Hay historias de amor que se viven al margen del matrimonio; son historias que tratan el adulterio como un escape, una grieta en el tejido burgués donde la fuerza de la costumbre -y de la gravedad- mata la pasión. En el caso de los hombres, el entusiasmo sólo se recupera cuando la pasión se actualiza en la esposa de otro. De esa manera, con el adulterio se regresa al misterio del amor, cuando el apetito venéreo se abre con la caza furtiva y su trajín carnal. 

De historias así se nutren cientos de películas y otras tantas canciones. Parejas a punto de romperse que, si no se rompen, es porque el miedo al vacío no permite la quiebra; son historias que, llegado el momento, se viven como una película. Y es aquí donde entra el golpe al corazón de Francis Ford Coppola y su cinta maldita: One from heart que, por estas tierras, se tituló Corazonada, con una Nastassja Kinski haciéndoselo de acróbata circense, recién salida de una grieta de la noche, coloreada por la luz viciosa de Las Vegas; un escape para el protagonista tras dejar atrás su matrimonio. 

La película se rodó en los estudios Zoetrope; un despliegue de decorados que llevaron a Coppola a la orilla del desastre donde Tom Waits cantó el obsceno sabor de la derrota, arrastrando su voz por caminos de polvo que sólo la música pudo levantar. “Abrázame niño tonto”, le canta Crystal Gayle en una de las canciones, una banda sonora que tiene tanto protagonismo como cualquiera de los personajes que aparecen en la película. Algún día de estos hablaré de Tom Waits y de otro de sus discos, el titulado Rain Dogs, pues la canción que lo abre -Singapore- le sirve al escritor Alfons Cervera para dar nombre a una mujer destruida sobre el paisaje marginal de su última novela. Una lectura que traspasa, como todo lo escrito por este autor de la Serranía valenciana; una firma que merece más reconocimiento del que se le está dando. Pero no me quiero despistar. Vine aquí a hablar de una película condenada a ser maldita.

Todo empezó en un aeropuerto, cuando Coppola fue abordado por un joven con un guion que no era otra historia de amor al uso, sino la historia de amor que el director andaba buscando desde hacía tiempo. Lo cuenta en su libro El cine en vivo y sus técnicas, (Reservoir Books), un volumen de memorias cinematográficas donde hace un repaso a la tecnología audiovisual empleada en algunas de sus películas. Porque Coppola escribe desde la experiencia, sin escapar de los errores cometidos, con una honestidad que demuestra cómo los grandes artistas poseen la categoría esencial de la que carecen los fingidores, me refiero a la humildad. Aceptar el fracaso de Corazonada es un ejemplo, pues, según cuenta él mismo, la hizo para asumir lo que esperaba que fuera el estrepitoso descalabro de su película anterior: Apocalypse Now. 

Pero cuando se trata de poner en juego la expresión artística, el resultado comercial siempre resulta tan azaroso como la vida de dos amantes que una vez que rompen se enredan en otros amores, sin saber que lo que realmente están buscando es encontrarse de nuevo, como la primera vez, cuando ella se dejó besar por los labios de un principiante en asuntos de la carne y él latía de ganas por rozarlos con algo más que con su boca. De eso va Corazonada, la película que Tom Waits canta con la voz abrasada por los tragos. Una obra maestra que no deben perderse.

En los meses de mayo y junio de 1995, tras el éxito del PP en las elecciones municipales y autonómicas, José María Aznar exigió que Felipe González abandonara la Presidencia del Gobierno y se convocaran elecciones generales anticipadas. “Váyase Sr. González”, fue el estribillo con que finalizaba sus intervenciones parlamentarias.

El presidente del PP consideraba que, tras el secuestro de Segundo Marey por los GAL, tras el escándalo de la huida del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, tras las escuchas del CESID, que habían afectado incluso al Rey, y tras la detención del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas habían sido en buena medida un referéndum sobre el Gobierno de Felipe González, que había quedado deslegitimado para mantenerse en el cargo.

González argumentó en el Pleno del Congreso de los Diputados que las elecciones municipales, autonómicas y generales no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos, y que cada una de ellas está prevista en el ordenamiento para transmitir legitimidad en cada uno de los niveles en que se estructura nuestra fórmula de gobierno. Con la Constitución de 1978, la única forma en que se podía destituir al presidente del Gobierno era mediante la aprobación de una moción de censura, a lo que José María Aznar se negaba en redondo.

Al no conseguir el objetivo de que Felipe González aceptara dar por finalizada la legislatura y convocara elecciones, la presión se centró en CiU, que era el único partido con escaños imprescindibles para completar la mayoría absoluta de investidura, aunque también fue apoyada por el PNV.

CiU no soportó la presión y, aunque no decidió apoyar una moción de censura, sí hizo pública la retirada de la confianza que había otorgado en la investidura a Felipe González.

El presidente del Gobierno entendió el mensaje y anunció que daba por finalizada la legislatura, aunque no se materializaría el fin de la misma de manera inmediata, sino que se pospondría al final del año, dado que España era el país responsable de gestión de la Unión Europea en ese segundo semestre de 1995. Las Cortes Generales quedaron disueltas al comenzar 1996 y se celebraron las elecciones, que ganó el PP, aunque sin mayoría suficiente para que José María Aznar fuera investido presidente.

Jordi Pujol intentó resistirse a investir a José María Aznar y llegó a proponer la abstención de todos los grupos parlamentarios, con lo que José María Aznar sería elegido por mayoría relativa en la segunda votación de investidura con los votos del PP exclusivamente. Pero Felipe González se opuso a dicha fórmula y al final, tras el Pacto del Majestic, José María Aznar fue investido presidente.

Estoy plenamente convencido de que Jordi Pujol no se ha arrepentido nunca lo suficiente de no haber soportado la presión en 1995 y haber retirado la confianza públicamente a Felipe González. Debilitó al “bloque democrático” y facilitó el acceso al poder de los herederos de Alianza Popular. Y se equivocó. Vaya que si se equivocó. José María Aznar no hace prisioneros. En la primera legislatura no pudo llegar más allá de donde la composición del Congreso de los Diputados le permitía. Pero en la segunda, con mayoría absoluta, decidió hacer el ajuste de cuentas, primero al PNV y después a CiU, agrietando, con ello, el sistema político de la Constitución de 1978 de una manera que todavía no hemos sabido cómo reparar.

En la legislatura que se inició el 23 de julio de 2023 el PP también pensó que iba a ganar las elecciones. Mucho más que en 1993. Y aunque no denunció “un pucherazo” en la misma noche electoral, sí consideró que el PSOE carecía de legitimidad para gobernar e intentó torpedear la investidura de Pedro Sánchez.

No ha dejado, además, de intentar crear un clima irrespirable para forzar al Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones. Y, sobre todo, se ha dado el paso de hacer uso del poder judicial para intentar derribar al Gobierno.

Ha habido un plan A político. Pero ha habido también un plan B judicial, que se ha expresado en la persecución de los dirigentes de Podemos y de los nacionalistas catalanes, pero que ha llegado hasta la familia del presidente del Gobierno y, sobre todo, al fiscal general del Estado.

El plan A ha consistido en la programación concatenada de cuatro elecciones autonómicas, con la finalidad, por un lado, de independizarse de Vox y, por otro, de debilitar al Gobierno. El plan no ha tenido éxito, ya que no se ha conseguido en ninguna de las cuatro comunidades la mayoría absoluta necesaria para ello. Se ha perdido incluso la única mayoría absoluta de la que se disponía, en Andalucía.

Inmediatamente después de constatado el fracaso del plan A, se ha puesto en marcha el plan B, con la persecución de José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, sin que se haya aportado el más mínimo indicio de en qué ha consistido la presión del expresidente sobre los funcionarios de la SEPI que habían intervenido en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

Desde la perspectiva del delito de tráfico de influencias, el auto de imputación es un auto vacío, que imposibilita el ejercicio del derecho a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nos encontramos, como en 1995, en una presión destinada a los socios que aprobaron la moción de censura en 2018 y que, de una manera u otra, han mantenido al Gobierno hasta hoy.

¿Se repetirá la historia?

El 15 de abril entró en vigor el plazo previsto para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Según es sabido, el procedimiento está acordado en un reciente Protocolo entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del pueblo, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos. Este Protocolo es continuación, a su vez, de un Acuerdo para dar cumplimiento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre reparación de las víctimas de abusos que han prescrito o sobre los que se ha extinguido la acción penal.

El camino para llegar a este procedimiento no ha sido fácil. Ha necesitado múltiples conversaciones y el intercambio de fórmulas diversas entre las partes. A cambio, la existencia de un acuerdo final basado en el diálogo hace pensar que nos encontramos ante una vía sólida para llegar a una solución adecuada sobre los problemas pendientes en este ámbito. En mi opinión, el Acuerdo merece una estimación positiva, porque encierra varias claves que le conceden un valor especial.

El asunto está hoy en la agenda pública, no solo en España. Durante mucho tiempo se mantuvo el silencio sobre estos asuntos. El estigma social, junto a la reserva que siempre sostuvo la Iglesia sobre estas conductas cubrieron con una capa de silencio los casos de abusos, de modo que muchos de ellos no pudieron ser conocidos hasta mucho después de su comisión. El trabajo de las asociaciones de víctimas, a la par que las denuncias de los medios de comunicación, pusieron de manifiesto el alcance y la trascendencia del fenómeno, sobre todo en aquellos países en los que la Iglesia católica tenía una fuerte implantación social y obligaron a las autoridades a poner en marcha procedimientos penales ante los tribunales de justicia.

En efecto, son varias las razones por las que procede poner en valor el acuerdo alcanzado.

La primera razón es el cumplimiento de los insistentes requerimientos del Comité de Derechos del Niño. Hay que recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, el tratado multilateral más ratificado de la historia y ciertamente revolucionario, porque por primera vez en la historia de la humanidad considera a los niños y jóvenes sujetos de sus propios derechos, está firmado por la Iglesia católica en su condición de Estado de la Ciudad del Vaticano, así como por el Estado español. La Convención crea un Comité permanente con sede en Ginebra que tiene la misión de valorar las medidas que las partes firmantes hayan adoptado para garantizar los derechos que se reconocen en el tratado. A estos efectos, los Estados Partes emitirán un informe cada cinco años sobre el particular. La Santa sede ha venido presentando sus informes hasta 2007 y el Comité requirió que a más tardar el siguiente informe debería haberse presentado en 2017.

Aunque esta fecha se ha incumplido, en todos los pronunciamientos del Comité se incluyen un conjunto de recomendaciones, generales y concretas. Entre las primeras se denuncia la priorización de la reputación de la institución sobre el interés superior del menor, que es el principio fundamental de la Convención. Como medidas concretas, entre otras, se recomienda la remoción inmediata de los clérigos sospechosos o conocidos por cometer abusos, la obligación de reportar todas las acusaciones a las autoridades de la justicia civil o ciertas medidas para reformar el derecho canónico en orden a la transparencia.

El Comité extiende también sus recomendaciones a los Estados. En las recientes Observaciones finales al último Informe español, de febrero de este mismo año, junto con medidas de carácter general en relación con los abusos sexuales a menores (necesidad de crear estructuras especializadas, recopilación de datos sobre violencia sexual, promover planes de acción contra la explotación infantil), se recomienda poner fin a cualquier exención para los clérigos respecto a la obligación de denunciar abusos sexuales, establecer la imprescribilidad del abuso sexual cometido por el personal de la Iglesia católica, así como proporcionar reparación a las víctimas.

De modo tal que el Acuerdo que comentamos viene a dar cumplimiento finalmente a las recurrentes prescripciones del órgano multilateral superior en la vigilancia del cumplimiento de la Convención, tanto por lo que se refiere a la Iglesia católica en nuestro país cuanto al propio Estado español, lo cual da un especial valor a la iniciativa que se ha adoptado.

La segunda de las razones que avalan el acuerdo es la naturaleza del instrumento.

Es sabido que algunas Iglesias particulares (organismos territoriales de la Iglesia católica) han tomado iniciativas sobre los abusos sexuales de los clérigos. Entre ellas destaca un primer Informe de la Conferencia Episcopal Alemana, elaborado por tres universidades y publicado en 2021, que concluye que el encubrimiento de los casos investigados, es “inherente al sistema”. Pero también han hecho su informe el episcopado francés, el polaco, la Iglesia belga, algunas diócesis irlandesas, la Conferencia episcopal de Países Bajos y la Conferencia Episcopal de EEUU. Todos ellos identifican multitud de casos de abusos sexuales por parte de personas vinculadas a la Iglesia y prevén sistemas de justicia restaurativa apoyados en la creación de fondos económicos, así como la creación de órganos de escucha y atención a las víctimas.

En algunos casos, la iniciativa eclesiástica va acompañada de acciones paralelas por parte organismos oficiales, como en el caso del Parlamento belga con la creación de un Centro de Arbitraje independiente y también se han dado supuestos de iniciativas puestas en marcha por entidades privadas en EEUU, Irlanda y otros países. Entre estas últimas, un interesante informe de CRIN (Children Rigths International Network), organización de investigación e incidencia política basada en la Convención sobre los Derechos del Niño, recoge la experiencia de 18 países de habla hispana más Brasil y recomienda, junto con la creación de un fondo estatal para las víctimas, la garantía de transparencia de las organizaciones de la Iglesia y la celebración de un acto público de reparación simbólica para las víctimas.

El caso de Australia, finalmente, tiene perfiles propios. En 2013 se constituyó una Comisión Real de investigación sobre los casos de abuso sexual a los menores, no referida exclusivamente a los casos de la Iglesia católica. El gobierno australiano aceptó la mayoría de las recomendaciones y la Iglesia católica se adhirió al programa de indemnizaciones para evitar el alto grado de litigiosidad procesal previsible.

El caso español es singular entre este conjunto de posiciones y no creo equivocarme al decir que el modelo resulta ventajoso y favorable para las víctimas.

El Congreso de los Diputados encargó al Defensor del Pueblo un informe elaborado por una comisión independiente sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Dicho informe fue presentado en octubre de 2023. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos aprobaron en 2024 un Plan Integral de Reparación de Víctimas de Abusos, que está en funcionamiento.

Más allá de estos hechos, el modelo que establece el Protocolo aprobado tiene un valor en sí mismo. Se trata de un sistema pionero precisamente por su carácter mixto: Gobierno, Conferencia Episcopal y Conferencia de Religiosos, Defensor del Pueblo. A dicho sistema pueden acudir voluntariamente aquellas personas que no pueden ejercer la acción penal a causa de la prescripción del delito o extinción de la responsabilidad penal y que, por tanto, no podían llegar a obtener ninguna reparación. El Acuerdo prevé la existencia de unas oficinas técnicas en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y en la institución del Defensor del Pueblo que, junto a la Comisión Asesora prevista en el Plan de la Conferencia Episcopal, se encargarán de tramitar las solicitudes y emitir los preceptivos informes sobre la valoración de los casos. Si no hay acuerdo, el asunto pasa a una Comisión Mixta en la que tienen participación todos estos organismos y que cuenta con la participación de representantes de las asociaciones de víctimas, con la misión de alcanzar un consenso. Si después de varios intentos de confluencia persistiere la falta de acuerdo, será la institución de Defensor del Pueblo la que determine la valoración y la reparación correspondiente, que pasará a la oficina de la Conferencia Episcopal para su ejecución.

Por tanto, estamos ante un modelo singular, garantista, que está preparado para resolver los casos que no tendrían ningún recorrido fuera de esta vía, que prevé la participación de todas las partes, incluidos los representantes de las víctimas y que descansa finalmente, si no hubiere acuerdo, en una institución constitucional que no depende del Gobierno ni de la Iglesia: el Defensor del Pueblo.

Finalmente, hay que destacar la base firme sobre la que el Acuerdo se cimenta. El principal valor de la fórmula adoptada, con toda su complejidad, tiene su fundamento en la obligación moral de cumplir las decisiones adoptadas. Si el compromiso se mantiene, estamos ante una vía principal para resolver de una vez el problema de los abusos sexuales en la Iglesia católica durante tanto tiempo sometidos al silencio. De todas las partes depende que dicho compromiso esencial no se desvanezca.

He tardado en encontrar la metáfora, pero por fin he podido explicar a mi abuela que las bitterballen son como croquetas de ropa vieja con un rebozado algo más duro que las que hacemos aquí, pero con forma de pelotita, como una albóndiga a la defensiva, y que se sirve con mostazas que, de no llevar cuidado con la cantidad, te abren las fosas nasales. He tardado en poder explicarle muchas cosas a mi abuela porque en Holanda las cosas son muy parecidas a las cosas de aquí, pero tangencialmente opuestas. La otra tarde me tocó llevar una comanda a un tipo que había pedido cerveza con cocacola; o sea, no cerveza y cocacola, sino mezcladas. Le dije al compañero: “esta mierda es lo que mezclan los niños en las bodas cuando se aburren” y él me respondió que son cosas de alemanes. También son cosas de alemanes lo de beber cerveza con Sprite o cerveza con un appelsap o un aperol spritz sin hielo, o eso dicen ellos, eso dicen los holandeses, que a cada acto de terrorismo para el paladar me dicen que son cosas de alemanes. Lo que más me está costando explicarle a mi abuela es lo a gusto que estoy en un sitio donde beben cerveza con cocacola.

Ameland es un sitio bonito. Seguramente, sea el sitio más bonito en el que haya estado nunca; ni que decir tiene que es el sitio más bonito en el que he vivido, con permiso de mi Murcia querida, cuya belleza, estoy aprendiendo ahora, siempre ha ido más por dentro que por fuera. Tiene veinte kilómetros de punta a punta y yo vivo al oeste, junto a un prado con ovejas y caballos y junto a un faro de bandas rojas y blancas y casitas de madera y molinos de viento y tengo todos los días la sensación de estar en el set de rodaje de Se ha escrito un crimen y esta última creo que es la referencia más adecuada para explicarle a mi abuela dónde carajos estoy, y la verdad es que yo tampoco lo sé del todo. Sé que hay un ferry que sale unas pocas veces al día y que si lo pierdes te quedas y que al principio eso me angustiaba un poco y ahora me parece la mejor noticia del mundo. A partir de cierta hora del día, somos los que estamos y no puede venir nadie más y eso me parece chulísimo.

Lo peor es el tiempo, pero la buena noticia es que si no te gusta el tiempo que hace solo tienes que sentarte a esperar diez minutos; o sea, que el tiempo le pone remedio al tiempo y eso seguramente sea lo más complicado de explicar a mi abuela porque mi abuela lleva ochenta y pico años viviendo en un sitio donde el tiempo no cambia, donde el verano es el verano y el invierno es el invierno y punto, y ya está, y la idea de que en un mismo día te pueda dar el sol en la cara y mojarte hasta los huesos y volverte a secar y volverte a mojar antes de una tontísima granizada como una lluvia de asteroides le parece una falta de seriedad. Y tiene razón. Es una falta de seriedad. Aquí llueve cuatro de cada tres días y no ves un paraguas por la calle, la gente se enfunda un chubasquero como un dementor y salen a pedalear y a hacer caso omiso a la meteorología porque si dependes de que salga el sol para hacer planes, simplemente no haces planes.

