en su territorio. La generosa respuesta de Bruselas a la invasión rusa de febrero de 2022 está llegando a su fin. El Consejo de Exteriores ha prorrogado, antes de irse de vacaciones, su estancia hasta marzo de 2028, pero con un ligero matiz. Su estatus de refugiados, activado de forma inmediata tras la Operación Especial de Putin invadiendo el país en febrero de 2022, acaba de modificar algunas condiciones importantes que ya no garantizan a todos los refugiados de la guerra de Ucrania su estancia en la UE.

En primer lugar, la prórroga trampa solo se aplica a los ya residentes. Los nuevos deberán probar que no son prófugos ni desertores y que han cumplido con sus deberes militares. Y lo deben probar con un documento oficial expedido por sus autoridades militares. Ya no se va a aceptar la entrada en la UE como refugiados a los varones ucranianos de entre 23 y 60 años que estén en condiciones de luchar. En segundo lugar, la Comisión recomendó en septiembre de 2025 a los Estados miembros que vayan preparando un protocolo de retorno para los refugiados ucranianos, “con el fin de contribuir a la reconstrucción” de su país en cuanto cese el conflicto.

A Dinamarca, que ya aplica otras condiciones a los ciudadanos ucranianos al estar exenta de la norma de protección temporal, se le han unido Polonia y Alemania, con más de dos millones de ucranianos de los cuatro reconocidos en la Unión. Ambos gobiernos han propuesto exigir a los refugiados que se integren en el mercado laboral y trabajen mientras se encuentran en el país o que, si están en edad militar, vuelvan a Ucrania a combatir. Y se lo recuerdan a los jóvenes que entraron en 2022 y que han alcanzado esa edad en los últimos cuatro años. Es solamente una propuesta, una cruel propuesta.

Esta vuelta hacia atrás de la política de protección temporal llega año y medio después de que Zelenski exigiera el envío de tropas extranjeras a Ucrania para luchar contra Rusia. Fue en enero de 2025, cuando el presidente Zelenski se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y le “sugirió” la posibilidad de desplegar tropas de países aliados en territorio ucraniano. Hasta 200.000 soldados pedía, para forzar a Rusia a negociar la paz. La ausencia de respuesta se convertiría poco después en una exigencia de Zelenski a la UE para que le devuelva a sus ciudadanos en edad militar.

Los que se encuentran en Ucrania están desertando. Desde hace años cruzan por miles las fronteras de su país. Las conscripciones obligatorias de hombres ucranianos de todas las edades, incluso secuestrados por la calle por la policía militar, han llevado a los ciudadanos a manifestarse recientemente en contra de su gobierno en Kiev y en otras ciudades del Oeste de Ucrania, fervientemente nacionalistas hasta ahora. Los hombres adultos residentes en la UE bajo protección temporal representan el 26,6% de los refugiados ucranianos en Europa, un activo que su Presidente acaba de reclamar.

¿Qué significa para los ciudadanos ucranianos estar bajo la protección temporal? En marzo de 2022, la UE activó un mecanismo de protección temporal solo para ucranianos en base a la Directiva 55, aprobada en 2001 para los desplazados de los Balcanes. Los ucranianos que huyan de la guerra tendrán derecho a residencia legal, alojamiento, acceso al mercado laboral, atención médica, educación y asistencia social. Además, cuentan con un subsidio de 400 euros al mes por adulto en España y otros 100 por menor a su cargo. Estas cantidades oscilan según el país. En Bélgica son 1.100 euros mensuales.

Algunos países de la UE están dando marcha atrás. Polonia, con un millón de refugiados ucranianos, hace un año eliminó el subsidio para incentivar su integración en el mercado laboral. En septiembre de 2025, el Consejo Europeo aprobó una Recomendación de la Comisión a los 27 Estados miembros para que preparen los trámites administrativos en cuanto finalice esta protección. Esto significa que deberán cumplir los requisitos para obtener la residencia legal o bien regresar a su patria. Para ello, deben “adoptar medidas que allanen el camino hacia una reintegración fluida y sostenible en Ucrania”. El retorno será voluntario.

Mientras Ucrania se sumerge en una guerra sin fin, la UE aprueba una ayuda de 3.900 millones de euros para la adquisición de drones. La ayuda militar de la UE hasta ahora supera los 77.000 millones de euros, pero seguimos sin estar en la mesa de negociación por la paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunieron hace unas semanas en Manila (Filipinas) durante media hora, para abordar este conflicto. Sin resultado. Por tanto, y hasta el 4 de marzo de 2028, Ucrania puede seguir desangrándose, cruelmente, hasta el último ucraniano.

En Vallecas ya es tradición. Como el barrio es puerto de mar, todos los años sus calles se inundan de un traqueteo salvaje, entre ametralladoras de agua, cubos, francotiradores desde los balcones y globos predispuestos para bañar al más insensato. Su origen, en principio, tiene que ver con las intensas olas de calor a las que se ha visto sometido Madrid (y toda España ahora, si ampliamos): refrescarse y después añadirle una dimensión reivindicativa, de cualquier causa, de manifestación incluso. Es un día divertidísimo en el cual se instaura el conflicto con mejor rollo del mundo. Me acuerdo de una vez que un hombre estuvo a punto de empaparme y al final no lo hizo sólo por haberme reconocido, de tertulias o de columnas como esta; me acuerdo también de todos los cubos de agua en los que sí que me han bañado, con malicia o sin ella.

Por primera vez, en las fiestas de La Paloma, las terceras del ciclo de verbenas de todo el año en Madrid, se ha instaurado una fiesta del agua en la calle Calatrava, en el barrio de La Latina. No tiene nada que ver en escala con Vallecas: lo que aquí es una calle allí es un barrio entero de apunta y dispara, lo que allí es una tradición aquí es una fiesta neonata. Con un mes de diferencia, el que separa ambas celebraciones, un día así, tan excepcional, instaura una explosión de goce urbano inaudita. Puedes disparar a los guiris, quizá debes disparar a los guiris, pero quien más disfruta de los disparos son siempre los vecinos. En el primer día, la calle se ha llenado y ha habido manguerazos y carreras; raro es, en unas fiestas tan gentrificadas, que existan actividades en las que se pueda participar gratis, sin gastar un euro. Y corren por igual, en la calle, niños y mayores, que hacen referencia a cómo se lo pasan como críos.

La Latina no es Vallecas, aunque a Vallecas también llegará la gentrificación. La Latina es un barrio lleno de lugares donde depositar maletas y repleto hasta rebosar de apartamentos turísticos; por primera vez en estas fiestas, se meten sin querer en una calle y se sienten perdidos. A escasos metros de donde la gente se da manguerazos se ejecutaban hace no tanto desahucios con los que lograr la clausura definitiva del barrio. Unas plazas más allá, por primera vez, McDonald’s inaugura su caseta en medio de las de partidos políticos y asociaciones vecinales. No existe una receta concreta para acabar con los procesos de turistificación que nos expulsan cada día a más personas de estos barrios, pero no está de más que algo, durante un instante, convierta unas calles ya más suyas que nuestras en el escenario de una fiesta puramente vecinal, un jolgorio para los oriundos de un mismo sitio. Es tarde para que La Latina se convierta en un puerto de mar, pero no aún para que sobreviva todo lo que en ella vale la pena conservar como oro en paño. Ojalá el año que viene se repita hasta volverse tradición, en el último día de las fiestas, mientras medio barrio aguarda superar la resaca; que cualquiera, en pleno verano, pueda aliviar el sofoco con la sensación de un cubo helado que se derrama sobre sus hombros.

En el año 2007, España y Marruecos negociaron un acuerdo de retorno de menores, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanecieran bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (artículo 5).