Cuando llegué me dijeron que no me escandalizase si veía a un chaval de catorce años trabajando en un supermercado y cosas así porque aquí es legal, y entendí por qué aquí el salario base va en función de la edad que tengas desde los 13 a los 21 y que yo cobro más que mi jefe porque soy más mayor y que un niño de dieciséis cobra casi diez euros la hora, pero lo que no voy a entender jamás, nunca, ni en esta vida ni en la otra y lo que no voy a poder explicarle a mi abuela por más que lo intente es por qué un niño de dieciséis años en Holanda cobra más que un adulto en España porque no hay metáfora, aunque sí se puede decir que son cosas de alemanes.

Cuando se juega al juego de tronos, solo se puede ganar o morir. No hay puntos intermedios.

Cersei Lannister

Se multiplican indicios y suposiciones -sin demostrar- sobre el primer expresidente de gobierno español imputado por un juez de la Audiencia Nacional. Periódicos aparentemente serios publican incluso referencias a un chat que duró unos meses en el que se hablaba de Zapatero. A ese nivel estamos ya en menos de una semana. Reticencias sobre la fiabilidad de las imputaciones hay varias, certezas de lo sobrepasado en las acusaciones también, pero ni la menor duda de que, si Zapatero merece esta inculpación, sus antecesores más, al punto que para Aznar cabría hasta cadena perpetua de utilizarse el mismo baremo.

A la espera de concreciones, en cualquier sentido, llaman la atención algunos puntos esenciales. El auto del juez es “un auto policial”, sumerge la descripción de hechos en un océano de insinuaciones y juicios de valor típicos, y al tiempo impropios, de un atestado policial. Algo insólito en un simple auto de imputación“, escribe aquí el abogado Carlos López-Keller que nos tiene acostumbrados a brillantes análisis. ”El auto asume que Zapatero habría ejercido un liderazgo que “no se manifiesta de forma formal o pública”, lo que parece extraño, porque la influencia consiste precisamente en dejarse ver, en actuar públicamente, en hacer valer su presencia para mover voluntades“, dice.” Nada relaciona los pagos a Zapatero con la aerolínea ni con gestiones a su favor“, añade y remata con ironía pero apuntando una posible explicación: ”Alguien llama a Julio Martínez “lacayo” de Zapatero. Más que un lacayo, aparece en el relato de Calama como el sacerdote de un dios que no se manifiesta. Es posible que, como hacen todos los sacerdotes, este hombre haya vendido falsas influencias“.

La que se ha armado es, sin embargo, descomunal. El auto lo ha convertido la oposición política y mediática (que vienen a ser lo mismo) en verdad de fe y condena sin juicio, al punto de llevar a unos titulares y portadas que envilecen el periodismo. No es la primera vez. Debe ser más rentable esto.

Apesta y mucho que Feijóo, Ayuso y Cuca Gamarra supieran de antemano de la imputación de Zapatero. Ha habido filtración del trabajo judicial por tanto y con total impunidad. Pese a la “sensibilidad” del Supremo cuando González Amador denunció, sin pruebas, al fiscal general por supuestamente lo mismo y García Ortiz fue condenado con pruebas en contrario.

Apesta y mucho más si cabe que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intervenga con amenazas y presumiendo de su “información privilegiada” para amenazar ¡a Pedro Sánchez! En asuntos procesales no es otra cosa que filtración, pero, si admitió que miente en el Supremo sin ninguna consecuencia ya puede hacer lo que quiera. Da idea del descrédito de partes fundamentales de la justicia. Ahora bien: es inaceptable y ya tarda la petición de responsabilidades.

Quien la hace la paga, desde luego. Así debe ser. Pero, no ocurre siempre así en la práctica. El juez no se mete en esto si no hay agua en la piscina, dicen; piscinas rebosantes y hasta el ancho mar y un enorme océano pletóricos de agua hay, con seguridad, y ni uno mete siquiera la puntita del pie. En el caso de Zapatero, primero hay que salir a la orilla con pruebas y luego con parámetros equitativos de aplicación de la justicia. Por cierto, si alguna vez el Consejo General del Poder Judicial abandona su hermetismo para algo más que protestar por las críticas a algunas actuaciones judiciales, querríamos saber, qué diferencia hay entre el “tráfico de influencias” atribuido a Zapatero y el que despliegan desde hace décadas ya Felipe González y sobre todo Aznar. Porque ambos han experimentado un enriquecimiento obsceno. ¿Lo de todos estos son lobbies, dicen, y lo de Zapatero tráfico de influencias? elDiario.es reseñó en detalle el bagaje empresarial, de asesorías y funciones de lobbies, de González y Aznar mucho más extenso que el de Zapatero. “La mayor tabaquera del mundo, un gigante minero, grandes eléctricas, fondos de capital riesgo, bufetes…. Son algunos sectores y grandes empresas a los que han prestado servicios de asesoría y lobby en las últimas décadas los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González”.

Una exclusiva de eldiario.es averiguó que Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi. De todos los contratos que cerrara la empresa en Libia hasta un máximo de 250 millones de euros de facturación, y de 0,5% a partir de esa cifra. Además, cobró un adelanto de 100.000 euros. Ningún juez, ni fiscal dijo ni pío.

Y hablamos de actividades económicas porque las responsabilidades políticas que habrían de haberse derivado en ambos casos, de González por el Gal, sin duda, pero sobre todo del cúmulo que arrastra Aznar, no se han movido para nada. Hasta llegar a su soflama golpista de El que puede hacer que haga, tan eficaz como vemos.

Es muy llamativo que sea José Luis Rodríguez Zapatero el primer expresidente llamado a declarar ante un juez. Y no me refiero al recurso fácil de las entendederas atravesadas adscritas al “y tú más” que diluyen responsabilidades de unos y otros. Sí es un hecho constatable y significativo. Y desde luego, “la influencia no se presume. La influencia se prueba. El juez no puede decir: ”Como fue presidente, seguro que influye“, como resume un conocido vigilante de la actividad judicial.

Varias de estas actuaciones, por cierto, parecen confluir en el novio de Ayuso (sin que ella haya llegado al gobierno de España como ambiciona), a las que añade las acusaciones de fraude fiscal, además. La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió este jueves, sin que sepamos a cuento de qué, al embajador de Estados Unidos, en la sede de la Comunidad.

Punto verdaderamente inquietante es que haya intervenido, a instancias de la investigación española, una agencia estadounidense con argumentos para la imputación de Zapatero. La misma noche que se conoció, un opositor mexicano, ex subsecretario de Estado, alardeaba de esa implicación que en definitiva parecía ser del trumpismo, sin olvidar las amenazas públicas de Netanyahu a Sánchez. Quizás es una “película”, quizás ni eso, bastante tenemos aquí.

Marcelino Madrigal, el experto en redes que ha colaborado durante años en distintas investigaciones internacionales, ha dicho: “No soy amigo de conspiraciones pero si he aprendido algo de mi experiencia con FBI y NSA y agencias de seguridad de Estados Unidos es que no mueven un dedo por nada si no beneficia a Estados Unidos, incluido detener delincuentes”

Pero ya está en marcha la condena pública al escarnio, a despellejar a Zapatero, a entrar en cualquier aspecto de su vida, a cargo del entramado que busca poner en la Moncloa al PP, con Vox. Para redondear el circo, el juez -“que no es Peinado”, sino Calama, dicen- ha aceptado a PP, Vox y Hazte oir como acusaciones particulares en el Caso Plus Ultra, y que faltan otras cinco entre ellas Manos Limpias, “política” neta como se ve. La marquesa de Casa Fuerte, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, se erigió en portavoz del movimiento, para descalificar de tal modo a Zapatero que se remontó incluso a la ruptura de esa convivencia que, según ella aseguraba la sumisión al franquismo. Porque la España sin heridas es la ultra, la que obliga a tragar con toda esta basura. Si tienen el estómago a prueba de ácidos escúchenla.

Le tenían ganas, insisto en que esa es una clave importante. Zapatero se metió a fondo a modernizar y democratizar el país. Sus leyes sacadas a pulso son su bagaje. Se volcó en ampliar libertades individuales y en el fomento de la igualdad. Con un rechazo frontal de la derecha, bajo sus gobiernos se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004) Ley del matrimonio igualitario (2005), la llamada Ley del divorcio exprés (2005), Ley de Memoria Histórica (2007), Ley de identidad de género (2007) o la Ley Antitabaco (2005/2010)

Dejaron heridas que aún escuecen. Añadamos que, junto con su ministro Rubalcaba, acabó con ETA, pese a lo útil que, aún hoy, parece ser la antigua organización terrorista para la derecha más cerril. A Zapatero le cayó encima la quiebra del sistema capitalista de 2008 que pagamos los ciudadanos. En recortes, en reforma laboral, en adaptar la Constitución del 78 a las exigencias del mercado que le impusieron desde Europa y que Rajoy se apresuró a secundar solícito para firmar con él. Desde la Troika a Obama presionaron a Zapatero y nadie le ayudó. Rajoy le puso cuantas zancadillas pudo, incluso en Europa. En mi libro “España, Ombligo del mundo” lo conté en detalle. Tranquilos, no es una autopromo, está descatalogado.

Muchos más rencores persiguen al expresidente -hasta mediáticos- que se van viendo aparecer con inquietud porque son nuevas piedras en… piscinas de aguas muy sucias. Al mismo tiempo Zapatero gozaba de un gran reconocimiento en el PSOE, compartido en buena parte por la izquierda, que ahora está desolada. Qué casualidad todo esto ¿verdad? Ahora, en manos de la jauría político-mediática, van por él a dentelladas. Y el valido de Ayuso, exsecretario de Aznar, anuncia, en jolgorio amenazante, que Sánchez es el siguiente objetivo. En un Estado de Derecho no debe reinar el “juego de Tronos” y si por desgracia ocurre lo mínimo es conocer sus reglas y obrar en consecuencia.

No es lo peor. Pensar en J. Edgar Hoover, el director del FBI durante décadas, ante la figura de Kash Patel, quien ocupa ahora el mismo cargo por designación directa de Donald Trump, no es la parte más sórdida de un episodio siniestro que se repite de otro modo pero con similar impunidad. Tampoco lo es, puestos a buscar analogías extremas, exponer al propio Trump en cotejo con el presidente Richard Nixon. Es más, aun siendo Hoover y Nixon paradigmas de la razón iliberal, la comparación es falaz. Porque lo peor es haber dado otro paso. Ahora hacia el más allá.

Hoover, como operador oscuro en una democracia supuestamente liberal, es difícil de superar. Espió a todos los presidentes, de Franklin D. Roosevelt a Nixon –con especial atención y desdén a los hermanos Kennedy– y a todos los defensores de los derechos civiles, desde Rosa Parks hasta Martin Luther King. Nunca confesó su homosexualidad pero persiguió a cuanto gay se moviera en el entorno del poder: los consideraba débiles, expuestos a la seducción del comunismo, su principal enemigo. Convivió con la mafia, tuvo vínculos con Frank Costello, y acabó enfrentado a Nixon, quien desde su propio exceso llegó a pedirle escuchas de prácticamente todos los periodistas de Washington. ¿Pueden superar esto Patel y Trump? Están en ello. Son igual de corruptos, amorales y carentes de mesura pero a diferencia de Hoover y Nixon son huérfanos de instrucción política, pericia técnica y capacidad ejecutiva. 

Es verdad que, tanto la antigua dupla como la actual pareja al mando comparten las extensas tierras del lado oscuro, pero Trump y Patel lo hacen asistidos solo por el instinto: como las mariposas nocturnas van hacia el fuego confundiéndolo con la luz. 

Donald Trump sabemos de dónde viene y eso lo explica, pero encontrarle un principio a Kash Patel, quien parece surgir de la nada, para justificar su destino actual es más complejo. Todo parece comenzar cuando Trump, agobiado en 2016 por la conexión rusa en el triunfo en sus primeras elecciones, gritó: “¿Dónde está mi Roy Cohn?”

El presidente invocaba a su antiguo abogado, colaborador de Hoover y al servicio de Joseph McCarthy en la caza de brujas al igual que del mafioso Anthony Costello, a quien Trump contrató con poco más de veinte años pero ya curtido en el negocio inmobiliario. El mapa del poder, como queda claro, exhibe múltiples vasos comunicantes. 

Kash Patel aparece entonces en escena cuando, a las órdenes de un congresista republicano, David Nunes, ayudó a identificar los atajos legales que el FBI había utilizado para intervenir los teléfonos de un asesor de la campaña de Trump en 2016 y exponer la trastienda del llamado Russiagate. Allí Patel se hace visible para Trump. Claro que no tanto como él cuenta en su libro de memorias, Government Gangsters, que publicó en 2023 (sí, parece risible, pero como se irá viendo Patel ya tiene mucho para rememorar): «acabó siendo el investigador principal“, dice de sí mismo en tercera persona, ”que destapó el mayor escándalo político de la historia de Estados Unidos». 

Patel, a pesar de haber convertido al FBI en una fuerza capital para la política de antinmigración y deportación ejercida por el gobierno desde el ICE, es hijo de indios e hinduista practicante. En la página oficial del FBI exhibe un currículum apócrifo ya que cambió el nombre de la universidad en la que se graduó por otra más prestigiosa y ostenta un título en derecho internacional de la Facultad de Derecho del University College London que no posee, según objeta Bennett Gershman, un profesor suyo en la Facultad de Derecho de la Universidad Pace. Algo similar al “posgrado” en Harvard del CV de Pablo Casado, expresidente del PP, que cursó durante cuatro días en una escuela de negocios de Madrid. 

Pero, metido en harina, y ya en su puesto de director de una organización policial de las dimensiones del FBI, Patel se planteó cuatro prioridades. La primera, a todas luces inconclusa pero que él da por terminada, es la investigación sobre los delitos sexuales de Jeffrey Epstein. El otro desafío, también sin resolver, es la filtración del Covid-19 desde un laboratorio (no da muchos más datos pero como posverdad tiene músculo). Aún hoy sigue investigando el papel que desempeñaron los agentes del propio FBI en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 y el emprendimiento más original –quizás alentado por Trump– es la denuncia de una nueva conspiración, según la cual el Partido Comunista Chino estaría matando sistemáticamente a estadounidenses con fentanilo como parte de un “plan a largo plazo” para “eliminar a decenas de miles de estadounidenses al año” que “podrían llegar a servir en el ejército de los Estados Unidos o convertirse en policías o profesores”. Esto lo declaró el propio Patel en una charla en junio del año pasado en un podcast con Joe Rogan. 

Cuando Hoover investigó y expuso ante el senador McCarthy, durante la caza de brujas, a Arthur Miller, Dalton Trumbo o Dashiell Hammett –por citar solo algunos–, ninguno negó su filiación: al contrario. En esto también era más eficaz que Patel en su cruzada reaccionaria. Ocurre también, como apuntó el escritor Jeet Heer, que nadie encaja mejor que Patel en su puesto ya que ha convertido el FBI en una agencia de venganza personal de Trump. Heer lo compara con Roy Cohn y lo considera un consigliere del presidente. 

Un consigliere con todo el apoyo de la Casa Blanca por su entusiasta participación en los esfuerzos de Trump por utilizar a las fuerzas del orden federales contra quienes el presidente consideraba sus enemigos políticos pero totalmente negligente. Patel carece del control de la organización por falta de experiencia que demostró, según consignó Marc Fischer, escritor y exeditor de The Washington Post, al destinar la cuarta parte de los agentes al control de inmigración en las ciudades que Trump ha señalado como objetivo. Ha despedido a todos los agentes, muchos de ellos los mejores, a quienes se habían asignado casos contra Trump. De igual modo, la periodista Sarah Fitzpatrick en The Atlantic informó que días antes de que Estados Unidos iniciara su guerra con Irán, Patel despidió a miembros de un equipo de contrainteligencia dedicado, en parte, a Irán. El director declaró ante el Congreso que los agentes habían sido despedidos porque su trabajo de investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente los había llevado a infringir las normas éticas de la agencia. Varios funcionarios, interrogados por Fitzpatrick, dijeron que les preocupaba que los despidos se hubieran precipitado y dejaran a Estados Unidos con falta de personal en un momento crucial.

Algo parecido ocurrió, según el senador demócrata Mark Warner, con un agente de contrainteligencia extranjera que sacaron de un caso relacionado con China para que patrullara por Washington D. C. y realizara detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol. 

El alcohol, precisamente, es uno de los problemas a los que se enfrenta Patel. El reportaje de The Atlantic hizo públicos algunos episodios de embriaguez que tuvieron como consecuencia ausencias inexplicables en su puesto de trabajo. 

Su comportamiento ha alarmado en numerosas ocasiones a los responsables del FBI y del Departamento de Justicia. Al principio de su mandato, las reuniones y sesiones informativas tuvieron que reprogramarse para otra hora del día como consecuencia del consumo nocturno de alcohol. En varias ocasiones durante el último año, los miembros de su equipo de seguridad tuvieron dificultades para despertar a Patel porque, al parecer, se encontraba ebrio, según la información facilitada por funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca. El año pasado se solicitó un “equipo de asalto” —que suelen utilizar los equipos SWAT y de rescate de rehenes para acceder rápidamente al interior de edificios— porque no se había podido contactar con Patel, que se encontraba tras puertas cerradas con llave.

Cuando The Atlantic le pidió comentar los hechos, el FBI en una nota atribuida a Patel declaró: “Publíquenlo, todo es falso, nos vemos en los tribunales; traigan su chequera”. La demanda está en marcha, al igual que una serie de procesos legales del gobierno de Donald Trump contra medios de comunicación por artículos desfavorables.

Borges definía a la democracia como una dictadura de la estadística. Era su manera irónica de señalar la paradoja del ejercicio del poder de una parte de la sociedad sobre la otra voluntariamente. Lejos estaba de pensar en una conjura de necios aunque, posiblemente, no la descartara. ¿Cómo hacerlo hoy ante un régimen de legos? Esto es lo peor. 

Tras las elecciones andaluzas damos la salida a la carrera electoral hacia las próximas generales. Entramos en ella con el espacio de la derecha despejado y con la izquierda desmovilizada y debilitada.

El pasado domingo tuvieron lugar las elecciones andaluzas y, con ello, no solo cerramos un ciclo electoral, sino que arrancamos el que nos llevará hasta las próximas elecciones generales. Si no hay adelantos, tenemos por delante un año de campaña constante: en mayo de 2027 habrá elecciones autonómicas en diez regiones y locales en toda España, y las generales vendrán inmediatamente después.

Merece la pena, pues, repasar cuál es el balance de este ciclo electoral que comenzamos en Extremadura hace cinco meses y ha pasado por Aragón y Castilla y León para llegar a Andalucía. El PP forzó este período de urnas con el objetivo de erosionar al gobierno y visualizar con claridad que la alternativa.