El acuerdo fue ratificado por Marruecos en 2012, cinco años después de que se hubiera alcanzado un acuerdo sobre los términos del mismo por los dos Estados. Fue negociado por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado en los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Los cinco años de distancia entre negociación y ratificación por Marruecos ponen de manifiesto, por un lado, la reserva mental con que fue negociado por Marruecos y la escasa fiabilidad en que fuera a dar cumplimiento al compromiso que adquiría, pero también, por otro, el acuerdo total entre el PSOE y el PP respecto del acuerdo alcanzado.

El tiempo transcurrido desde la ratificación del acuerdo en 2012 ha venido a certificar la nula voluntad por parte de Marruecos de dar cumplimiento a lo negociado. Las Memorias de la Fiscalía General del Estado desde la de 2014 acreditan que se han enviado cada año a las autoridades marroquíes “relación pormenorizada de menores que podrían ser repatriados”, respecto de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna. Como consecuencia de ello, el número de menores no repatriados ha ido creciendo hasta alcanzar en 2024 el número de 14.600. A los que habría que sumar los aproximadamente 2.000 de estos últimos días.

El tiempo transcurrido ha venido también a certificar, desafortunadamente, que el acuerdo inicial entre PSOE y PP o PP y PSOE no ha resistido la prueba de fuego que ha supuesto la crisis de Ceuta de esta pasada semana.

Disponemos de una norma jurídica para hacer frente al problema, pero es como si no dispusiéramos de ella. Peor todavía. Los Gobiernos españoles, presididos tanto por el PSOE como por el PP, tienen no solo que aceptar el incumplimiento del acuerdo por Marruecos, sino que tienen que negar, además, que dicho incumplimiento se haya producido o se esté produciendo. Marruecos es un socio fiel al que no hay nada que reprocharle: este es el mantra que se ha repetido machaconamente por los ministros de Interior tanto populares como socialistas.

Todos mienten es el título de una serie de televisión que seguramente muchos de los lectores habrán visto. Creo que dicho título puede ser utilizado para definir los discursos de las autoridades marroquíes y españolas de ambos partidos. Todos saben que la alternativa de decir la verdad no es viable. El Gobierno de Marruecos no está seguro de que disponga de la autoridad suficiente dentro del país para dar cumplimiento al acuerdo o, en todo caso, no está dispuesto a correr el riesgo de averiguarlo. Y los Ejecutivos de España, socialista o popular, no están seguros de poder gestionar la reacción que se produciría en el Gobierno de Marruecos en caso de verse denunciado públicamente o, en todo caso, no están dispuestos a correr el riesgo de averiguarlo. Más todavía, tras la reacción que se ha producido en los socios de la Unión Europea y en Estados Unidos e Israel tras lo ocurrido en la frontera de Ceuta.

Cuando se ha llegado a la conclusión de que no se le puede decir la verdad a los ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo, no resulta fácil diseñar una estrategia para hacer frente al problema. Porque, además, se trata de un problema que no se agota en la inmigración irregular marroquí, sino que se extiende a la población del África subsahariana.

El pasado 6 de agosto, Souad Mekhennt, columnista del Washington Post, publicó un artículo con el título “Qué ocurrió realmente cuando 70.000 migrantes entraron en España (What happened really when 70.000 migrants surged into Spain)”, en el que explica que el territorio marroquí fronterizo con Ceuta tiene una función adicional a su carácter fronterizo. El territorio marroquí es una “sala de espera” (waiting room) para la población subsahariana que quiere llegar a España como forma de llegar a la Unión Europea. Nadie sabe, dice la articulista, cuantos son. Pueden ser 100.000 o pueden ser varios cientos de miles. “Vinieron soñando con Europa, mendigando en las intersecciones de los caminos, durmiendo en campamentos que la policía desmantela, esperando en los bosques del norte”. Se trata de una situación conocida y reconocida por la Unión Europea, que paga a Marruecos para ayudarla a gestionar el problema. Es decir, paga por “la espera”.

La presencia de la población subsahariana no es percibida de manera uniforme por la población marroquí. En las barriadas de las clases trabajadoras el “agotamiento y la desesperanza” es la queja más oída, similar a la de los subsaharianos. Entre los que ingresaron en Ceuta había hijos e hijas de familias de estos barrios, “huyendo del país que se suponía que estaba celebrando el día de la unidad nacional”.

Entre los 70.000 africanos que ingresaron en Ceuta había marroquíes y no marroquíes. La inmensa mayoría de los marroquíes han retornado. Pero queda un número considerable que se resiste a abandonar Ceuta. Entre ellos hay marroquíes menores, en torno a dos mil, marroquíes mayores de edad en un número todavía no determinado con precisión. Y varios miles de subsaharianos. El futuro de los integrantes de estos tres grupos o subgrupos es distinto.

Joaquín Vera en La Vanguardia, “El Trampolín de Ceuta: la playa de los dos destinos”, lo explicaba de una manera muy ilustrativa, aunque no diferenciaba entre los marroquíes menores y mayores de edad. “La pasarela de madera que recibía a los bañistas en la playa de El Trampolín parece dividir en dos el distinto futuro que les espera a los inmigrantes que se resisten a abandonar Ceuta”.

Al lado derecho, los antidisturbios organizan a los marroquíes (mayores de edad) que se han acercado en busca de la ración de comida que reparte la Cruz Roja. Saben que más temprano que tarde serán expulsados. Esa es de las pocas cosas que sabemos con seguridad. (Los menores entrarán en el sistema de protección bajo tutela española e irán recibiendo la respuesta individualizada que se exige).

En el lado izquierdo, unos dos mil subsaharianos han convertido la playa en un auténtico campamento, en el que se tiene la sensación de que la vida va despacio, pese a la urgencia humanitaria que sufren. Migrantes que guardan, como oro en paño, su documentación con el sello del país del que ha huido: la clave para intentar lograr el asilo.

Con la experiencia que tenemos hasta el momento y con la prudencia con que hay que manejar las cifras ante la ausencia de información inequívocamente verificable, se puede concluir que, entre menores y africanos no marroquíes, puede haber unas cinco mil personas que no van a poder ser repatriadas desde Ceuta. Los menores marroquíes porque ya sabemos que no se ha conseguido repatriar a ninguno hasta el momento. Y los africanos no marroquíes, porque no existen convenios de extradición con sus países de origen.

Una vez que el Consejo General del Poder Judicial le ha comunicado al presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta que no es jurídicamente posible convertir a Ceuta en territorio desde el que no se puede iniciar un proceso de solicitud de asilo, es obvio que tanto los menores como los solicitantes de asilo tendrán que ser traídos a la Península, ya que su permanencia en Ceuta resulta insostenible.

El problema no debería haberse producido, pero se ha producido. Tal como está el patio en el sistema político español, en la Unión Europea y en términos geopolíticos generales no se puede ser muy optimista respecto a qué fórmula nos permitiría tener una respuesta jurídicamente aceptable que evitara la repetición de lo ocurrido. Ni dentro de España, ni en la Unión Europea, ni en Naciones Unidas parece existir el clima que posibilite un acuerdo para hacer frente al problema.

Pero intentarlo habrá que intentarlo, porque el problema de la migración no va a desaparecer.

Como es agosto y estamos en plan mínimo esfuerzo, voy a facilitar la tarea para que cualquiera pueda criticar al Gobierno por estar de vacaciones en vez de ocupándose de problemas urgentes. Vale para el gobierno central y el de tu comunidad autónoma, que la crítica vacacional no entiende de color político. Puedes usar la siguiente frase como plantilla, solo tienes que rellenar los espacios en blanco para cada situación:

“Me parece indignante que ___________ esté de vacaciones mientras ____________”.

Vale para todas las ocasiones: lo mismo para el presidente Sánchez (“me parece indignante que Sánchez esté de vacaciones mientras sigue la crisis de Ceuta”), que para presidentes autonómicos (“me parece indignante que Moreno Bonilla esté de vacaciones mientras sigue el mayor incendio de Andalucía”). Que la demagogia vacacional no solo la practica la derecha: esta semana el PSOE andaluz censuraba a Moreno Bonilla por no estar a pie de incendio en Niebla (Huelva). Ahora el presidente andaluz ha interrumpido sus vacaciones y se ha puesto el chaleco de emergencias, y los mismos le acusarán de “hacerse la foto”, otro clásico del politiqueo estival. Si no va, es que está de vacaciones, mal. Si va, es para hacerse la foto, mal también.