Si atendemos únicamente a las encuestas de las generales, no parece que el PP haya subido en intención de voto en los últimos cinco meses. La tendencia es prácticamente plana, tanto para el PP como el PSOE y, si acaso, observamos que ha habido un ligerísimo retroceso de los populares. No obstante, creo que eso sería una conclusión demasiado miope.

En primer lugar, creo que al final de este período el PP ha conseguido proyectar una sensación de cambio de ciclo con cuatro elecciones seguidas siendo la fuerza más votada. Es cierto que los objetivos mayores no se han conseguido. No ha habido mayoría absoluta ni en Extremadura ni en Andalucía, pero en las cuatro ha sido el claro ganador. Ha rondado o superado el 40% de los votos (salvo en Aragón) y ha mantenido al menos diez puntos de ventaja frente al PSOE (salvo en Castilla y León). En todas ellas, además, el bloque de la derecha ha superado claramente el 50% de los votos.

Más allá de esto, una de las consecuencias de este ciclo electoral que nos arroja luz sobre lo que viene es que ha servido para aclarar el espacio de la derecha. Y aquí nuestras conclusiones hoy son distintas de las que extraíamos en febrero, con las elecciones aragonesas. Entonces parecía que forzando elecciones el PP había abierto la puerta a un ascenso de Vox que, además, pretendía disputarle la primera posición en la derecha. Esa volatilidad estaba imposibilitando cualquier acuerdo entre ambos partidos y dejando las investiduras autonómicas en el aire. Hoy entramos en la recta final hacia las generales con ese espacio más despejado. Vox se ha frenado en las encuestas y las aspiraciones de ser primera fuerza parecen olvidadas. El ciclo deja claro que, de momento, el rol del PP es el de fuerza que lidera el espacio y el de Vox el de socio minoritario.

Esto ya se ha traducido en un cambio de estrategia. Por un lado, entramos en el nuevo ciclo con Vox permitiendo investiduras y formación de gobiernos. La lógica es clara: Vox no tiene incentivos para mantener una postura insurreccional que le impide superar su techo del 20%. Para crecer, necesita mostrarse como fuerza de gobierno. Por otro lado, que se despeje este espacio tiene consecuencias. Por si a alguien le quedaban dudas, los gobiernos del PP pasan por Vox. Ambos están atados el uno al otro. Y un Vox dispuesto a gobernar se centra en exigir pocas medidas, pero muy claras. Entre ellas, destaca la inmigración como prioridad central. Podemos anticipar que un gobierno de la derecha que saliera de las próximas elecciones llevaría a Vox dentro, con la política migratoria como elemento vertebrador del acuerdo.

La izquierda entra en la carrera hacia las generales en una posición mucho peor, agravada esta semana con la imputación de Zapatero. Este ciclo electoral nos ha servido para comprobar no solo la debilidad del PSOE, sino también la escasa capacidad de movilización de Sumar y Podemos. En el último barómetro del CIS, el PSOE tiene una fidelidad de voto del 67,5% y Sumar, incluso incluyendo a Podemos, la tiene por debajo del 50%.

Según el barómetro de Ipsos para La Vanguardia de abril, la derecha superaría en estos momentos los 12 millones de votos, el récord histórico solo alcanzado antes en 2011, mientras que la izquierda se quedaría en torno a 8,5 millones, una cifra que solo se había registrado en los dos momentos en que la derecha obtuvo mayoría absoluta: en 2000 y en 2011. Dicho de otro modo: si las generales fueran hoy, la izquierda movilizaría el mismo volumen de voto que cuando perdió por mayoría absoluta. Y lo haría no porque sus votantes se hayan ido a la derecha en masa, sino porque no logra compensar sus pérdidas con nuevas incorporaciones. La fuga también va hacia la abstención y otras fuerzas más pequeñas. La izquierda necesita, por tanto, un acicate de ilusión para tener opciones en las próximas generales.

Y en estas, una de las mayores novedades de este ciclo electoral ha sido la fuerza que han mostrado la Chunta y Adelante Andalucía. En ambos casos, las encuestas nos muestran que su ascenso se ha asentado en parte en votos que vienen tanto del PSOE como del espacio Sumar/Podemos. Esta tendencia apunta a que puede repetirse en unas elecciones generales, donde la fragmentación y el debilitamiento del voto de izquierda puede beneficiar a las opciones regionalistas o soberanistas de izquierdas.

Con ello se da una de las conclusiones más paradójicas de este ciclo. La estrategia seguida por la izquierda en el Parlamento durante esta legislatura también siembra las semillas de su propio problema electoral. Sánchez ha conseguido algo inédito: forjar una coalición parlamentaria resistente con prácticamente todas las fuerzas de ámbito autonómico, desde el PNV hasta Bildu, pasando por ERC o Junts. Ese acuerdo ha sido su principal activo de gobernabilidad. Pero al hacerlo, ha contribuido a consolidar en el imaginario de una parte del electorado la idea de que para parar a la derecha radical no es necesario votar al PSOE ni a Sumar. Votar a la Chunta, a Adelante Andalucía o a Bildu puede tener el mismo efecto de bloqueo.

Entramos pues, en este último año de legislatura con una izquierda con dudas acumuladas tras un ciclo adverso, una fidelidad de voto en mínimos, un flanco regional cada vez más poroso y, ahora, el peso de la imputación de Zapatero como ruido de fondo. Y sin embargo, un año es mucho tiempo en política.

No tienen bastante con educar a nuestros hijos, enseñarles materias y competencias, seguir programaciones pedagógicas, rellenar interminables protocolos, informes y memorias, adaptarse a la enésima reforma educativa, mantener la buena convivencia, supervisar el recreo, resolver conflictos, prevenir el acoso y atajarlo cuando es detectado, cuidar la salud mental de los alumnos, enfrentar problemas sociales y familiares que nada tienen que ver con la docencia, atender las quejas de las familias, asumir a menudo actividades extraescolares, organizar viajes, salidas y graduaciones, y todo ello después de haber estudiado y superado unas oposiciones, y haberse pasado años recorriendo la provincia o la comunidad de pueblo en pueblo hasta tener una plaza propia…, no tienen bastante con todo este agotador párrafo, que además ahora también tienen que defender la educación pública.

Eso es lo que hacen estos días docentes de todos los niveles educativos en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón, así como educadoras infantiles de Madrid y las que se están uniendo de toda España: defender la educación pública. Habrá quien piense que vale, que muy bien, que la educación es cosa de ellos, y vea sus protestas como un conflicto laboral, pero qué va: es cosa de toda la sociedad, de eso que nos gusta llamar “comunidad educativa” y que no son solo profesores, alumnos y familias, sino que además de incluir al personal administrativo o de limpieza (que solemos dejarlos fuera), en sentido extenso nos alcanza a todos.

Los días de huelga que acumulan trabajadores de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid (y que conllevan descuentos en las nóminas: defender la educación pública les cuesta también dinero), las manifestaciones masivas, los cortes de tráfico, la dimisión en bloque de equipos directivos valencianos, o la próxima manifestación estatal de educadoras infantiles este sábado, no van solo de subidas salariales (que por supuesto tienen derecho a reclamar): en todos los casos repiten las mismas demandas, pues los problemas son comunes en todos los territorios. Reducción de ratios, más profesores y recursos, atención a la diversidad, menos burocracia, dejar de privilegiar a la concertada…, leemos en las pancartas de unos y otros, y en quienes previsiblemente se unirán en otras comunidades.

El malestar en la enseñanza está generalizado, y a todos los niveles, desde la infantil hasta la universitaria. Cualquiera que tenga profesores en su entorno, o hijos en edad escolar, puede dar fe de la sobrecarga, el agotamiento y el desánimo que sufren tantas y tantos profesores y maestros, que en esas condiciones tienen que hacerse cargo de nuestros hijos, y de todas las tareas enumeradas en el primer párrafo y algunas más.

Antiguamente era frase hecha esa de “pasar más hambre que un maestro”, pues el abandono de los docentes viene de lejos. Hoy podemos reformularla: “estar más quemado que un maestro”.

El 22 de mayo de 1976 yo tenía siete años. Ese sábado, mientras millones de niños y niñas estábamos pegados a la tele de tubo viendo el último capítulo de Heidi, alucinados porque la amiga discapacitada de la muchacha de los Alpes podía levantarse de la silla de ruedas y volver a andar, una revista con nombre que sonaba inglés llegaba a los quioscos de toda España. Fueron 100.000 ejemplares. En pocas horas se vendieron más de 85.000. 

La portada de aquel primer número de interviú no dejaba dudas de las intenciones de sus tres creadores con residencia en Barcelona: Antonio Asensio, José Ilario y Jerónimo Tarrés. Una modelo de ojos verdes, que dejaba entrever sus oscuros pezones bajo un vestido semitransparente, miraba fijamente al lector. Se comía toda la portada. Aquella mujer anónima estaba rodeada de titulares que no dejaban indiferente.

Los jóvenes reporteros Josep Ramoneda y José Martí Gómez firmaban un reportaje sobre un caso de corrupción político-judicial con aceite adulterado que afectaba a un ministro franquista. El periodista José María Portell narraba en primera persona el ataque ultraderechista con armas de fuego en una romería carlista. Un año después, Portell era asesinado por ETA. Otro texto hacía hincapié en el número de gallegos que habían tocado poder en España –José Calvo Sotelo, Francisco Franco, Manuel Fraga, etc.– y que “no han hecho gran cosa por el terruño”. Había dos reportajes internacionales, uno sobre las mafias que actuaban en Las Vegas y otro sobre un doble crimen sucedido en el Aconcagua. Y una entrevista a Sara Lezana, actriz y bailaora de flamenco, en la que mostraba su aversión hacia la extrema derecha y un vaticinio: “la igualdad no podrá existir nunca”. En el interior destacaba un texto sobre la rebelión homosexual y dos sesiones de fotos, unas sensuales de la actriz estadounidense Sidney Rome y otra con estética setentera de una tal Sally Booker. 

Esta fue la primera “cesta de navidad” que ofreció interviú con todos los manjares ocultos por el franquismo. Así definió la revista el escritor Manuel Vázquez Montalbán, columnista, entrevistador y reportero de interviú durante décadas. En 2018, el semanario de los desnudos, los sucesos y los reportajes de denuncia e investigación cerró. La crisis de la publicidad destinada a la prensa en papel, la resistencia de los lectores a pagar por la versión digital de la revista, el abandono por parte del Grupo Zeta (propietaria de interviú) y una sociedad que ya no entendía la presencia de una mujer semidesnuda en primera página acabaron con ella. Teresa Viejo, directora de interviú entre 2002 y 2004, la primera mujer en dirigir una publicación de información general en España, me lo explicó de forma sencilla: “La clave del fracaso de interviú es que toda la vida fue un paso por delante de la sociedad y, de repente, iba por detrás y la propia sociedad cambiante te aniquila”. Nostra culpa.

El cierre de un medio de comunicación siempre duele, sobre todo el de uno que tuvo una vinculación especial con sus lectores (un 70% eran hombres y un 30%, mujeres). Y lo peor es que en estos más de ocho años desde su desaparición, el único legado que ha dejado la revista son un puñado de episodios con aroma escabroso y morboso: unas fotos publicadas en 1983 de Lola Flores en topless que fueron pactadas pero cuya selección no gustó a La Faraona; una imagen tomada por un paparazzi en 1989 a la socialité Marta Chávarri, en una discoteca y sin ropa interior, que la revista compró y publicó; presiones a Marta Sánchez en 1991 para hacer una sesión de portada a cambio de no publicar unas fotos que le hicieron sin su permiso; o una portada donde aparecían la modelo Mar Flores y el conde Lecquio en la intimidad publicada en 1999.

Vale que interviú tiene cosas de las que arrepentirse, límites que sobrepasó y rectificaciones que tuvo que publicar a toda página. Como cualquier medio de comunicación que arriesga. Hay cosas peores, como el actual escupidero de bulos y desinformación en que se han convertido algunos seudomedios. Pero es muy injusto que no se haya producido un acto de reparación por la contribución de interviú a la defensa de las libertades, de todas. Analizando los 2.177 números publicados en casi 42 años y los numerosos especiales y suplementos, está claro que la revista ayudó a asentar la democracia, fue el mejor onboarding para los españoles con ansias de cambio tras casi cuatro decenios de postulados nacional-católicos y represión franquista.

El cadáver del dictador Francisco Franco todavía humeaba cuando interviú salió a la calle a decirle a los españoles que nos merecíamos una democracia homologable a las más avanzadas de Europa, que cuidado con la transición porque no era tan modélica como nos la estaban vendiendo –entre 1975 y 1982 se produjeron más de 3.200 acciones violentas de todo signo– y que había fuerzas económicas y políticas que iban a intentar frenar el acelerón de un verdadero estado de Derecho. interviú se convirtió, por salvaje e indecente, en el enemigo público número uno para nostálgicos, ultramontanos, ultraderechistas, mojigatos, elite empresarial, incluso para compañeros de la prensa, de la derecha y la izquierda, que acusaban a la publicación de pornográfica, sensacionalista y populista en su lenguaje. Ser número uno también en ventas provocó escozor. 

Por su distintas redacciones pasaron cientos de periodistas, fotógrafos, columnistas dibujantes y diseñadores. Emilio Romero, Fernando Vizcaíno Casas, Francisco Umbral, Fernando Fernán Gómez, Manuel Vázquez Montalbán, Adolfo Marsillach, Juan Manuel de Prada, Camilo José Cela, Andreu Buenafuente, Joaquín Sabina o Juan José Millás fueron algunas de sus firmas más reconocidas. Las viñetas, tiras e ilustraciones de Forges, Perich, Martinmorales, Miguel Gila, Mingote, Carlos Romeu, Quino, Manuel Summers, Fernando Vicente, Ricardo Cámara, Gallego & Rey, Joan Vizcarra o Eneko, entre otros muchos, salpimentaron sus páginas. Entre 1976 y 2018 se publicaron más de 20.000 reportajes de actualidad, muchos exclusivos. El semanario se ojeaba y manoseaba en ministerios, peluquerías, bares y bufetes. Había personas que la leían de tapadillo y diputados que la llevaban en la mano en la sede de la soberanía nacional.

En vida nadie se atrevió a valorar la importancia de la revista que inventó el periodismo de denuncia. Solo los Premios Pop Eye, galardón dedicado a la música y las artes, la eligió en 2016 como la mejor publicación en España por sus reportajes de investigación y portadas provocadoras. Ese mismo año, la Journal of Spanish Cultural Studies, publicación hispanista de referencia en EE. UU., reconoció que durante el “periodo excepcional” de la transición, “interviú fue el único canal de expresión que existía en España” para conocer la represión franquista. Ahora nos parece normal leer historias de excavaciones de fosas, de memoria dignificada, pero a finales de los setenta y ochenta, el riesgo que corrían periodistas y editores no era pequeño. En 1977, reporteros y espeleólogos bajaban a la sima de Jinámar, un paraje volcánico en Las Palmas de Gran Canaria, para demostrar que aquella oquedad fue utilizada por fascistas y caciques para lanzar decenas de cuerpos de represaliados republicanos tras el golpe de Estado de 1936. Poco después, las páginas de interviú destaparon la terrible crueldad franquista en Navarra o los campos de concentración utilizados por los sublevados a lo largo de toda España.

Aquellos reporteros de los primeros años estaban obsesionados con denunciar todas las tropelías tras la sublevación militar y dar voz a los perdedores. Hasta el final de sus días, la revista dedicó muchas páginas a investigar a los miembros del comando ultraderechista que perpetraron la matanza de Atocha en 1977. Varios de ellos fueron localizados por interviú, evidenciando los fallos del sistema judicial y penitenciario. También siguieron la pista del famoso policía torturador Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. O encontraron y facilitaron la extradición de Emilio Hellín, jefe del comando de extrema derecha que asesinó a la joven izquierdista Yolanda González en 1980 y que se había refugiado en Latinoamérica –como tantos otros de su calaña– tras aprovechar una salida carcelaria. Lidia Martín, madre de Yolanda, llegó a reconocer públicamente la labor de la revista “Gracias a interviú, el asesino volverá al lugar del que nunca debió salir”.

interviú también fue singular poniendo en práctica un tipo de periodismo de provocación que situaba a la sociedad española frente a un espejo y que aprovechaba para testar tendencias sociales. Para denunciar lo fácil que era evadir dinero en la transición, reporteros atravesaron la frontera con Francia con un maletín lleno de billetes falsos. El texto acababa así: “lo mejor es que usted, señor capitalista, invierta ese millón en el país, es la única manera de hacer patria”. En una época donde la homosexualidad no era consentida, un periodista y un miembro de un colectivo gay se pasearon de la mano por la conservadora ciudad de Ávila, se besaron y hicieron arrumacos para observar la reacción ciudadana. Encontraron más empatía que rechazo. Hay cientos de estos trabajos periodísticos, algunos inconcebibles, como el que se publicó para hablar del racismo en la España moderna de comienzos de los noventa. La revista puso en la calle a un actor haciéndose pasar por un blanco esclavista que llevaba maniatado a un hombre negro e indocumentado; o el de la pareja (de periodistas) que contrata los servicios de una prostituta para aprender las técnicas amatorias. Puede resultar chocante, pero en ese periodo posfranquista, la educación sexual –casi igual que hoy– no existía. Que una prostituta explicase cómo se da un beso con lengua, cómo acariciar de forma placentera o cómo hacer una felación parecía mucho más didáctico. Y no se quedó en esa época este periodismo gonzo. En los ochenta, reporteras se hicieron pasar por enfermas con sida para comprobar cuantas puertas se les cerraban. En un restaurante, el responsable tiró a la basura los cubiertos usados por la supuesta portadora de VIH. Y en 2003, otra reportera se vistió como una mujer musulmana, con velo incluido, y se lanzó a la calle a buscar piso, se apuntó a un curso, visitó el Ejido (Almería) o se paseó por El Corte Inglés. Todo para entender la reacción de la sociedad. Hubo de todo, comprensión y desprecio. 

Es verdad que los trece responsables que tuvo la revista –doce hombres y una mujer– y la familia Asensio como empresa editora se atrevieron con casi todo. Si no, hubiera sido imposible que en 1977 y para denunciar el número de violaciones que se producían en España, el semanario llevó como tema principal de la cover un reportaje titulado “¡Vosotros, machistas, sois los terroristas!”. El argumento de que la violencia machista mataba más que ETA lo repitió en los noventa con un amplio informe sobre esta lacra que todavía sufrimos hoy.

Es verdad que en la memoria también quedarán los cuerpos acribillados de los marqueses de Urquijo; un Luis Roldán, director de la Guardia Civil en época de Felipe González, en calzoncillos con un testículo al aire durante un sarao con amigas meses antes de huir tras ser acusado de enriquecerse con comisiones ilegales; un grupo de encapuchados armados que realizaban la guerra sucia contra el terrorismo etarra; un Salvador Dalí apagándose entre tubos para ayudarle a respirar; los cabecillas de la trama Gürtel –caso de corrupción que afectó al PP– desparramando; o al tesorero popular Luis Bárcenas en una bici estática en el patio de la prisión.

Antonio Asensio siempre defendió que lo que hacía interviú era un “periodismo popular de calidad”. Habrá quien diga que era periodismo amarillista. Yo me fío de la Fundación Gabo, que define la prensa popular como aquella que se ocupa de comunicar las noticias de mayor impacto y más relacionadas con la vida de la población con un lenguaje sencillo y amigable. Y como dijo uno de sus primeros directores, Ignacio Fontes, interviú convenció y entretuvo a toda la clase media, “la baja clase media, la media clase media y la alta clase media”.

Y también fue única en el mundo por convertir en protagonista de su portada a una mujer semidesnuda. Al principio fueron modelos sin nombre por temor a las acciones judiciales, después llegaron las actrices, cantantes y bailaoras de la transición. Eran un símbolo de liberación. Un intelectual de la época aseguró que hasta que no llegó el desnudo de Marisol, no comenzó de verdad la democracia en España. Luego tocó el turno a folclóricas, maniquíes nacionales e internacionales, presentadoras de la tele, tit stars (Sabrina, Samantha Fox, Pamela Anderson…), concursantes de la telerrealidad… Firmaron contratos y cachés, y hasta posaron por amor al arte, aristócratas, concejalas, trabajadoras sexuales, soldados, buscavidas, cupletistas, blogueras, cocineras, violinistas, estibadoras, mises, fugitivas, estilistas, supervivientes, activistas, policías... mujeres de toda clase y condición. 

Cuando ya habían posado Paula Vázquez, Anne Igartiburu, Terelu Campos, Alaska, Bimba Bosé, Olvido Hormigos, Najwa Nimri y Chenoa, fue el momento de los desnudos protesta. Tras el 15M y las distintas oleadas de activismo feminista, enseñar por enseñar estaba perdiendo el sentido. Y más si la mirada predominante en la revista era la masculina. Habían llegado también las redes sociales. La revista buscó la manera de sobrevivir a la crítica por el desnudo. Incorporó como colaboradoras a conocidas fotógrafas para realizar sesiones que empoderasen a la “guapa de portada”, y buscó historias más allá: una estibadora del puerto de Algeciras que por ser mujer no podía trabajar en determinadas labores, una marinera que había sufrido acoso en el Ejército, una modelo de tallas grandes vetada en las portadas de las revistas femeninas, las mujeres de empleados despedidos de Coca-cola… Y hasta una mujer mastectomizada. La portada de la atleta y maratoniana Natacha López, sin un pecho, con la cicatriz, y una camiseta que rezaba “Fuck cancer”, fue una de las últimas portadas con éxito en los quioscos.

En la revista hubo conversaciones sobre cómo evolucionar, como mantener el espíritu periodístico sin perder la seña de identidad del erotismo, del desnudo, pero no se llegó a una solución sostenible económicamente. Aquellas portadas que durante décadas vendieron cientos de miles de ejemplares a la semana y que sirvieron para pagar dignamente a los periodistas que salían cada lunes en busca de historias exclusivas por toda España, y parte del extranjero, ahora eran un lastre. Aquella interviú, que nació libre como el título de la famosa película británica donde una leona criada por humanos lograba vivir de forma salvaje y criar a sus cachorros, llegó a sus últimos días abandonada por todos. Una forma de hacer reporterismo moría con ella.

Stephen Colbert ha hecho mucho más que hacernos reír los últimos 20 años. Su sátira política ha servido para explicar la financiación de los partidos o los abusos de poder. Su empatía ha canalizado conversaciones sobre el luto, la fe o la violencia. Puede que los guiones fueran mejores que los de otros shows, pero su sutileza detrás de los chistes es lo que probablemente marcaba la diferencia con los demás. 

Su despedida anoche, con elegancia y gratitud, fue una muestra más de lo que hacía a su programa especial. Con agradecimiento a la audiencia y al equipo, y sin la acritud de los tiempos marcados por el actual presidente. Fue una noche para la historia de la televisión en el teatro Ed Sullivan donde se grababa el programa y donde los Bealtes actuaron en 1964, en su mítica gira por Estados Unidos.

El final del Late Show este jueves, forzado por la CBS, es reflejo del momento en la vida pública de Estados Unidos: la operación inédita de control gubernamental de la televisión; la deriva autoritaria que no aguanta la crítica del poder, y todavía menos si tiene gracia; la crisis de los canales de información tradicionales en medio de la competencia de cualquier cosa en las redes, el volumen sin freno de contenido malillo, la falta de atención y la desconfianza de todo lo que suene a institución. 

Pensando en las últimas dos décadas se puede trazar una línea desde el debut de Colbert. Su primer programa en solitario, The Colbert Report, parodiaba a Bill O'Reilly, presentador de Fox News durante 15 años y opinólogo ultraconservador del programa más exitoso de la televisión por cable (Fox lo echó en 2017 después de años pagando para silenciar acusaciones de abusos sexuales). 

En 2005, en el primer episodio de su programa parodia, Colbert habló de la palabra “truthiness” (algo así como “apariencia de verdad”). Metido en su personaje de tertuliano ultra, Colbert explicaba que “no era fan de los diccionarios” porque eran “elitistas”. “No me creo los libros. Son todo hechos, no tienen corazón. Eso es lo que está separando al país… Estamos divididos entre los que piensan con la cabeza y los que saben con el corazón”, decía mientras en la pantalla aparecía un cartel “cabeza, mal; corazón, bien”. Y decía que el entonces presidente George W. Bush “sentía la verdad”, poniendo como ejemplos la invasión de Irak y un polémico nombramiento en el Tribunal Supremo. “La verdad viene de las entrañas”, decía Colbert, embebido en su personaje, que reflejaba bien lo que ya pasaba entonces. Los frutos más crudos de esa política de las entrañas están ahora a la vista. 

El papel de la televisión era y ha seguido siendo un elemento esencial que también ha alimentado los peores instintos amplificados después por las redes sociales y la potencia sin freno de Internet. Incluso los late shows como el que ahora presentaba Colbert.

Su antecesor en el programa nocturno de entrevistas y humor en la CBS, David Letterman, se disculpó hace unos años por haber contribuido a retratar a Donald Trump como alguien que no era, un multimillonario lleno de éxitos incluso cuando estaba al borde de la quiebra y exprimía a los contribuyentes neoyorquinos a fuerza de favores políticos.

Revistas y periódicos retrataron a Trump como un emblema del éxito e incluso la belleza -el primer perfil publicado en el New York Times, en 1976, lo comparaba con Robert Redford-. Pero cuando ya estaban claros sus trapicheos, bien entrados los 90, Letterman lo entrevistaba entre bromas y halagos sobre su fortuna sin el más mínimo escepticismo. Incluso poco antes de que Trump lanzara su campaña presidencial le pidió perdón por haberle llamado “racista” por la falsedad que repetía Trump de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos y, por lo tanto, no tenía derecho a ser presidente. Como otros, Letterman no se lo tomó suficientemente en serio y el vendemotos daba audiencia.

Hace unos días, como parte de la despedida del show que ha dejado de existir, Colbert y Letterman arrojaron sillones del plató de la CBS desde el tejado del edificio en el centro de Manhattan donde se ha grabado durante más de tres décadas el show que ambos han presentado. Era un desafío a las reglas de la televisión de no dañar sus propiedades ni arrojar nada desde el tejado, y, sobre todo, una forma de protesta por la cadena que ha capitulado ante las presiones del presidente. Tal vez era un buen símbolo de la tragicomedia. La que queda por contar no tiene buena pinta. 

Pero no siempre ha sido así y no siempre tiene que serlo. En un discurso a los recién graduados de 2006, Colbert alertaba contra quienes ya estaban de vuelta o decían estarlo: “El cinismo se enmascara en sabiduría, pero no puede estar más lejos de serlo. Porque los cínicos no aprenden nada, porque el cinismo es una ceguera autoimpuesta, un rechazo del mundo”. 

La sátira política seguirá pese a Trump y quien venga detrás. Entretanto, se notará la ausencia de Colbert, siempre irónico, nunca cínico.

Pedro Sánchez será recibido por el Papa en el Vaticano el próximo miércoles 27. Pedro Sánchez mantendrá un encuentro con el Papa en la sede de la Nunciatura Apostólica de Madrid la mañana del 8 de junio. Pedro Sánchez estará presente ese mismo día durante el discurso que el pontífice pronunciará en el Congreso de los Diputados en una histórica sesión parlamentaria. Y Pedro Sánchez encabezará también la representación del Gobierno que acompañará a Robert Francis Prevost durante su visita a la Sagrada Familia en Barcelona un día más tarde.

En una semana en la que Sánchez y el PSOE aún no se han recuperado del golpe emocional que ha supuesto la imputación del expresidente Zapatero por liderar presuntamente una trama nacional e internacional de tráfico de influencias, La Moncloa busca consuelo en la visita que el pontífice realizará a España entre el 6 y 12 de junio.

No es que pretendan ser más papistas que el Papa, es que han decidido encomendarse al pontífice en uno de los trances más complicados de la legislatura para que le abra la puerta al 5. La expresión es habitual entre los estudiosos de la demoscopia y significa la búsqueda del centro, que no es un espacio ideológico, sino una actitud que en ocasiones se confunde con la moderación y en la que suele moverse un 30% del cuerpo electoral. Es el punto medio de una escala con la que hace años que los encuestadores emplazan a los encuestados a definirse ideológicamente entre el 1 y el 10, entre la izquierda y la derecha. 

En esa nota de la escala hay una masa de electores despolitizada que no se plantea la vida en términos ideológicos, que no sigue habitualmente la política, que no conoce en profundidad a los líderes de los partidos, que suele ir con la corriente y que se deja influir por los inputs que recibe de sus entornos. Se trata, en definitiva, de personas que transitan con facilidad de un partido a otro y que pueden pensar en determinados momentos como la izquierda y en otros, como la derecha. 

Los sociólogos entienden que se puede ocupar una posición central y ser progresista, pero también conservador. Sin embargo, no es ese el espacio por el que hoy transita la derecha de Feijóo, y sí el que pretende conquistar ahora Sánchez. Y es que considera que, después de haber asumido con naturalidad la “prioridad nacional”, que no es otra cosa que discriminación y racismo, el PP ha renunciado a ese carril central por el que circulan buena parte de los católicos no practicantes del país que militan en la defensa de la inmigración y los derechos humanos que reclama el Papa y también el gobierno de España.

Por eso Sánchez, que no es católico pero sí dice escuchar a León XIV con interés, busca con la visita sacar rédito del viraje del PP a las posiciones más ultras y del enfrentamiento que Vox mantiene con la Conferencia Episcopal y el Vaticano. El propósito es conquistar ese 5 que la demoscopia también identifica con los valores de paz, concordia y convivencia que defiende el pontífice y que coinciden con la defensa de Sánchez del “No a las guerras” y su oposición a las políticas de Trump. 

Cosas veredes en una España que la Constitución consagró como estado aconfesional y en un socialdemócrata que ha encontrado en el vicario de Cristo a un igual. Un jefe de Estado al que se reconoce por sus críticas a la invasión de Venezuela, la guerra en Irán y la defensa de los inmigrantes y el derecho internacional, y que ha llegado a acusar al inquilino de la Casa Blanca de padecer “delirios de omnipotencia” y hasta de tener “las manos llenas de sangre”. Siempre, eso sí, sin mencionarlo expresamente, pero con una contundencia que algunos creen que puede zarandear conciencias en el voto católico y de derechas tanto en EEUU como en Europa.

Más allá del auto judicial, que según las fuentes más creíbles parece bastante sólido aunque también muy insuficiente, una impresión sin datos surge de la lectura de las informaciones que se han publicado en torno al mayor escándalo desde hace muchos años: el que afecta al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que fiscales y policías, y luego el juez instructor, han ido a por él lanzando una investigación cuando no existían ni indicios mínimamente sólidos, y sólo porque el exlíder socialista era simplemente un objetivo necesario. Otros personajes de su nivel y similar trayectoria podrían haber sido los escogidos. Pero le ha tocado a él por su destacado papel político en el marco de la izquierda.

Pero esa reflexión no aporta nada habiendo llegado las cosas hasta el punto en que han llegado. Sobre todo porque esa muy larga investigación ha sacado a la luz sospechas serias de comportamientos irregulares por parte de Zapatero y de prácticas que entrarían de lleno en el terreno de la corrupción política. Otra cosa es que se pueda probar que unos y otras sean hechos constitutivos de delito, lo cual sólo se sabrá al término de un proceso que puede durar años.

Mientras tanto, y aparte de que Zapatero esté condenado a sufrir una situación ominosa y lamentable, lo importante, lo prioritario para todo el cuadro político y para buena parte de la opinión pública, es lo que vaya a ocurrir justamente en la escena política como consecuencia del escándalo.

Y eso depende de unos cuantos factores, pero los cálculos electorales que hagan los partidos, todos los partidos, es uno de los más destacados. Ahora se debate si habrá una o no una moción de censura para tumbar al Gobierno. Pero ésta solo se producirá si los partidos que representan una mayoría de escaños en el Congreso consideran que el momento electoral que seguiría a esa moción les es favorable. Lo mismo, o algo muy parecido, vale para una disolución de las Cortes decidida por el presidente del gobierno.

Parece bastante claro, y algunos sondeos lo confirman, que el momento electoral actual es muy propicio para la derecha, para el PP y para Vox, sin entrar en el reparto de fuerzas que se produciría entre ambos, que son vasos comunicantes. Entre otras cosas porque se está produciendo un trasvase de votos del PSOE que, sin ser muy cuantioso, unas 750.000 personas, indica una tendencia bastante sólida en este momento.

¿Está en condiciones el PSOE de frenarla y, lo que es más importante, de revertirla? A corto parece que no. A menos que se produzca un cambio de escena por ahora totalmente imprevisible, el escándalo Zapatero va a seguir conmoviendo el panorama aún durante un buen tiempo y dentro de no mucho coincidirán con él el juicio contra el hermano del presidente y es muy probable que también el de su esposa. Además de nuevos cargos contra Ábalos y Koldo. Eso nos llevaría, cuando menos, a la vuelta del verano y no se puede descartar del todo que entre tanto no surjan nuevos sustos para el PSOE, propiciados por los mismos de siempre.

Pero luego quedarán algunos meses hasta que se tuvieran que celebrar obligatoriamente las elecciones. Y en ese tiempo, corto o largo según se mire, los socialistas más optimistas creen que se podría dar la vuelta a los sondeos. Dado, sobre todo, el gran número de indecisos y de personas que dicen que no van a votar pero que podrían hacerlo en el último momento. Y también a que un reagrupamiento unitario de los partidos situados a su izquierda es hoy por hoy una posibilidad que podría concretarse justamente dentro de unos cuantos meses. 

Aguantar hasta que pase el temporal, unos cuantos meses, sería por tanto la consigna para esas gentes que creen que todavía no está nada perdido. Y se dice, pero nadie lo sabe, que Pedro Sánchez está entre ellas. Un breve paréntesis para añadir que la economía puede tener su papel en el proceso, sobre todo dentro de unos cuantos meses. Porque el apagón económico mundial que los especialistas pronostican, y que ya está empezando a verificarse, podría para entonces llegar también a España, que hasta hoy ha sido bastante inmune a esos avatares. Y eso sería bastante malo para los socialistas, si éstos siguieran en el gobierno, y seguramente sería también la puntilla para sus esperanzas electorales.

Obviamente todas esas hipótesis son opinables y donde algunos ven negro otros pueden ver la luz. Lo único importante es lo que piense el líder omnímodo, Pedro Sánchez. No se le debe ocultar que los meses que vienen van a ser insoportables para él y los suyos, que la derecha y los medios afines a la misma van a golpearles sin piedad día tras día y que es probable que eso desanime a más de un votante potencial de izquierdas. Esa va a ser la estrategia de Feijóo y los suyos: machacar hasta que el aire se vuelva irrespirable y que se consolide el convencimiento de que el tiempo es ya de derechas, de que no hay nada que hacer contra eso.

Los partidos nacionalistas, Junts y el PNV, que tienen en su mano la llave de la legislatura, con la posibilidad de que apoyen una moción de censura del PP, no van a ser inmunes a esas presiones. Y su posición actual, la de no alinearse bajo ningún concepto con el partido de Feijóo si éste viene de la mano de Vox, podría cambiar radicalmente a tenor de las circunstancias.

Es curioso comprobar como los dos cambios fundamentales que han sacudido la tramitación de un proceso penal en los últimos treinta años, aligerando notablemente la labor de los jueces, han venido sin reformas legislativas de calado. Por un lado, en el ámbito del enjuiciamiento, la conformidad penal se ha generalizado, simplificando el trabajo de los juzgadores, a quienes las partes ofrecen el fallo ya pactado; por otro lado, en el ámbito de la instrucción penal, ya no asombra el dejar la investigación en manos de fuerzas policiales, lo que ha difuminado hasta el desconcierto la labor de la justicia.

Esto se advierte particularmente en la Audiencia Nacional donde, desde hace años, los jueces de instrucción han dejado de instruir, encargando a los cuerpos de seguridad, en alguna de sus siglas, que averigüen lo que ha pasado y le traigan la sentencia hecha. Parecerá sorprendente, pero hace no tanto tiempo la policía no existía en el proceso penal: era el juez el encargado de recabar los datos, decidir las pruebas y valorar su resultado. Ahora, sin ningún cambio en la ley, los jueces delegan en la policía no solo la función de buscar datos y aportarlos al procedimiento, sino también la labor de valorar tales datos y sacar conclusiones. El proceso se ha convertido así en un expediente vacío donde todos, desde el juez hasta los imputados, quedan a la espera de que la policía aporte sus conclusiones cocinadas extramuros. 

Meditaba yo sobre estas cuestiones mientras me disponía a leer el auto de Calama con el ánimo encogido, con esa aprensión del espíritu de quien abre una novela triste que termina mal. Parecería que toda decepción es, por naturaleza, imprevisible; sin embargo, en este caso se me antoja predecible y, de tan obvia, me ronda antes de leer nada. 

Según me interno por las páginas del auto, se confirman mis primeros temores: estamos ante un texto policial. Será un pálpito estilístico, si quieren, pero el tenor atrancado, quebrado y reiterativo del auto sugiere un origen en un corta y pega de previos relatos, de anteriores informes de los que se han seleccionado párrafos sin una estructura lineal ni ordenada; en un discurso inaprehensible, desfilan ante nosotros personas que no sabemos quiénes son ni qué hacen. No solo es una cuestión de estilo: el auto del juez sumerge la descripción de hechos en un océano de insinuaciones y juicios de valor típicos, y al tiempo impropios, de un atestado policial. Ello otorga a la resolución un tono extrañamente apodíctico, insólito en un simple auto de imputación. 