El triple salto con tirabuzón lo ha dado el portavoz del PP Elías Bendodo, que en una misma comparecencia este domingo acusó al gobierno de estar de vacaciones y de hacerse la foto, sin contradicción alguna: “Qué más tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez interrumpa sus vacaciones”, ha dicho, para en seguida lamentar que varios ministros acudan a Ceuta a montar “un photocall de agosto”. Olé por él.

En el caso del presidente Sánchez, la crítica a sus vacaciones es la canción del verano desde que llegó a Moncloa. Si pasa cualquier cosa, “¡el presidente de vacaciones!” Este año Ceuta, el año pasado los incendios —cuando Feijóo interrumpió un día sus vacaciones para afear las del presidente—. Lo inaceptable en el caso de Sánchez es el hecho mismo de irse de vacaciones. No recuerdo otro presidente cuyo descanso se haya fiscalizado con tanto celo: cada verano los medios nos cuentan con todo detalle dónde pasa las vacaciones, cómo son las residencias que utiliza —las mismas que presidentes anteriores—, cuánto cuesta acondicionarlas o protegerlas, a qué dedica el tiempo libre, a ser posible con fotos al descuido. Y de paso, le montan manifestaciones ultras en la puerta de su lugar de vacaciones.

Por ser justos, lo de censurar el descanso de los políticos no es exclusivo de la derecha. Comentaba lo de Moreno Bonilla y el incendio, pero recuerdo que en tiempos de Rajoy el PSOE ya le reprochaba irse de vacaciones en plena crisis económica, con el gobierno en funciones o por cualquier problema pendiente. Aún más: estando todavía el PSOE en el gobierno, llegó a criticar que el líder de la oposición (Rajoy) se fuese de vacaciones mientras ellos trabajaban por el país.

No sé, yo echo de menos aquellos tiempos en que cada verano veíamos el posado playero de Ana Obregón, y los posados vacacionales de líderes políticos, que no se escondían, contaban a dónde iban, compartían sus lecturas de agosto, se dejaban fotografiar haciendo deporte o en fiestas populares, y hasta presumían de bronceado a la vuelta. Sin minusvalorar crisis y problemas urgentes, yo prefiero un país donde los gobernantes tengan merecidas y necesarias vacaciones, y donde la gestión de una emergencia no dependa de que el mismísimo presidente esté sujetando la manguera.

Comienzo esta columna con una distinción necesaria porque meter a todo aquel que crea contenido en el mismo saco es tan vago como llamar periodista a cualquiera que vaya por ahí lanzando supuestas preguntas incómodas en un portal. Una cosa son los creadores de contenido que llevan años construyendo una audiencia a base de vídeos, fotografías, reels, divulgación, humor o lo que sea, con mayor o menor talento pero cierta continuidad, oficio y una idea detrás. Y otra, bastante distinta, es la última hornada de nada-influencers, personajes lanzados al estrellato digital después de pasar por un reality o de protagonizar una infidelidad televisada.

Hace unos días se popularizó el vídeo de una de estas neo celebridades digitales (con casi un millón de seguidores) indignada porque, según explicaba, España está llena de jetas y sinvergüenzas que viven de las “paguitas” mientras personas como ella se dejan la piel pagando impuestos. Como ejemplo hablaba de un supuesto vecino, ya entrado en años, que cobraba una pensión de orfandad. En España, sin embargo, la pensión de orfandad tiene límites de edad bastante concretos —con carácter general hasta los 21 años y, en determinados supuestos, hasta los 25—, así que el relato tenía el pequeño inconveniente de la realidad. Pero lo interesante no es esa influencer concreta ni su vecino. Lo interesante es la facilidad con la que determinados discursos han encontrado en las redes sociales una nueva cadena de distribución. Véase: El que cobra una ayuda es sospechoso, el inmigrante invade, los impuestos son un robo, hasta un eclipse puede convertirse en material para la enésima batalla cultural porque, al fin y al cabo, un eclipse es difícil de monetizar si no es por la vía de la indignación.