Volviendo a su fortaleza, el señor se queja a su sirviente de lo largo que es el camino de regreso. “Dé gracias a que el camino sea largo”, le replica este, “si fuera más corto no llegaba al castillo”. Algo parecido le sucede al auto de Calama. A lo largo de páginas enteras intenta desgranar la “influencia en la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra”, pero el camino no llega al castillo. Lo que describe, con un detalle minucioso, son las gestiones de Julio Martínez, al mando de Análisis Relevante, en favor de Plus Ultra. En este capítulo, Zapatero no aparece: se habla de él, pero no consta ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje que haya remitido o recibido. El auto asume, con cierto azoramiento, que habría ejercido un liderazgo que “no se manifiesta de forma formal o pública”, lo que parece extraño, porque la influencia consiste precisamente en dejarse ver, en actuar públicamente, en hacer valer su presencia para mover voluntades. Zapatero es un líder que no hace nada, que no se manifiesta; una especie de dios. 

Sí que se describe que Análisis Relevante hizo bastantes cosas a favor de Plus Ultra en relación con la ayuda que pretendía: gestiones para presentar su petición, agendar reuniones, canalizar y hacer seguimiento de la solicitud, interesarse por la tramitación... Bien, nada de esto supone una influencia en la concesión. 

Como recordarán los más veteranos, el tráfico de influencias entró en el Código Penal en 1991, a rebufo del escándalo de Juan Guerra, alentado por un legislativo que creía, como sigue creyendo hoy, que el respeto a la legalidad se garantiza aumentando la lista de conductas ilegales. Desde entonces, este delito ha ido buscando su acomodo a puros codazos con la actividad de ‘lobby’, actividad lícita y oscura, propia de quienes viven de monetizar su agenda de contactos. La línea divisoria entre una y otra actividad es delicada y fina, casi imperceptible pero necesaria, porque separa el delito de lo que no lo es. 

Quizás el tajamar habría de colocarse en la influencia: hay delito cuando al resolver el funcionario está sucumbiendo a la influencia de un tercero; cuando el funcionario, con su decisión, está respondiendo a un favor que se le pide, aunque lo que se le pida sea legal. Siendo sinceros, esto no aparece por ninguna parte en el auto: ayudar a una empresa a que su petición tenga éxito no es delictivo. Por el contrario, el juez destacará que SEPI pidió más y más información, al menos en cinco ocasiones, a Plus Ultra, de quien se llega a decir que falseó los datos presentados y maquilló su situación patrimonial. Si la ayuda estaba concedida de antemano, ni la SEPI hubiera pedido tantas explicaciones ni Plus Ultra hubiera tenido que falsearlas. 

Estas deficiencias argumentales se observan también respecto a las gestiones de Julio Martínez ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para que autorizaran unos vuelos a la aerolínea. No hay delito en pedir algo a la administración y que esta conceda lo pedido. Consciente de ello, el auto debe insinuar que Julio Martínez tenía una “posición de influencia” en el Mayor General presidente del INAC, pero no explica de dónde saca semejante conclusión.

Finalmente, la referencia a la constitución de unas sociedades en Dubai ya entra en el auto derrapando. No convendrá poner la mano en el fuego, que luego uno se tiene que comer sus palabras, pero el relato apunta a un conocido sesgo policial: cuando la sospecha es infundada pero muy golosa, no te resistas a plantearla. El indicio es este: un tipo le informa a Julio Martínez sobre cómo crear una sociedad en Dubai y la víspera Julio había comido con Zapatero, con reserva previa únicamente para dos personas. Debe haber algo que se me escapa porque, como indicio, es más que pobre.   

El auto ofrece, en definitiva, poca chicha. Termina su argumentario con la relación de pagos a Zapatero y sus hijas, en un capítulo inexplicablemente breve del auto --no más de cinco páginas de las ochenta y cinco que tiene-- y confuso --la policía suele mezclar las cantidades facturadas con las recibidas, haciéndose un lío con el IVA--. Y es aquí donde encontramos la parte que nos convoca los sentimientos más encontrados. En una primera lectura, muestra una debilidad de enfoque: Zapatero no ha recibido ni un euro de Plus Ultra, y no hay prueba que vincule lo que cobró de Análisis Relevante con lo que esta sociedad recibió de aquella. Las cifras no cuadran en absoluto. De hecho, Zapatero ha cobrado de Análisis Relevante más dinero del que esta recibió de Plus Ultra. Nada relaciona los pagos a Zapatero con la aerolínea ni con gestiones a su favor. 

El hecho de que estas transacciones no vengan vinculadas a Plus Ultra deja pendiente la explicación de su razón de ser. Y aquí viene la segunda lectura, ya más desconcertante porque, puesto el foco en esta cuestión, no nos sacamos de la cabeza un molesto ruido de fondo. De ser ciertas las cantidades expuestas en el auto, Zapatero y sus hijas habrían cobrado de Análisis Relevante mucho dinero, tal vez la mitad de todo lo facturado por esta empresa, demasiado como para desentenderse de sus vicisitudes y pretenderla completamente ajena. 

En fin, en alguna de las llamadas interceptadas, alguien llama a Julio Martínez “lacayo” de Zapatero. Más que un lacayo, como he adelantado, aparece en el relato de Calama como el sacerdote de un dios que no se manifiesta. Es posible que, como hacen todos los sacerdotes, este hombre haya vendido falsas influencias. Tal vez Julio Martínez se anunciara en sus tarjetas como “amigo de Zapatero”, como Anton Schindler ponía en las suyas “amigo de Beethoven”, gracias a las cuales se le abrieron puertas y tendieron alfombras. Lo malo es que este dios ha cobrado del sacerdote, así que será una buena oportunidad para que aproveche el inmenso crédito moral que todavía posee en colmarnos de explicaciones, y nos aclare el contenido y destino de los trabajos que cobró. 

Termino el auto decepcionado, como suponía, pero no rendido. La decepción es un tesoro precioso, un privilegio al alcance solo de los ingenuos. No dejemos de creer.

Si tengo que escoger entre creer a Zapatero o al juez de la Audiencia Nacional que acaba de imputarle, creo a Zapatero. Escribo lo anterior y, de inmediato, me entra el temor a estar incurriendo en algún tipo de falta o delito relacionado con la mera expresión de dudas sobre la independencia y profesionalidad del poder judicial. Lo han conseguido: ya vivimos con miedo. Y lo peor está aún por venir.

Haré, no obstante, una apuesta pascaliana a favor de que todavía sea posible en España la libertad personal en materia de credulidad o incredulidad. Dicho de otro modo, que aún no sea obligatorio acordar a la opinión de un juez la condición de palabra de Dios, te alabamos, Señor.

Señalo esto último porque, en periódicos impresos y digitales, en tertulias televisivas y radiofónicas, en redes sociales e intervenciones en el Congreso, escucho en esta mañana que Zapatero es de modo indiscutible el jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias a nivel nacional e internacional. Nadie emplea la palabra presunto, pocos recuerdan que, en una democracia, todo acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario. 

Incluso en medios no precisamente derechistas, se utiliza la “contundencia” del auto del juez de la Audiencia Nacional como muestra suprema de la culpabilidad de Zapatero. “Este no es un auto de Peinado”, añaden admirativamente algunos comentaristas. Lamento contradecir a esos compañeros: la contundencia, la rotundidad, la claridad o la agresividad de un texto no prueba su veracidad. En el mejor de los casos, denota una redacción hábil de una tesis intencionada, sea esta cierta o no. Esto vale tanto para un auto judicial como para una novela negra o el guion de una serie policial. 

En el auto que nos ocupa, el juez arranca con una fórmula que suena a sentencia condenatoria: “La investigación ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero…” El juez machaca luego reiteradamente esta idea a lo largo de decenas de páginas, consciente de que está dando los titulares de la cacería mediática y política del expresidente. Ahora bien, el togado suena más bien parco a la hora de ofrecer datos, hechos, indicios, pruebas que le permiten sustentar semejante conclusión. 

Zapatero es malvado, sentencia el juez desde el comienzo. Pero parece deducirlo de vagos comentarios de terceros, de coincidencias circunstanciales, de material de poca enjundia. Construye un relato -mejor escrito que los de Peinado, sí- a partir de sus propias sospechas, conjeturas, deducciones tremebundas. ¿Quizá porque sabe que no le hace falta ninguna pistola humeante -ni tan siquiera ninguna pistola- para condenar de antemano a un político o profesional progresista? La doctrina la estableció el mismísimo Tribunal Supremo hace unos meses, al declarar culpable sin pruebas al fiscal general del Estado.

Aquí es donde entra la cuestión de la credibilidad que cada cual otorgue a las partes. Ya lo adelanté, yo se la doy a Zapatero antes que al juez. A este último le diré con claridad que la contundente narración que tanto ha impresionado a los cronistas de tribunales tiene un problema sustancial: el acusado no es un criminal convincente. Salvo para los que le odien de antemano por razones ideológicas.

No es solo que el auto no contenga la menor prueba objetivamente verificable de que Zapatero interviniera en el rescate de Plus Ultra. Es también que no ofrece razones para que lo hiciera. ¿Por qué iba a montar Zapatero un tingladillo tan cutre para conseguir un plato de lentejas? Podría tener su buena pensión vitalicia de expresidente. Podría participar en bien remunerados consejos de administración, como Felipe y Aznar. Nada le prohíbe sacarle un buen dinero a libros y conferencias como tantos políticos retirados en todo el planeta. No, la acusación me parece casi tan absurda como insinuar que el Papa Francisco se ganaba un sobresueldo vendiendo marihuana en el Vaticano a los turistas.

Y esto por no mentar el historial del acusado, el único ocupante de La Moncloa que puede enorgullecerse de que ni él ni sus ministros protagonizaran ningún caso de corrupción durante sus años en el Gobierno. Es difícil imaginárselo ahora como el Padrino así mencionado hoy en el Congreso por Tellado, como el Vito Corleone del relato del juez de la Audiencia Nacional. Hay giros dramáticos de guion que resultan bastante inverosímiles incluso en las series televisivas a granel.

Veo mucho de teatrero en esta imputación judicial. La inclusión del tema de Venezuela, que tanto excita a las derechas españolas, incluida la felipista. La oscura intervención de agencias estadounidenses. El protagonismo de gente de tan dudosa reputación como Manos Limpias. Las declaraciones del corrupto confeso Aldama en un programa televisivo antaño dedicado a los extraterrestres y ahora al antisanchismo. El anuncio de los nuevos capítulos de la serie hecha por el señor Feijóo y la señora Ayuso. Uf, a mí todo eso me huele mal.

No voy a negarlo: reacciono desde mis creencias y mis no creencias personales. La justicia española no tiene a mis ojos una credibilidad a prueba de bomba. Es la de la condena injusta al fiscal general, la de la persecución a la esposa de Sánchez, la de la libertad a Aldama a cambio de que arroje basura sobre Sánchez, la que sigue atormentando a Monica Oltra, la que dio pábulo a acusaciones guarrindongas contra Podemos -sí, Ione Belarra, la misma-, la que les metió un paquete desmesurado a los líderes del Procés, la que recorta las investigaciones de Gürtel y Kitchen y paraliza las del novio de Ayuso.

Es una justicia descaradamente politizada, militante en la causa de una España en las antípodas de aquella plural y tolerante promovida por Zapatero. Pero es un poder fáctico muy poderoso. El ruido de togas va a convertir en un infierno la vida del expresidente y va a seguir haciendo todo lo que está en sus manos para que Feijóo y Abascal formen lo antes posible un Gobierno auténticamente nacional.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama no ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero exclusivamente por el delito de tráfico de influencias, sino que también lo ha hecho por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Pero los tres últimos cuelgan del primero. Si la conducta del expresidente no es constitutiva de este delito, los otros tres desaparecen. 

El magistrado considera que dispone de indicios suficientes para considerar que el expresidente ocupaba el vértice de “una estructura estable y jerarquizada” constituida para mediar de forma ilícita ante instancias públicas en favor de terceros.

A dicha estructura acudió la aerolínea Plus Ultra para obtener un préstamo de 53 millones de euros a través del fondo de la SEPI destinado a empresas estratégicas afectadas por el COVID-19, que le permitió sobrevivir. Esta es la razón por la que, aunque formalmente fue un préstamo lo que se le concedió, se suele hablar de un “rescate”, ya que el préstamo la salvó de la quiebra.

El magistrado da por supuesto que el expresidente ha ejercido una influencia para la concesión del préstamo. Aunque el préstamo no se hubiera concedido, si el expresidente hubiera ejercido influencia, el delito se habría cometido, ya que la comisión del delito no depende de que la influencia sea exitosa o no. 

En consecuencia, lo que se tiene que demostrar, para anular la presunción de inocencia del expresidente, es que realmente se ha ejercido por este presión sobre los funcionarios públicos que tomaron la decisión de conceder el crédito. Se tiene que demostrar que hay un punto de conexión entre la actividad del expresidente y los funcionarios de la SEPI que aprobaron el crédito. Se tiene que demostrar que hubo “prevalimiento” de su posición por parte del expresidente, ya que sin “prevalimiento” no hay delito de tráfico de influencias.  

Este “prevalimiento” no tendría por qué ser objetivamente indiscutible, es decir, una “pistola humeante”. Pero sí tendría, en todo caso, que deducirse de manera inequívoca de la relación que hubiera podido producirse entre José Luis Rodríguez Zapatero y los funcionarios públicos que acordaron la concesión. O de la conexión del expresidente con miembros del Gobierno que pudieran influir sobre los funcionarios que acordaron la concesión. 

Y sobre este elemento esencial en la tipificación del delito de tráfico de influencias no hay absolutamente nada en las 85 páginas del auto. El presupuesto de hecho al que habría que anudar todas las posibles conductas delictivas de José Luis Rodríguez Zapatero no aparece en ningún momento. 

Desde el punto de vista del delito de tráfico de influencias, el auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero es un auto vacío. Hay muchos árboles, pero no hay bosque. Tal vez, por ello, el magistrado ha necesitado 85 páginas. Con una sola en la que se hubiera podido acreditar de alguna manera “la influencia” del expresidente sobre los funcionarios de la SEPI que concedieron el préstamo, hubiera sido suficiente. Sin dicha página todo lo demás es sobrante en términos jurídicos. No adquieren siquiera la condición de “indicios del delito de tráfico de influencias”.

Esta es la razón por la que no entiendo los comentarios positivos sobre el auto que he leído y escuchado desde el propio martes. Jurídicamente, es un auto disparatado, que se tendría que poner como modelo de lo que no debe ser un auto de imputación en las Facultades de Derecho. 

Lo dije ayer y hoy lo mantengo: yo no creo que Zapatero sea el malo de esta película. Pero voy a ir más allá: tampoco creo que se trate de un caso de lawfare. No tengo ninguna razón para pensar que el juez no está haciendo lo que cree que es correcto, con más o menos acierto, como todo el mundo. 

Y a lo mejor aquí te pierdo, pero voy a continuar extendiendo el argumento un poco más: tampoco creo que la oposición, en el arco que va desde Gabriel Rufían hasta la derecha liberal y democrática, esté actuando con mala fe cuando fiscaliza, insiste en que se den todas las explicaciones, incluso pide la dimisión del presidente del Gobierno. Ese es su papel. Su parte del trabajo democrático. Si en lugar de a Zapatero, un juez hubiera imputado a Rajoy, la izquierda estaría haciendo exactamente lo mismo -y estaría bien-.

Pero hay unos tipejos en todo esto que no cumplen ninguna función democrática. Al contrario: subvierten los mecanismos del pacto social para hacernos creer que es un fracaso. Por ejemplo: usan la identidad del periodismo para contar mentiras. Y lo hacen no por convicción, porque si de verdad pensaran que hay un sistema mejor que la democracia lo que deberían hacer es proponer abolir el sistema o dar un golpe de Estado; lo hacen en su propio beneficio: para seguir jugando a este juego mientras arrasan el campo para todos los demás.

Estos señores son populistas, se han convertido en un fenómeno global y tienen en común un discurso que sostiene que el sistema democrático está irreparablemente roto. No que tenga problemas reales, pero también solucionables, como todos los sistemas complejos, sino que estamos en manos de una élite radical y corrupta que solo busca su propio beneficio y contra la que no hay nada que hacer, salvo votarles a ellos. Aunque toman muchas formas, es muy fácil identificarles: son esas personas a las que les va mejor cuanto más nos odiamos el resto.

Uno de sus principales exponentes se llama Steve Bannon y es un personaje que lleva alentando el odio en Estados Unidos desde que Obama llegó al poder. Fue en su día el creador de la idea de MAGA (Make America Great Again), aunque su contribución más duradera no es un eslogan: es una estrategia. Como describió a un periodista en 2018, los demócratas no importan, la verdadera oposición es la prensa, y la forma de lidiar con ella es inundar la zona de mierda; “flood the zone”. Esa es la doctrina. No sé si te suena.

Se trata de producir tantas afirmaciones contradictorias, escándalos simultáneos, indignaciones cruzadas y teorías paralelas que el ciudadano medio renuncie a distinguir lo verdadero de lo falso. No te tienen que convencer de que su versión es cierta. Les basta con que pienses que ninguna versión lo es. Que todo es ruido. Que todos son iguales. Y que da igual quién gobierne. Que la prensa miente, los jueces son corruptos, los políticos roban y la única salida es alguien que venga a reventarlo todo.

Steve Bannon, como el resto de populistas en el mundo, tiene un problema. Comenzaron señalando a la “ciénaga”: a la clase política, cultural y administrativa de Estados Unidos. Pero cuando Trump llegó al poder a aquel discurso se le empezaron a abrir las costuras: es muy difícil criticar la ciénaga si tú eres el reptil-en-jefe. Entonces viraron el foco y en los últimos años se han echado encima de los inmigrantes como culpables de todos los males de la sociedad. De aquel movimiento nació la idea de “America First”, o lo que es lo mismo, de la “prioridad nacional”. 

Pero también aquella estrategia se les volvió en contra cuando las imágenes de la brutalidad del ICE hicieron que se desplomase la valoración de un grupo de votantes que Trump necesita para ganar las próximas elecciones al Congreso y al Senado en noviembre: los latinos. Así que hace unos días Steve Bannon presentó la última versión, renovada, mejorada, reluciente, del populismo. Se llama “Humans First” y promete una “rebelión conservadora contra la inteligencia artificial”. 

Subido a ese nuevo enfoque, Bannon propone que la inteligencia artificial es la nueva amenaza existencial contra la clase trabajadora americana: una tecnología desarrollada por un puñado de multimillonarios de Silicon Valley que va a destruir millones de empleos, concentrar el poder económico como nunca antes y dejar al ciudadano de a pie sin trabajo, sin propósito y sin futuro. La solución, dice, es frenarla: regularla, fiscalizarla, ponerle límites éticos, exigir que cualquier despliegue de IA proteja primero a los humanos -de ahí el nombre- antes que a los accionistas. Donde ayer el enemigo eran los burócratas de Washington y anteayer los inmigrantes, hoy son Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg y el resto de “señores feudales digitales” que pretenden, según Bannon, sustituir a la humanidad por sus máquinas.

Esta nueva versión del mismo discurso es mucho más ambiciosa que la anterior; tanto que su publicación coincide con una encíclica que el Papa se ha comprometido a promulgar en los próximos días sobre el mismo tema. Además de con la iglesia católica, el nuevo proyecto populista comparte enemigo -en parte- con los demócratas cuando señala a los technobros de Silicon Valley como símbolo de esa élite que se ha escapado del control popular. Pero si atendemos al argumento, encontraremos que debajo de ese tema aparentemente compartido se esconde la misma cosmovisión que hemos visto hasta ahora: lo que han de hacer los buenos políticos es “anteponer la seguridad, la libertad y la grandeza del pueblo estadounidense a los intereses de las élites corporativas y globalistas”.

Este es el tercer round del populismo, su versión 3.0. El más ambicioso y el más sofisticado. Uno que revela al final quién fue el enemigo a abatir desde el principio: las clases urbanas “globalistas” liberales y su forma de vida. Bannon cambia el discurso, pero mantiene un eje muy claro: que la sociedad está rota, la mayoría está siendo asediada, y los culpables de todo siguen siendo los mismos, quienes no comulgan con el patrón tradicionalista de la derecha populista americana.

No nos quepa duda de que esta película llegará muy pronto a nuestras pantallas.

Zohran Mamdani sonríe cuando anuncia sus nuevas medidas para Nueva York. Zack Polanski sonríe cuando en nombre de los Verdes del Reino Unido habla de trabajo garantizado y critica a las teorías económicas convencionales. José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, apenas ha dejado de sonreír en toda la campaña. Las tres sonrisas trasladan continuamente la impresión de que son personas alegres y que tienen la esperanza de que las medidas que proponen van a servir para mejorar la vida de las personas que les rodean. No importa que lo que estén diciendo sea, en realidad, muy serio; y tampoco parece que les afecte la cantidad de odio que les dedican sus rivales. Sus sonrisas no se antojan impostadas sino parte de un proyecto que busca tener atractivo político y comunicativo.

Es parte de la semiótica en política, es decir, de cómo los seres humanos utilizamos los signos y los símbolos para transmitir significados. En política no solo queremos decir algo —una “verdad como un puño”, por ejemplo— sino que aspiramos a convencer a la mayoría de los receptores de nuestro mensaje. Y en una política mediatizada eso es tan o más importante que el contenido mismo: como mínimo, la forma en la que transmitimos determinará los límites de nuestro mensaje. Pero esta es una descripción de la política que resulta incómoda y antipática para una parte notable de la izquierda.

A riesgo de hacer un trazo demasiado grueso, una parte de la izquierda es extraordinariamente racionalista. La consigna de “programa, programa, programa” se concibió para explicar el sentido de los (des)acuerdos entre partidos, pero en la práctica se ha convertido en un canto a la racionalidad política. Desde este punto de vista, los partidos ofrecen programas de cientos de páginas que los votantes evaluarían antes de votar, como si la reflexión racional operara con absoluta claridad en cada cabeza. Que un dirigente sonría o no es, desde ahí, completamente irrelevante: lo básico es formular “las verdades” y esperar que la gente las reconozca como de su interés propio. Una identificación racional.

Este racionalismo, sin embargo, es también una coraza. En un contexto que algunos hemos descrito como una verdadera depresión emocional de las gentes de izquierdas —impotencia ante el avance reaccionario, fatiga acumulada, ausencia de horizonte—, la seriedad programática y la gestión gris protege del ridículo y del fracaso. Y, además, por qué no decirlo, es mucho más cómodo. Resulta mucho más complicado tener que lidiar con las contradicciones cotidianas que quedan encerradas en nuestras vidas de seres emocionales, que ríen y lloran tanto por lo importante como por lo accesorio. Y mientras tanto, el terreno emocional politizado, que es el que está moviendo a las grandes mayorías, lo ocupa casi en solitario la extrema derecha.

La realidad es que ni los votantes leen esos programas de páginas infinitas ni tampoco votan pensando en esos códigos. Por el contrario, la política realmente existente está mucho más atravesada por la emocionalidad en contextos históricamente específicos. Y, actualmente, una parte creciente de la población vota a partir de su identificación con el candidato que encarna el proyecto a representar. Pero esa identificación no es puramente racional —“le voto porque piensa lo mismo que yo”— sino que está influida por las emociones, intuiciones y sensaciones que despierta su propia forma de expresarse. De ahí que los asesores políticos profesionalizados dediquen denodados esfuerzos en construir, reformar e incluso inventar relatos atractivos para los candidatos; trasladando la idea de que son los más sencillos y cercanos, gente confiable que tiene la intención de mejorar la vida de los demás. En este sentido, sonreír está a la altura de los programas políticos; es, por decirlo así, una expresión no verbal de un mensaje político. Con algunos es más fácil, porque es genuino, y con otros es verdaderamente digno de un premio Goya.

Javier Arenas, por ejemplo, fue el eterno candidato del PP andaluz, y aparecía ante la población como un señorito andaluz que estaba a dos votos de convertirse en un tirano. Siempre estaba serio, y parecía desconectado de los problemas reales de sus potenciales votantes. No por casualidad, Moreno Bonilla lleva años intentando evitar esa imagen, y en esta campaña tampoco ha dejado de aparecer como un ser humano corriente que, además, viste como cualquiera de nosotros en un día normal. Y también ha intentado sonreír en todo momento, aunque de una forma tan forzada que en ocasiones lo ha hecho incluso cuando no correspondía. Quizás eso demostraba falta de convencimiento, pero también que detrás había una estrategia de comunicación: una que es consciente de la importancia de la semiótica.

El crecimiento de Adelante Andalucía tiene varios factores detrás, no solo uno; lo mismo puede decirse de la resistencia de Por Andalucía dadas las actuales circunstancias. Habrá tiempo para ir desglosando todos esos elementos, pero ahora sí quisiera destacar que el candidato de Adelante, Jose Ignacio García, ha aparecido ante la población como un hombre alegre y comprometido. La radicalidad de su mensaje no ha correlacionado con la faz taciturna y grisácea a la que estamos acostumbrados en los dirigentes de izquierdas —yo el primero—, sino que se ha expresado con una comunicación no verbal basada en ofrecer una promesa de alivio y esperanza. Ha conseguido, en apenas unas semanas, que mucha gente que no le conocía de nada conectara con su forma de comunicar y que se identificara con él: su comunicación parecía fresca y no enlatada y, sobre todo, abierta a futuros con algo de luz. Eso, en un contexto de depresión emocional de la izquierda, no es poca cosa incluso aunque no sea suficiente.

No se trata de elegir entre organización y comunicación, ni de oponer hiperliderazgo a procesos colectivos —como si Lenin no hubiera sido un hiperliderazgo por carecer de TikTok—. Se trata de algo más simple: para conectar con la población no basta con decirle “verdades” que probablemente ya intuye; hay que identificar sus estados de ánimo y construir una relación a partir de ahí. Los bolcheviques no hicieron la revolución leyendo El Capital en voz alta. Si acaso había una materialidad escrita, esa tenía que ver con tres palabras —Paz, Pan y Trabajo— que cualquiera podía repetir y que condensaban demandas materiales del día a día en una sola promesa de futuro. Eso también es semiótica: símbolos y signos que expresan significados. 

Los retos de la izquierda son múltiples y muy grandes, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. Pero podríamos comenzar con un paso humilde: reconocer que la semiótica de Mamdani, Polanski y García resulta mucho más atractiva para un pueblo que parece haber perdido la esperanza en que haya alternativa a un gobierno reaccionario. Cuando la vida cotidiana de las clases populares está atravesada por la ansiedad climática, la precariedad permanente y una guerra cultural sin tregua, la promesa de alivio adquiere un valor de uso que antes no tenía. La extrema derecha vende ira, y el espacio del alivio y la esperanza está vacío. Y lo que lo ocupa con credibilidad, gana. Por eso sería conveniente tomar nota antes de la próxima cita con las urnas.

Para que un caso de corrupción lo sea hacen falta al menos tres protagonistas. Un corruptor con dinero que quiere saltarse la cola, un beneficiado que lo promueva y funcionarios que lo permitan o no lo paren. El primer fenotipo es el más claro, el que activa el sistema, el que seguro que quiere corromper y pedir un favor a cambio de dinero, de colocar al primo, de casas en usufructo o de puros billetes. Es decir, empresas españolas que se ven beneficiadas por recalificaciones, que ganan concursos públicos o consiguen una obra. Que logran con favores, amistades o pagos lo que no conseguirían por méritos en un concurso justo. Suelen quedar fuera de la diana de la indignación pública y de la rendición de cuentas, al ser entes privados.

Los otros dos pilares de la corrupción nacen, crecen o se relacionan con el sistema público. Hay casos meridianos, pero en otros su comportamiento puede tener matices y por eso su castigo judicial depende de las pruebas que hayan dejado por escrito e indicios trazables que sea posible recabar. ¿Hasta dónde lo sabía? ¿Lo promovió o solo cedió? ¿Lo impulsó a sabiendas? ¿Fue casualidad? ¿Presionó a otros? En el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán hay grabaciones que hablan de reparto de dinero, nombres en clave y adjudicaciones.

El auto sobre el caso que implica a José Luis Rodríguez Zapatero tiene indicios basados en conversaciones y mensajes entre terceros (siempre pueden salir más) que hablan de ZP y su implicación. Por ejemplo: “Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, que le dijo el presidente de la compañía Plus Ultra a su consejero delegado respecto al contacto que iban a hacer con el expresidente. Los sumarios de corrupción son también un retrato de una España que se quedó anclada en el jacuzzi de Jesús Gil.

Pero también tiene cifras sobre un expresidente y la empresa de sus hijas, que cobraban unas cantidades “significativas” por trabajos de consultoría o de maquetación de informes. El juez cifra en 2 millones de euros ese montante. No es un delito, ni aún se ha contrastado ninguno, pero abre una fosa de sospecha bien armada en torno a Zapatero. Cobrar de una empresa que a su vez ha cobrado de otra que ha querido saltarse la cola y ser rescatada por el Gobierno no es un hecho que pueda borrarse de un plumazo echándole la culpa al “lawfare”. El auto también señala que pudo participar en la creación de sociedades off shore. El auto todavía no ha sido rebatido por el expresidente de manera precisa.

Hay que poner la presunción de inocencia por delante, porque aún falta por probar el rol específico de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y escucharle. ¿Qué gestiones hizo exactamente? ¿Indujo a cometer ilegalidad? ¿A quién? ¿Era a cambio de un dinero pactado que se disfrazó de consultoría? ¿Usó su influencia? ¿Apretó para un rescate de 53 millones que no se merecía? La línea entre el lobbismo y delito de tráfico de influencias puede ser sutil, pero ambas son inadmisibles para un líder del peso de Zapatero.

Los sumarios judiciales son también material político y es precisamente el aireamiento de mensajes privados, mails o actitudes personales lo que puede hacer mella en un partido. Que se lo digan a Rajoy: su SMS a Bárcenas que decía “sé fuerte” no ha sido investigado ni ha tenido ninguna consecuencia penal, pero hundió la reputación de Rajoy y el PP, algo que acabó pagando en 2018 con la moción de censura.

Pedro Sánchez inició su legislatura en 2018 contra la escandalosa y sistémica corrupción del PP por el caso Gürtel. Ocho años después, ha querido virar el foco de la legislatura hacia necesarias leyes sociales, una reforma laboral, la contención del odio y la malignidad de las redes sociales, ha querido poner el foco en una digna posición en guerras ilegítimas y en su apuesta por erigirse muro contra la ultraderecha. Pero el sumatorio de sumarios de corrupción con sus Aldamas, mascarillas, adjudicaciones y ahora la sospecha sobre un expresidente hace inevitable que se instale la sensación de que todo puede ser cierto, lo del presente, lo del futuro, lo que está armado judicialmente y los comentarios de barra de bar.

Los casos de José Luis Ábalos, Santos Cerdan y ahora la imputación de Zapatero son detonantes que bailan juntos y hacen efecto multiplicador. En Moncloa insisten en que todo está bien y que Sánchez seguirá a 2027. La pregunta es si para entonces, su votante progresista habrá digerido tanto shock y tantas pruebas –en el mejor de los casos, indicios– de corrupción.

Las próximas elecciones tienen a la ultraderecha y su agenda oscura asomando y los partidos progresistas necesitan un electorado movilizado, orgulloso y alegre que desee confiar en partidos que puedan asegurar la democracia y el bienestar social en un momento histórico. En el momento que más ilusión se necesita, el partido de Sánchez impone una amarga pregunta: cuántas noticias decepcionantes puede aguantar un electorado de izquierdas.

Practicar el arte de la democracia y el estado de derecho -esas dos gigantes conquistas de la humanidad, que a pesar de todas las tormentas, todavía merecen ser apuntaladas como nuestro único refugio conocido- nos obliga a un ejercicio constante de equilibrio y juicio mesurado, de alerta y de prudencia, en una palabra, de virtud cívica. Ello nos conmina a tomar conciencia de la existencia de determinadas líneas rojas, que no por delgadas son menos importantes, como la de la presunción de inocencia y la del lawfare, es decir, el abuso de procesos jurídicos, a menudo -aunque no solo- judiciales, con fines ajenos al derecho y por ello ilegítimos. Son líneas a veces borrosas, casi siempre sutiles -y que nos dan trabajo, para qué negarlo, a los filósofos políticos y del derecho. ¡Qué fácil resulta traspasarlas cuando no tenemos una noción clara de lo que significan e implican o cuando no disponemos de suficiente información! Más que trazar tales líneas rojas con una endeble banda de tela, como las que delimitan el punto de llegada de una carrera de fondo, deberíamos levantar un alto muro de hormigón -con perdón del cambio climático-, un muro coronado en ambos lados con afiladas concertinas, de las que hieren a todo aquel que intente treparlo en cualquiera de las dos direcciones.

Si me pongo metafórico y solemne, es porque nos encontramos en una legislatura marcada por procesos judiciales sin precedentes y de la máxima importancia política y democrática, que será recordada durante décadas, aunque todavía no sepamos exactamente en qué sentido. Por primera vez en nuestra historia democrática, un fiscal general del Estado ha sido condenado por la comisión de un delito, con una sentencia del Tribunal Supremo muy discutible desde el punto de vista probatorio, en un proceso que se inició con una instrucción más que dudosa y que rezumaba hedor, indemostrable pero no por ello menos palpable, a lawfare. Por primera vez en nuestra historia democrática, la esposa de un presidente del gobierno ha sido judicialmente investigada por la comisión de un delito y deberá someterse a juicio. Mientras esperamos la celebración de ese juicio y la subsiguiente sentencia, ya puede decirse, aunque tal vez con menos contundencia que en el caso García Ortiz, que la instrucción ha estado marcada por sombras que tampoco olían muy bien. Y esta semana, por primera vez en nuestra historia democrática, nos encontramos con un expresidente del Gobierno formalmente investigado -imputado, como se decía antes- por la comisión de otro delito. ¿A qué huele esta nueva instrucción? ¿Puede afirmarse, como se han apresurado a hacer algunos líderes socialistas, que estamos ante un nuevo caso de lawfare? Creo que no podemos afirmarlo. Y hacerlo sin elementos de juicio suficientes implica traspasar la misma línea roja, de un modo equivalente en términos democráticos a lo que supone violentar el escudo de la presunción de inocencia, esa salvaguarda de nuestra más alta dignidad cívica, y que en este caso debe todavía proteger a José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué sabemos los ciudadanos del caso Zapatero? De la lectura del Auto del juez Calama, y a espera de que prosiga la instrucción y eventualmente se decida la apertura de un juicio oral, lo único que puede afirmarse es que hay indicios suficientes para haber llegado a este punto y para seguir adelante con la investigación. El Auto, en efecto, ofrece un relato detallado y bien articulado de elementos de juicio suficientes para fundamentar una sospecha tangible. Ello no significa que los hechos imputados a Zapatero sean ciertos, ni que él sea culpable. Pero la investigación judicial sí parece justificada y tiene toda la apariencia de ajustarse a derecho.

Zapatero está, por supuesto, protegido por su derecho a la presunción de inocencia, y nuestro deber democrático es suspender juicio, o por lo menos expresar nuestros juicios con prudencia y cautela. Bien podría ser que el expresidente fuera inocente, que su causa obedeciera a una nueva instancia de lawfare judicial dentro de esta guerra abierta sin cuartel contra el PSOE y el gobierno de Sánchez, que el juez Calama se hubiera prestado a abusar de los procesos judiciales en nombre del salvamento de alguna patria, que incluso haya inventado o exagerado datos y hechos para revestir de apariencia jurídica una baja maniobra política antijurídica y antidemocrática. Pero a día de hoy no tenemos ni un solo indicio para pensar que ello es así. Y afirmar lo contrario implica negar al juez su derecho al honor igualmente importante, e implica demás contribuir, aunque no sea intencionalmente, a la erosión de imagen de independencia que debe flanquear siempre el poder judicial en un estado democrático y de derecho. En definitiva, afirmar hoy la existencia de lawfare en este caso implica transgredir la misma línea roja que quebranta el propio lawfare, el mismo ataque a los más altos principios jurídicos de nuestra democracia.

Sucede con el lawfare una cosa curiosa, una suerte de paradoja: muchos suelen ver casos de lawfare únicamente cuando es el propio partido el afectado y tienden a pasarlo por alto o ignorarlo cuando afecta al oponente. Ello viene propiciado, tal vez, por el hecho de que el lawfare a menudo implica una relación inapropiada, digamos incestuosa, entre política y derecho que viene potenciada por la polarización y futbolización que sufre buena parte de la política democrática contemporánea, así como por la dificultad epistémica objetiva para identificar en qué casos se ha abusado efectivamente de los procesos jurídicos en aras de fines políticos inadmisibles. Los partidarios de Lula tienden a ver lawfare en los procedimientos judiciales abiertos en el pasado contra el actual presidente, mientras que los abiertos contra Bolsonaro les parecen actuaciones ordinarias y saludables de la justicia brasileña. Y a los partidarios de Bolsonaro les sucede exactamente lo contrario. Todos pensarán que aquello que perciben como lawfare supone un ataque intolerable a los principios democráticos y de estado de derecho, pero lo verán en los ejemplos opuestos.

Bien conocidas distorsiones cognitivas y psicológicas, como el sesgo de confirmación o la disonancia cognitiva, permiten explicar por qué esto sucede, a veces, de buena fe. Pero no descartemos que la Carta Lawfare -la acusación al oponente de practicar este abuso del derecho- también puede ser jugada o esgrimida estratégicamente, como forma (democráticamente ilegítima, pero no por ello menos habitual) de perjudicar políticamente al rival. Cualquier ocasión parece ser buena para ello. Y digamos claramente que hacer eso, denunciar lawfare de forma deliberadamente falsa, es cometer la misma ofensa a los sagrados principios de democracia y estado de derecho que la que cometen aquellos que efectivamente incurren en una acción de abuso torticero del derecho por motivaciones políticas.