Existe un ecosistema digital que recompensa extraordinariamente bien la seguridad sin conocimiento y la opinión sin la molestia previa de haberse informado. Pero, claro, resulta que los influencers viven de ti, de mí, de nosotros. Ningún algoritmo obliga a nadie a seguir a una persona que, por cierto, suele mostrar exactamente lo mismo que la influencer de al lado, aunque cambie ligeramente el envase. Pueden ser dos bikinis distintos de Shein, dos versiones del mismo bizcocho de avena, plátano y chocolate con la proteína en polvo de turno, o dos cápsulas milagrosas para el pelo con un 15% de descuento utilizando el código MARTA15 o SONIA15. Porque después de años registrando nuestros deseos, el algoritmo ha terminado homogeneizándolos.

El influencer sin formación y sin demasiada intención de adquirirla, es la culminación perfecta de haber dejado que introduzcan un incentivo económico dentro de nuestras relaciones en redes sociales. Quizá por eso empieza a percibirse cierto cansancio de esta burbuja. Porque hemos normalizado que perfiles salidos de la nada, pero con muchos seguidores, conviertan cualquier cosa en una decisión de consumo y, de paso, hemos normalizado que trasladen esa misma confianza a asuntos políticos, sociales o científicos. Hemos normalizado que su número de seguidores sea una especie de forma de autoridad.

Yo celebro con cierta esperanza la creciente ola de hartazgo hacia la cultura influencer. Aunque igual ni siquiera existe tal hartazgo y es de nuevo la trampa de mi algoritmo enseñándome vídeos de gente cansada de los influencers porque ha descubierto que me gusta ver vídeos de gente cansada de los influencers. Ya no te puedes fiar de nada en Internet. Pero si realmente estamos entrando en el ocaso de esta cultura, que lo dudo, convendría no atribuirnos demasiado mérito porque a todos esos influencers los hemos creado nosotros. Podemos exigir responsabilidad a las marcas u honestidad a los creadores, pero lo cierto es que para que alguien influya tiene que haber otro alguien dispuesto a ser influido. Así que la pregunta real es a quién estás pagando con tu atención para que te diga qué comprar, qué pensar o de qué tienes que estar enfadado.

Durante 1.021 días, una docena de talleres y ochenta mecánicos suecos demostraron algo que ninguna chequera puede comprar: que se puede resistir casi tres años frente al hombre más rico del planeta sin doblar la rodilla. Ahora, el sindicato IF Metall ha desconvocado la huelga después de que Tesla haya indemnizado, uno a uno, a los trabajadores afiliados que mantenían el conflicto. La empresa nunca firmó el convenio colectivo; se limitó a vaciar el piquete a golpe de talonario.

Es tentador interpretar este desenlace como el certificado de defunción de una época, como la constatación de que la solidaridad obrera nada puede hacer ante el capital ilimitado. Yo mismo defendí en estas páginas que la fuerza del modelo sueco resultaría imbatible. Corresponde ahora mirar lo ocurrido de frente, sin edulcorantes: no hay convenio firmado, no hay victoria formal y el sindicato se ve obligado a replantear su estrategia. Sin embargo, catalogar esto como una derrota histórica del sindicalismo implica leer de forma superficial la crónica de lo sucedido.