¿Qué implicaciones políticas tiene el caso Zapatero para el Gobierno de Sánchez? En mi opinión, ninguna. No hay ninguna razón de momento para suponer que, aunque las acusaciones contra Zapatero fueran ciertas, Sánchez tiene ninguna responsabilidad jurídica o política en el asunto. Como he dicho en otras ocasiones, el presidente Sánchez debería dimitir y convocar elecciones anticipadas. Pero no por el caso Zapatero, tampoco por el de su esposa, al menos de momento, y mucho menos por el del fiscal general del Estado. Debería hacerlo por el caso Cerdán-Ábalos-Koldo, por lo menos si se demuestra la existencia de la trama corrupta. Debería hacerlo no porque esté implicado directamente en la misma, que hasta donde sabemos no lo está, sino por su responsabilidad política por haber depositado en ellos su más alta confianza institucional.

Termino. En 2009 ayudé al gran filósofo político Philip Pettit a escribir un libro sobre el gobierno de Zapatero que fue muy elogioso, en clave republicana, sobre sus políticas durante el primer mandato. Aunque las comparaciones siempre son difíciles y odiosas, he defendido que en mi opinión Rodríguez Zapatero fue, a pesar de todo, el mejor presidente de nuestra etapa democrática. Si las acusaciones actuales contra el expresidente se confirmaran y este acabara siendo justamente condenado, sentiría una gran decepción personal. Y me obligaría, por supuesto, a revisar mi juicio, aunque también puede argumentarse que nuestra evaluación de una gestión de gobierno de un presidente no debería verse empañada por cosas que puedan ocurrir más tarde. No olvidemos, en cualquier caso, que todos nuestros juicios son siempre provisionales y revisables. Lo son en ciencia, y mucho más en democracia.

Se agrega a ello que el impacto que una noticia así podría tener en el actual contexto de desencanto ciudadano con las instituciones democráticas sería claramente negativo. Pero no dudemos ni por un instante que, en caso de que realmente se demostrara la culpabilidad de Zapatero, no podríamos dejar de celebrar que la justicia actúe implacablemente y sin titubear para investigar y condenar a todo aquel que haya decidido cometer un delito, por más alta dignidad política que haya ostentado. Sería, sin lugar a dudas, una excelente noticia para nuestra democracia y nuestro estado de derecho. Ocurre que, aunque la derecha ya se haya situado en esa casilla, no podemos condenar a nadie sin que ni siquiera haya concluido la fase de instrucción y mucho menos se haya celebrado el juicio y dictado una condena. Zapatero sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sigue siendo, para mí, el mejor presidente que hemos tenido en la España contemporánea. Aunque esto último es por supuesto opinable y debatible, y es una de esas cosas que podemos y debemos discutir libremente los ciudadanos en una democracia que funciona.

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sacudido como un terremoto la vida política del país. Se trata, sin duda, de uno de los grandes referentes de la izquierda española, de modo que la noticia de que está siendo formalmente investigado ha causado tanto entusiasmo en un bando como desasosiego en el otro. En las filas progresistas, la reacción en un primer momento fue de incredulidad e incluso sospecha frente a la actuación judicial. A medida que se han ido conociendo más datos se extiende la sensación de decepción. En palabras del diputado Rufián, “si es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda también”. En momentos así resulta especialmente útil una visión jurídica que ayude a entender, en la medida de lo posible, qué está realmente pasando.

La primera idea, desde este punto de vista, es que en este caso no se puede hablar sin más de lawfare o guerra sucia judicial. La investigación contra Rodríguez Zapatero no la pone en marcha ninguna asociación como Manos Limpias ni obedece a primera vista a intereses políticos. En el curso de la investigación judicial sobre la regularidad de las ayudas que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra aparecen unos mensajes en los que los directivos de la compañía comentan primero la posibilidad de recurrir a la influencia del expresidente y más adelante se van refiriendo a diversas gestiones realizadas por él. A partir de ahí, es normal que el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción promuevan que se le investigue. Sería disparatado no hacerlo. Más aun, el hecho de que el instructor haya esperado a que pasen las elecciones andaluzas para hacer público el caso demuestra un intento de, precisamente, no influir en ellas.

La segunda idea es que hay indicios de que se hubieran podido cometer delitos de tráfico de influencias o blanqueo de capitales, pero no son, ni muchísimo menos, concluyentes. Ni siquiera en términos de opinión pública puede decirse en este momento que sea claro que Rodríguez Zapatero ha cometido ningún delito. Al contrario de otros casos de corrupción en los que las pruebas eran muchos más claras (basta pensar en los de Ábalos o la trama Gürtel), por ahora es difícil incluso opinar. En este punto, el auto de la Audiencia Nacional peca quizás de temerario en algunas de sus expresiones. El instructor no debería afirmar con tanta seguridad y reiteración que ZP está en la cúpula de una organización delictiva. Es solo una hipótesis suya que ni se desprende necesariamente de los hechos demostrados ni es la única plausible con lo que conocemos. Por ello, sería de agradecer un lenguaje más neutro que, a efectos de la percepción social y mediática, no diera por supuesta una versión que es solo una posibilidad entre varias.

En nuestro ordenamiento, el delito de tráfico de influencias se comete cuando alguien interviene para orientar la decisión de la administración en un asunto concreto. Incluso aunque no se consiga. O aunque no se cobre por ello. O hasta si la ayuda concedida es legal. Lo que se persigue es intentar hacer que las decisiones administrativas vayan en determinado sentido. No hay ninguna evidencia de que el expresidente lo haya hecho. De las conversaciones incorporadas a las actuaciones (si son ciertas) se deduce que habría facilitado el acceso de los empresarios a algunas personas e instituciones moviéndose para que los recibieran. Concertar una reunión o recordarle a alguien que debe tomar una decisión sobre algo no es tráfico de influencias, ni siquiera aunque se cobre por ello. Así pues, el juez debe demostrar, para sostener la eventual acusación, que efectivamente presionó a alguna institución para que se concedieran las ayudas a la aerolínea. Más aun, el delito de blanqueo exige que el dinero que se haya intentado ocultar provenga de una actividad delictiva, de modo que si no hay tráfico de influencias no hay nada.

La investigación está muy avanzada, pero en el punto concreto de Rodríguez Zapatero hay muy poco. Hay indicios de que ha cobrado algún dinero, pero él lo justifica en unos informes elaborados. Hay indicios de que pudiera haber impulsado la creación de una sociedad en Dubái, pero no de que lo hiciera para nada delictivo. Así pues, lo que sabemos está muy lejos de servir para condenar, incluso públicamente, al expresidente de la ceja.

La tercera conclusión, a estas alturas, tiene que ver con las dudas morales en torno a la falta de regulación de las actividades de los expresidentes del gobierno. La experiencia demuestra que al abandonar el cargo llega a menudo la tentación de hacer dinero con los contactos, los conocimientos y la visión que se tienen. Todo expresidente cuenta con una experiencia válida y es normal que sea reclamado constantemente para dar conferencias o analizar la vida política. Depende de cada uno el usarlo o no para forrarse. Prácticamente todos acaban por hacerlo y cobran sumas disparatadas. Se olvidan así de que en gran medida sus conocimientos y su agenda los consiguieron gracias a la ciudadanía y en su representación. No se les paga tanto por lo que son como por el lugar en el que entre todos los colocamos. Pero es un reproche ético o político. Antes que jurídico.

Más allá, el auténtico problema y las posibles responsabilidades llegan después. La mayoría pasa pronto de cobrar por conferencias a hacerlo por consejos y sugerencias emitidos en privado. A menudo en el seno de grandes empresas que los retribuyen generosamente. En esas, no es sorprendente que se cruce la fina línea que separa la asesoría estratégica del tráfico de influencias. La capacidad de lobby de una persona que ha dirigido el país, ha repartido favores por doquier y se relaciona con personalidades internacionales es enorme y se mueve en un terreno gris en el que es difícil determinar en qué consiste.

Para evitarlo, visto que a los expresidentes se les proporciona una oficina con empleados y se les permite estar en determinadas instituciones quizás no estaría de más incluir también determinadas prohibiciones o límites respecto a su capacidad de cobrar por asesorar. Si se hiciera así se evitarían casos como el actual. Es muy posible que el asunto termine sin pruebas suficientes para condenar a Rodríguez Zapatero, pero también lo es que su prestigio quede dañado irremediablemente. 

Independientemente de su legalidad, es difícil acostumbrarse a la voracidad económica de todas estas personas que durante un tiempo rigieron los destinos del país, personificaron nuestras esperanzas y hasta permitieron que nos sintiéramos orgullosos de ellos.

Desde la vorágine criminal del siglo XX, Walter Benjamin escribe: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción que vivimos es la regla”.

En medio de la deriva vertiginosa en la que se mece este siglo, nos adentramos en el último año de una legislatura que ha aportado un poco de luz y dignidad a un mundo que, siniestro, alterna la anestesia nebulosa de la hiperinformación con el horror del genocidio, las guerras, las hambrunas… De un mundo donde ya no se perciben estructuras materiales ni de pensamiento, estructuras legales o éticas que, quizá, durante unas décadas, nos han permitido levantar alguna barrera más o menos efectiva contra el desmán, el autoritarismo y la iniquidad del desorden mundial.

A la luz de lo que ocurrió en 2023, más aun viendo los resultados electorales de Andalucia, la izquierda de este país ─sea eso lo que sea─ debe urgentemente ponerse a trabajar en los números, los acuerdos y las maneras de ofrecer algo útil en el ámbito institucional a esa otra resistencia abandonada, maravillosa, silvestre, libre, creativa, salvaje y apenas esperanzada que nace de la dignidad y que observa con consternación la obscenidad con que se canta la “prioridad nacional” y el desastre institucional de los acuerdos de Gobierno presentes y futuros entre la derecha y la ultraderecha.

Y, como hay que hablar de cosas prácticas, lo primero que hemos de hacer es deslindar dos planos de urgencia: por un lado la acreditada incapacidad de mantener una mirada firme en proyecto unitario alguno a la izquierda del PSOE, una incompetencia de arriba abajo que deja un voto a nivel nacional huérfano, resignado y descreído que no encuentra respuestas ideológicas, prácticas y sostenidas a un futuro inquietante y, por otro, la necesidad de afrontar una convocatoria electoral, previsiblemente en el verano de 2027, en la que nos jugamos o volver a ponernos a la cola del más vergonzoso servilismo ante un criminal emperador loco… o ganar con esperanza el tiempo necesario para desacoplar ─siquiera unos años más─ este país del ciclo mundial de iniquidad y destrucción. 

Con valentía y honestidad, y desde un lugar bien complicado, Gabriel Rufián ha venido defendiendo un marco valioso para afrontar esta última pregunta: orden, ciencia y método… y para ello ha propuesto discernir varios niveles: por un lado las fuerzas soberanistas de izquierda cada vez más relevantes en Galicia, Euskadi, Catalunya, Valencia o, como vimos ayer, también en Andalucia. Y, por otro lado, las fuerzas estatales más o menos organizadas que pueden servir de aglutinadores de un voto alternativo, resistente e ideológicamente definido, unas fuerzas entre las que hay apenas solo marcas, intereses y liderazgos pero también ─aunque quizá solo propiamente en Izquierda Unida─, algo de estructura, organicidad y hasta participación democrática. 

Así, el orden, el método y la ciencia electoral nos proponen trabajar juntos bajo la premisa de ir configurando provincia a provincia unas listas electorales donde, evitando vetos cruzados, pudiéramos ir designando qué marcas y qué personas habrían de “protagonizar” la candidatura electoral. Esto es, en aquellos sitios donde las fuerzas nacionalistas se bastan para capitalizar el voto a la izquierda del PSOE, habría que dejarlas como únicas fuerzas representativas, con una retirada estratégica del resto de fuerzas y, en el resto de las circunscripciones, igualmente una sola marca debería representar a las demás. 

La cuestión es que, de la misma manera y con el mismo orden, método y ciencia electoral, es imprescindible afrontar el hecho de que es necesario llegar a acuerdos, en algunas circunscripciones, con la única fuerza representativa de la izquierda que podría optimizar el voto democrático en las próximas elecciones. 

Porque, analizados los datos de las últimas convocatorias y los que nos ponen encima de la mesa las encuestas menos venales ─fundamentalmente el CIS─, resulta inexcusable asumir que una operación de izquierdas en las próximas elecciones solo será decisiva si en esa científica articulación aparece también el PSOE. Y de que nada vale toda ella si al final no es efectivamente decisiva.

Y, por supuesto, un acuerdo no ha de ser una rendición. Y el PSOE tendrá que asumir y entender, e incorporar a su discurso, que en la izquierda hay muchas personas que no comulgan con algunos servilismos institucionales ni algunos conchabeos históricos con los poderes más fácticos. Y que hay liderazgos aislados que deben ser reconocidos y expresamente incorporados a las instituciones con recíproca generosidad. Y que, ya luego, en el Congreso, debe primar la representación de cada uno de ellos organizando con equidad e independencia a los grupos parlamentarios y sus portavocías.  

Ahora que, con otros compañeros, pedimos a través de la Plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia, la unidad y la concentración de voto para las elecciones al Senado por medio de listas únicas conformadas con todas las fuerzas de la izquierda, con un reparto proporcional y generoso que, a través de una única candidatura nos permita recuperar y dar sentido a un órgano constitucional tan importante a efectos institucionales, políticos y prácticos, para desarrollar su capacidad de representación territorial, de decisión, de control y de nombramiento de otros órganos constitucionales, en una cámara transformada hoy en una vulgar caja de resonancia para las más espurias campañas desinformativas de la derecha.  

En suma, se trata de aunar audacia y sentido de la realidad a una propuesta válida y, sobre todo, imprescindible. Una propuesta que mire a la próxima legislatura no como otra evitación del mal mayor, sino como un refugio temporal frente a una tormenta que arrecia sin límites personales, mediáticos ni judiciales, que sume estratégicamente los votos de la defensa de la convivencia democracia, organizando con generosidad y lealtad un futuro donde podamos disentir, que pueda contar además con otros elementos socialdemócratas al margen del PSOE capaz de sumar incluso tras las elecciones a la derecha antifascista del PNV o, incluso, a la un poco menos antifascista, como Coalición Canaria, a un proyecto de defensa de la democracia.    

Se trata, como propone Rufián, de hacer un exhaustivo análisis práctico de las circunstancias, de atravesar con orden, ciencia y método la presencia electoral de las fuerzas de izquierda. De añadir si cabe: ciencia, método, orden, inteligencia y generosidad. Permitir, en suma, la continuidad del ciclo que quizá empezó ayer en Andalucia y hace semanas en Aragón, un tiempo de discusión democrática que necesitamos para volver a hablar de esperanza también en las instituciones, para organizarnos y mandar, por primera vez en mucho tiempo, un mensaje de ilusión sellado con el perfume de la generosidad personal y la responsabilidad política, por encima de los propios objetivos partidistas y electorales. 

Para mantener al menos visible en el horizonte la respuesta a la primera pregunta: la construcción de un proyecto de izquierda solvente, democrático y participativo que dé respuesta a la pluralidad mestiza y territorial de un país decepcionado. 

Pero esa ya es otra historia.

En este 2026 tenían que celebrarse elecciones parlamentarias en las Comunidades de Castilla y León y Andalucía, pero no en las de Extremadura y Aragón, que deberían haberlo hecho en mayo de 2027. 

No sé si la decisión de convocar elecciones anticipadas en estas dos últimas comunidades fue una decisión de la presidenta extremeña o del presidente aragonés o fue una decisión del presidente nacional. En todo caso, ha sido una decisión frente a la que no se elevó ninguna protesta en el momento en que se adoptó. Se podría decir, en consecuencia, que fue una decisión compartida por el conjunto del partido.

Al tratarse de una decisión discrecional de disolución y de una convocatoria anticipada opcional de elecciones, resultaba imprescindible la justificación de la misma. Una cosa es la discrecionalidad y otra la arbitrariedad. La distinción es importante en el proceso de formación de la opinión pública, que es lo decisivo en todo proceso electoral.

La imposibilidad de aprobar los Presupuestos de la comunidad por la oposición de VOX fue la justificación que se ofreció de la medida. Con VOX no se puede gobernar con normalidad. De ahí la necesidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones con la finalidad de obtener una mayoría que permita gobernar en solitario sin depender de la extrema derecha. 

Con esta decisión se pretendía matar varios pájaros de un tiro. Tanto en las dos comunidades como en el conjunto del Estado. No se trataba solamente de prescindir de VOX para gobernar, sino de provocar también una derrota sonada del PSOE y de prefigurar con ello, en cierta medida, el resultado de las elecciones generales de 2027.

Poder prescindir de VOX era la clave de toda la operación. Aunque fueran, jurídicamente, cuatro elecciones distintas, políticamente eran una sola. Todas eran estadios de una estrategia única que debía conducir a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno en 2027. O antes, incluso, si para el PSOE resultaba insoportable políticamente y no solo jurídicamente cuatro derrotas inapelables.

Con ello, el propio PP estaba definiendo el canon con el que definir el éxito de la operación. La mayoría absoluta era imprescindible para que la estrategia hubiera culminado con éxito. 

En la definición de la estrategia la exigencia de la mayoría absoluta operaba para las cuatro elecciones, pero, sobre todo, para las elecciones andaluzas. En las otras tres comunidades la mayoría absoluta era importante, pero en Andalucía era imprescindible. Porque Andalucía es Andalucía y porque, además, era la única comunidad en la que se partía de una mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta en Andalucía, el PP habría podido afirmar con credibilidad que la operación había sido un éxito. Sin la mayoría absoluta en Andalucía el éxito quedaba ensombrecido. Así ha sido entendido tanto dentro como fuera del partido.

Unificar las cuatro elecciones no fue una buena decisión. En realidad, fue en la disolución en Extremadura y Aragón donde el PP, en mi opinión, se equivocó, ya que ha convertido a VOX durante muchos meses en el centro del debate. Aunque sus expectativas de crecimiento se han visto frenadas, el 16% que ha consolidado lo convierte en aliado imprescindible del PP para las futuras elecciones generales.

Qué hubiera pasado, si únicamente se hubieran celebrado elecciones en Castilla y León y Andalucía, es algo que no sabremos nunca, pero el riesgo que se corría con la disolución discrecional y la convocatoria anticipada en Extremadura y Aragón era excesivo. Lo que se ha conseguido es la estabilización de VOX en el sistema de partidos.

La operación no ha sido totalmente negativa para el PP, ya que el PSOE también ha cometido un error importante al configurar la respuesta al calendario electoral. La decisión de convertir a ministros y ministras en cabeza del cartel electoral en las comunidades autónomas ha sido un error inequívoco. Tanto que pienso que debería corregirlo para las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. 

Porque se trata de un error que afecta a la organización interna del partido y afecta a la cohesión del mismo en un momento en el que, como han acreditado los resultados electorales, el PSOE se encuentra muy débil. La desconfianza desde la secretaría general en las propias federaciones es lo último que necesita un partido para poder competir.