Empecemos por lo que Tesla ha necesitado para desactivar el conflicto: pagar. Indemnizar a ochenta familias, una a una, tras casi tres años de desgaste logístico, con estibadores bloqueando barcos en los puertos, carteros negándose a entregar sus matrículas, electricistas rechazando conectar sus cargadores y limpiadores sumándose al boicot desde Malmö hasta Oslo. Ninguna corporación compra la salida individualizada de una plantilla si puede sentarse a esperar su rendición incondicional. Que Elon Musk haya preferido el desembolso multimillonario a la negociación no es una demostración de fortaleza: es la factura que ha tenido que abonar porque la erosión reputacional y operativa se volvió insostenible. Se puede comprar el retiro de ochenta mecánicos; no se puede ocultar que hicieron falta 1.021 días y una suma astronómica para lograrlo.

El segundo factor clave es sistémico: en Suecia, nueve de cada diez trabajadores desarrollan su labor bajo la cobertura de un convenio colectivo. Tesla no ha derribado el modelo nórdico de relaciones laborales; ha ratificado que sigue siendo la anomalía extravagante dentro de él. Ninguna otra gran multinacional asentada en el país ha osado imitar su política de tierra quemada. Si la resolución de esta huelga demostrase que desafiar a la representación colectiva sale gratis, asistiríamos a un efecto contagio inmediato. No lo hay. El resto del tejido empresarial comprende que la factura de Tesla —en dinero, pleitos judiciales, bloqueos indirectos y desgaste público— supera con creces el coste de suscribir un marco colectivo estándar.

En tercer lugar, este conflicto nunca afectó únicamente a ochenta mecánicos. Constituyó el primer ensayo general a escala real de cómo un sindicalismo nacional activa redes de solidaridad interprofesional —puertos, correos, energía, servicios— frente a una transnacional sin centros de producción propia en el territorio donde se le plantea batalla. Eso no es un incidente aislado: es un manual de táctica. IF Metall ha anunciado una revisión exhaustiva de lo actuado. Conviene afinar el oído: no es una autopsia, es un reajuste de fuerzas. Es la conducta propia de una organización que analiza el terreno para el próximo asalto, no de una fuerza que se declara vencida. El sindicalismo europeo y nórdico diseccionará qué palancas funcionaron, dónde faltó presión y cómo bloquear la capacidad del capital para vaciar conflictos mediante indemnizaciones individuales. La lección existe porque se sostuvieron 1.021 días de pulso.

El conflicto ha puesto al descubierto, eso sí, una limitación estructural: una corporación con la liquidez de Tesla puede, si asume el desgaste político, aguantar financieramente más que ochenta familias privadas de salario regular durante tres años, por sólida que sea la caja de resistencia. Ahí reside la agenda inmediata: articular mecanismos europeos de apoyo financiero intersindical, incrementar la presión regulatoria sobre multinacionales que operan al margen de la negociación colectiva regional y coordinar acciones transnacionales que no descansen únicamente en la resistencia de una pequeña plantilla.

Habrá quienes pretendan convertir este final en una fábula ejemplarizante para despachos y tertulias, vendiendo la idea de que plantar cara al gran capital es una temeridad inútil. Que la cuenten como quieran, pero que la cuenten completa. La enseñanza fundamental de estos tres años no es el triunfo de Tesla, sino la constatación de que ochenta trabajadores, sin fábrica en el país pero respaldados por la fraternidad de carteros, estibadores y electricistas, mantuvieron en jaque al hombre más rico del mundo y le obligaron a comprar su salida en lugar de regalársela.

Marie Nilsson, presidenta de IF Metall, calificó a sus afiliados de héroes. No es retórica de consuelo; es la definición precisa de su lucha. Frente a quienes apresuran el réquiem por la acción colectiva, la realidad es otra: la resistencia no ha muerto, ha acumulado experiencia, analiza sus costuras y prepara la siguiente fase. La huelga ha concluido, pero la gran cuestión de nuestro tiempo —quién fija las reglas cuando una multinacional pretende situarse por encima de la sociedad— permanece intacta, ahora respaldada por 1.021 días de valiosa enseñanza combativa.

Ocurrió hace unas semanas en Nueva York. Cientos de personas se congregaron en el Festival Summer of Ludd, en homenaje a Ned Ludd. Según la leyenda fue el primer obrero que destrozó dos telares a martillazos al principio de la revolución industrial.

El festival neoyorquino estaba organizado por el movimiento neoludita, cuyos miembros defienden la vida con textura real, en la que nadie es esclavo de la tecnología. Fue una protesta contra los tecnoligarcas, que aseguran estar diseñando la IA mientras diseñan cómo explotar nuestras vulnerabilidades.

Los neoluditas realizan actos públicos por el placer de reunirse. Bailan, cantan, conversan, sin que nada de eso esté mediado por la tecnología: cultivan las relaciones humanas directas. Leí una crónica fabulosa del evento (aquí): nada de lo que hacen resulta extraordinario y a la vez todo lo es.

En su mayoría son jóvenes, aunque en los 120 eventos del festival se vio gente de todas las edades. Defienden una suerte de comunitarismo que rechaza el aislamiento derivado de la tecnología. Ocupan las calles, se miran a los ojos. No obligan a nadie a dejar el móvil en casa, pero cuando la cronista sacó su teléfono para hacer una foto, alguien le dijo: “Nosotros no hacemos estas cosas”. Le faltó añadir: puag.

Lo cierto es que resulta casi imposible encontrar información sobre los neoluditas en redes sociales. Apenas hay imágenes de sus actos. No tienen líderes ni organización centralizada: se inspiran en el feminismo. Consideran que el diseño de la tecnología ha erosionado el “bien común, el tejido social, las instituciones y el interés colectivo”. Se proponen impulsar la actuación colectiva frente a las grandes tecnológicas, y recuperar los espacios públicos para que la gente conecte. Quieren un mundo “asentado en lo local, los bienes públicos, el cuidado, la diversión, la democracia”.

Comparten experiencias sobre cómo apearse de la tecnología y ofrecen sus conciertos y lugares de encuentro como alternativa. Esto me parece inteligente: decir a la gente que esté menos tiempo en la pantalla no sirve de nada si no se ofrece algo mejor. A veces destruyen un iPad a martillazos, como los luditas históricos destruían telares.

Todo ocurre en el momento oportuno: mientras llegan noticias de agentes de IA que toman decisiones propias, los neoluditas nos recuerdan que los realmente autónomos somos los humanos. El mundo digital, tan iluminado, es angosto. Fuera de él corre la vida entera, que nos pilla más cerca en vacaciones.

Que los neoluditas hayan elegido ese nombre es una declaración de intenciones. Durante años se ha esgrimido el término “ludita” como acusación para quien no reverencia la tecnología. Estas gentes no quieren caer bien, sino buscar otro camino. Les inspira aquella primera respuesta organizada de los trabajadores ingleses contra las máquinas.

La destrucción de maquinaria textil de los luditas ingleses llegó a ser una amenaza para el establishment industrial inglés. Por eso en 1812 el Parlamento británico aprobó la pena de muerte para quienes recurrieran a esa forma de protesta. En su defensa intervino Lord Byron, propietario de tierras en el condado de Nottinghamshire, donde el brote ludita fue más potente: “¿No hay ya suficiente sangre en vuestro código penal, que aún debe verterse más para ascender al cielo?”, dijo a los parlamentarios. Cuatro años después escribió su Canción para los luditas.

Pese a todo el desprestigio que les ha caído encima, fueron el embrión del movimiento obrero. Si estás leyendo esto durante tus vacaciones pagadas, les debes algo. Y si trabajas en la economía de las plataformas o eres autónoma y no disfrutas de vacaciones pagadas, ya ves la alternativa.

Los tecnoligarcas se han apropiado de la idea del progreso pero ya no convencen a nadie: la revolución tecnológica ha desbaratado la protección social, ha precarizado el empleo y tritura la salud mental. Si nos transportan a los albores de la revolución industrial, sólo cabe hacerse neoluditas. Leyendo bien la historia, todo lo importante sucede cuando un grupo de gente comienza a organizarse en torno a sus problemas comunes. Entonces surge lo que Emile Durkheim llamó “efervescencia colectiva”. Está pasando.