También ha afectado la cuádruple convocatoria al espacio de la izquierda no integrada en el PSOE. En Andalucía se ha puesto de manifiesto que hay un electorado de izquierda importante, que supera al electorado de VOX. La suma de los votos de Adelante y Por Andalucía es superior a la de VOX. Pero no creo que el éxito de Adelante Andalucía, por el que su dirección debe ser felicitada sin reservas de ningún tipo, pueda trasponerse a las elecciones generales y, sin embargo, puede dificultar, y mucho, la configuración de candidaturas unitarias para el Congreso de los Diputados. 

Dicho en pocas palabras: el PP ha cometido un error al definir el calendario electoral de la forma en que lo ha hecho, pero ni el PSOE, sobre todo, ni las izquierdas han sabido sacar partido del mismo, más allá del éxito puntual de Adelante Andalucía.    

La broma la hizo Nanni Moretti en su película ‘El sol del futuro’, acuérdate: en una reunión con ejecutivos de Netflix que estudian la posible financiación de un proyecto, los responsables de la plataforma le ponen pegas al guión. La principal, que la historia no tiene “un momento what the fuck”. Es decir, un giro loco de la trama que haga exclamar a los espectadores: “what the fuck!”

Aunque Netflix nos ha habituado a que las series tengan mil giros, tan inesperados que acaban resultando previsibles en un permanente “más difícil todavía” para mantener la voluble atención del espectador, nuestra vida política hace tiempo que elevó el listón del asombro a alturas propias de Duplantis con su pértiga. Cada semana tiene su “momento WTF”, pero el de este martes nos ha dejado a todos boquiabiertos: Rodríguez Zapatero, el querido y admirado ZP, querido y admirado en su partido y en prácticamente toda la izquierda, imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias.

What the fuck!, o en castellano, ¡qué coño!, se escuchó desde Cádiz hasta Girona cuando hacia las nueve de la mañana saltó la noticia. Me acordé de Moretti porque la empresa de las hijas de ZP, también registrada por la policía, se llama ingeniosamente Whathefav, y cada vez que en la radio o la tele repetían el nombre me parecía escuchar nuestra exclamación de asombro.

Tiempo habrá para ver hasta dónde llega la investigación, y si Zapatero es un delincuente o una víctima inocente de persecución judicial. A su favor juega su condición de presidente más odiado de la democracia hasta la llegada de Sánchez, y los sucesivos intentos de la derecha política y mediática por acusarlo de todo tipo de maldades. En su contra, el precedente cercano de Santos Cerdán (defendido a muerte por los suyos hasta la misma mañana de su caída), y la sensación de corrupción generalizada que nos acompaña desde hace años, y que hace creíble cualquier acusación: del rey abajo, cualquiera, y desde que supimos que el rey emérito era un comisionista y defraudador fiscal, ya nos creemos cualquier cosa.

Tiempo habrá. Hoy la izquierda está en shock, no solo el PSOE. La mayoría se resiste a creerlo, pide prudencia, invoca el lawfare o se agarra a conspiraciones. Y no es porque Zapatero sea un alma pura del que sería imposible esperar un mal comportamiento, no es eso: más bien es el pavor a que, si cae también Zapatero, el desplome político y moral sea absoluto, no quede nada en pie, y no haya nada con que sustentar la inocencia de nadie en adelante. Lo sabe bien la derecha, que se ha lanzado con toda la artillería a cobrarse la pieza sin esperar a que declare en la Audiencia Nacional.

Zapatero fue determinante en las generales de 2023, y lo va a ser mucho más en las próximas. Si de aquí a entonces prueba su inocencia, todo queda en nada, e incluso se demuestra que ha sido una maniobra para tumbarlo, en ese caso ZP se convertirá en el principal activo electoral del PSOE, irá de mitin en mitin electrizando a los votantes. Si por el contrario aparecen pruebas y avanza su procesamiento, y resulta que sí, que es un corrupto, Zapatero será el clavo definitivo para el ataúd de Sánchez. ¡ZP, WTF!

El avispero patrio, tan poblado de corrupciones varias en sus entrañas, se ha revuelto por completo con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por varios graves delitos que se derivarían del primero de los que se le atribuyen: tráfico de influencias. El juez instructor lo sitúa nada menos que como líder de una estructura “jerarquizada” de esa práctica delictiva. Nunca ha ocultado Zapatero su trabajo de consultoría, por el que cobra -dijo- a precio de mercado, como tantos otros por cierto, pero ha rechazado, con vehemencia, toda práctica ilegal. De nuevo este martes tras el revuelo de su imputación.

Se mezclan tantos ingredientes -teñidos algunos de sospecha de trama contra el expresidente- que lo sensato sería esperar pruebas pero no es algo que se pueda permitir este país con la permanente y tan explícita intentona golpista contra el gobierno del PSOE. Desde oposiciones varias, bastante pringadas. Y con la evidencia clara de movimientos cuanto menos extraños en todo el proceso de esa lucha permanente por hacerse con el poder. Ahora bien, lo terrible para un Estado de Derecho es ver lo poco que la ciudadanía progresista confía en la justicia española. Estamos muy quemados y con razón.

Una denuncia previa contra Zapatero partió de la organización ultra Manos Limpias,. Se basaba en declaraciones del ya famoso Víctor Aldama en el programa de periodismo ficción del ultra Iker Jiménez, en Cuatro, cadena de Mediaset con Telecinco. Sin embargo, la causa se inicia a instancias de la fiscalía anticorrupción que dirige Francisco Luzón por una búsqueda internacional de fondos ilícitos de Venezuela. El juez José Luis Calama la toma este mes de febrero pasado. Feijóo aludió a lo que iba a ocurrir cuando estaba bajo secreto del sumario. Cuca Gamarra y Ayuso también evidenciaron saber lo que venía. La novia de González Amador, ya desde enero, fue diciendo que a Zapatero no le auguraba un gran futuro, y que venian curvas. Ha habido filtraciones y con ellas siempre se busca un impacto político. Todo son datos para intentar cuadrar qué está ocurriendo.

El caso de Manos Limpias, aunque no sea el origen de la causa judicial, es interesante para saber más sobre el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, explicar su descrédito en sectores de la sociedad. Manos Limpias se dedicaba a extorsionar y estafar empresas y fue condenada, junto a Ausbanc, en sentencia de la Audiencia Nacional, sus líderes sentenciados a hasta 8 años de prisión que nunca cumplirían. El Tribunal Supremo decidió revocar esa sentencia y absolverlos porque, aunque consideró probados los hechos, estimó que no suponían delito porque no había intimidación o violencia y eran entidades con los recursos suficientes para defenderse de esas prácticas. Fue el 15 de marzo de 2024 y justo un mes después el juez Peinado inició el proceso contra Begoña Gómez a instancias de Manos Limpias. Se ha hablado varias veces de limitar las acusaciones particulares de clara intencionalidad política pero no se ha hecho. Incluso hay quien lo ve como un límite a la libertad de expresión. ¿En esas condiciones puede seguir presentando demandas? Lo que habría de limitarse al máximo es cuanto tiene apariencia de lawfare o de su búsqueda para que no contamine más a toda la justicia.

La Asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, ya ha protestado este martes por los ataques que a su juicio se están dando a la magistratura por la imputación de Zapatero. Y es que hay mucha gente, que, a la vista de lo que ocurre, se queja de los desequilibrios que observa. Lo del fiscal general García Ortiz fue demasiado revelador para pensar que se trata de un caso aislado. Fue un escándalo. Y de todos aquellos polvos, estos lodos.

De confirmarse la culpabilidad de Zapatero sería muy grave, pero habría de producirse con todo tipo de garantías policiales y procesales, de esas que suelen gozar los líderes de la derecha imputados o solo testigos de las causas en las que son protagonistas. De momento las personas fiables que han leído el auto completo hablan de un texto muy contundente, destacan el uso de términos categóricos pendientes de probarse, o muchas conclusiones basadas en lo que otros hablan de Zapatero. Un asunto muy serio en apariencia, sin embargo, no tan grave, quizás, como las actividades del expresidente Aznar que no han merecido ni el más leve reproche judicial. Las Azores, el 11M, las víctimas, nada. Ni las del Yak42 siquiera. Y es que las negligencias -de ser negligencias- con resultados trágicos también deberían tenerse en cuenta. No se ha investigado el origen de la cuantísima fortuna de los Aznar Botella. Y tampoco se han pedido responsabilidades por su soflama golpista: “el que pueda hacer que haga”. Eso que ha venido demostrando la enorme “responsabilidad laboral” de los que vienen haciendo tanto, tanto, porque pueden y les dejan.

Rajoy es un expresidente realmente mimado por la justicia porque sobre él hay pruebas hasta de conversaciones grabadas que le aluden, y en el juicio de la Kitchen, terrible como corrupción de Estado, solo participa como testigo. Su ministro de Hacienda que lograba de su gobierno leyes a la carta para sus clientes, también representa presuntamente una corrupción de muy altos vuelos.

Si dudamos especialmente de que sean ciertas las acusaciones contra Zapatero es porque molesta mucho a la derecha de este país, y es una evidencia absoluta. No solo les ganó las elecciones del 2004, acabó con ETA y dictó leyes progresistas, muy progresistas de hecho, sino que ha seguido defendiendo los valores de la socialdemocracia sin pasarse al bando acomodaticio. De alguna manera, el PP se ha visto afectado por ese presidente. Y encima Zapatero apoya a Sánchez a quien tampoco pueden ver. Nos cuesta creer que no haya malas artes bajo su imputación, pero, hay que insistir que son las pruebas ciertas y los procesos limpios los que lo determinan.  ¿Confiamos en ello? No siempre lo parecen. Cerca de un año lleva ya la UCO sin presentar el informe del novio de Ayuso y ya vemos lo suelta de lengua que anda ella. Entre otros muchos casos.

Se desborda la algarabía en la derecha por la imputación de Zapatero. Se piden dimisiones, comparecencias, moción de censura, elecciones, cuando ni siquiera ha declarado el imputado que lo hará en un par de semanas. Otro dato para pensar que nada de esto es una casualidad.

Voces muy solventes y creíbles afirman que el auto del juez está fundamentado y es contundente. Ojalá Zapatero pueda explicar las cuestiones que se le plantean. Y que otros que andan de rositas se enfrenten a sus responsabilidades. Mientras todo eso no suceda nos cuesta creer sin ver. Es la definición de la fe y poco tiene que ver con la justicia.

Una vez, un amigo que trabaja en Mercadona me contó una historia sobre Juan Roig. Dicen que la razón por la que en sus supermercados no hay arcos antirrobo, ni alarmas en las botellas, ni candados en los estantes que guardan los productos más caros, ni siquiera, a veces, guardias de seguridad, es que al empresario valenciano le parece que no son rentables. Roig considera que sale mucho más a cuenta fiarse del “jefe” –que es como llaman en el argot interno a los clientes– y asumir que alguna cosa habrá que te birlen. Tener que instalar todo un sistema de vigilancia no solo sería más costoso, sino que terminaría por calar a la forma en que los trabajadores se relacionan con los clientes y, al final, a la manera misma en que los clientes se ven a sí mismos: como extraños en los que el propio establecimiento no confía.

No sé hasta qué punto es verdad. Pero igual he contado muchas veces esta anécdota porque me sirve para defender mis propias decisiones. Como empresaria me empeño en que las personas que trabajan para mí no tengan ni horario fijo, ni obligación de acudir a un centro de trabajo, si la organización de la compañía lo permite. Confío en que harán su trabajo de la manera que estimen que es más conveniente. Mientras fui propietaria de un grupo hostelero, tampoco instalé nunca cámaras en los establecimientos, a pesar de que es una práctica muy común en el sector para evitar los robos por parte de trabajadores.

¿Soy una empresaria “buena”? No, para nada: lo hago porque es más rentable. Desconfiar de tu propio equipo sale carísimo: exige dedicar un montón de dinero a la vigilancia, te enfrenta a tus trabajadores, instaura una cultura permanente de la sospecha y te obliga a renunciar a tus prioridades para dedicar tu tiempo (que es lo único realmente escaso) a asegurarte de que no te están engañando.

Me acuerdo de todas estas cosas cuando escucho que Zapatero ha sido imputado por un caso de corrupción y leo las gravísimas acusaciones que se vierten contra él. Un juez afirma que “la investigación ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado.” 

Y me niego a darle cŕedito. Elijo, sin más información que la que tenemos en este momento, confiar también en el ex-presidente. 

Y es que toda la información de la que dispongo sobre este señor apunta en la dirección contraria. Durante el tiempo que fue presidente y hasta hoy no le he visto un gesto que me haga pensar que es el tipo de persona que se saltaría la legalidad para enriquecerse. Ni una. Más bien al contrario: podría estar ganando mucho más dinero del que se le acusa de haber percibido si se sentara en varios consejos de administración, o si prestara servicios para enormes gigantes corporativos, o incluso para otros estados, como hacen –legítimamente, también– otros ex-presidentes. Y no lo ha hecho. 

Hasta donde yo sé, que es lo mismo que sabemos el común de los mortales, en los últimos años Zapatero no ha hecho otra cosa que meterse en varios avisperos –como la mediación entre el gobierno de Venezuela y la oposición– donde tenía poco que ganar en lo personal y mucho que aportar en lo político.

Hoy he leído algunas noticias que parecen contradecir esa intuición –que creo que comparto con muchas otras personas– de que el ex-presidente es una persona confiable y con un profundo compromiso con lo público. ¿Qué creencia tiene sentido sostener? ¿La propia o la que apunta el juez? Yo voy a elegir seguir mi intuición y no retirarle mi confianza. No porque sea buena persona, ni porque me caiga bien el ex-presidente, ni porque le convenga a una opción electoral que me interese, ni porque tenga todos los datos necesarios para formarme una opinión firme, sino porque bajo este caso particular se libra otra batalla. 

Zapatero no es solo un político. Es, sobre todo, un símbolo de la confianza en la política. Y en los últimos 15 años, desde que eso que hemos llamado la “ola populista” se instaló en el sentido común, se ha extendido la creencia en que eso no es posible –o no es inteligente: no se puede confiar en la política porque todos los cargos públicos, hasta los que parecen más limpios, son unos seres corruptos que solo miran por su propio interés.  

De manera que cuando salta a la luz un caso como este —como ocurrió con Mónica Oltra—, mucho antes que a una persona se juzga una posibilidad: la de confiar en quienes nos representan. Y esa desconfianza, como ocurre en Mercadona, encarece la democracia. Nos obliga a dejar de creer los unos en los otros, mucho más si estamos enfrentados ideológicamente. El mensaje, al final, es que cualquiera, por más confiable que parezca, puede ser un corrupto. O que todos los políticos son unos ladrones. Que no nos podemos fiar de ninguno, ni de nuestra propia intuición sobre ellos.

Pero resulta que la evidencia demuestra que eso tampoco es verdad. A lo largo de la democracia, decenas de miles de personas han ocupado un cargo público. La inmensa mayoría –en la izquierda y en la derecha, en los ayuntamientos y en las diputaciones, en los ministerios y en los parlamentos– lo han hecho con honestidad y vocación de servicio público. Si uno cree en la democracia, tiene que creer también en la buena voluntad de quienes la integran. No hay otro camino. 

Así que yo voy a elegir confiar en Zapatero. Entre la información que tenía y mi propia intuición, y las informaciones de ayer, voy a optar por confiar en que hay personas honradas en política y en que son la inmensa mayoría. En que esta imputación quedará en nada. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Siempre existe esa posibilidad. Pero me renta. Incluso si me equivoco públicamente delante de todos vosotros, me seguirá saliendo muchísimo más barato equivocarme una vez poniendo la mano en el fuego por alguien que me ha dado muchas razones para ello que vivir instalada en la idea de que no podemos confiar nunca en nadie.

Al final ha sido mejor esperar a que la Sra. Ayuso haya vuelto de su increíble periplo mexicano, porque su primera gran actuación en la Asamblea de Madrid nos ha dado algunas claves. ¿Qué la ha sucedido, qué ha ido a hacer allí, qué le ha hecho México, sus gentes, su clima? No parece tratarse de la llamada (y temible) “venganza de Moctezuma”, bien conocida por los turistas, pues se trata habitualmente de una incómoda peripecia digestiva. Quienes lo hemos conocido, lo sabemos bien.

Ante la falta de transparencia, los reiterados mensajes de la Sra. Ayuso las menciones a “terribles peligros y amenazas” ( sin concretar), y su desaparición durante tres días, uno ha tenido que buscar en fuentes variadas y variopintas. Al final, quien esto suscribe se ha inclinado por ir a los álbumes de Tintín. Sí, el genial Hergé nos regaló varios tomos en los que el protagonista se hunde en complejas tramas latinoamericanas, y en algún caso, centroamericana: La Oreja Rota, o Tintín y los Pícaros, Tintín y el Templo del Sol. Sin olvidar el primero de la colección, Tintín en el País de los Soviets. ¿Cuál es la relación de este último con la trama latinoamericana? Ninguna directamente, pero Sra. Ayuso  nos ha ofrecido más de una vez comparaciones teóricas de España y su Gobierno con el estalinismo, el régimen totalitario de la Venezuela Pre-Trump, o directamente el marxismo leninismo. Y en esto, el primer álbum de Hergé fue pionero…

Sus mensajes mientras estuvo en México fueron inquietantes, provocadores, insultantes, afirmando que ese país nunca existió hasta que llegaron los españoles, que es un narco-estado, que la Presidenta Sheinbaum debería explicar qué hay enterrado en el subsuelo de la capital, y un largo etcétera de barbaridades. Ni una palabra sobre como México acogió  una gran cantidad de refugiados españoles al término de la Guerra Civil, por supuesto.

A su vuelta la cosa se aclaró bastante, sobre todo en cuanto a mostrar la intención de eso que se llama “el relato” de la Presidenta de Madrid. Pero quedan preguntas e incógnitas. Ya en su tribuna oficial, la Asamblea de la Comunidad, abundó en que el Gobierno de España la dejó abandonada y desprotegida. Todo era una trama entre la Sra. Sheinbaum y su “narcoamigo” Pedro Sánchez (¿o era al revés?). La realidad es más simple. Ha ido a México porque está en reñida competición con Vox, que hace de Hernán Cortés uno de sus héroes de cabecera. De hecho uno de sus dirigentes ha propuesto que el Euro, por la parte de los que imprime España, pero válido en toda Europa, debería incluir la figura de Hernán Cortés, y no sabemos si también la de Pizarro, pero Sra. Ayuso no ha ido de momento a Perú. Lo que parece también es que su agenda y la de Vox (esperemos que no en la del PP en general), está la de debilitar la imagen del Rey de España, que se esforzó recientemente en tejer una sólida normalización entre España y México con la Presidenta Sheinbaum. No olvidemos que Vox no es un partido monárquico, en absoluto, es un partido que va a lo suyo. Y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, no lo sabemos.

Queda otra vez de manifiesto una cosa que debería inquietar al PP, o a su segmento más pragmático, constitucionalista, europeísta, que lo hay. El PP sigue sin tener ni un atisbo de política exterior. Cuando acude, muy ocasionalmente, a alguna reunión en Bruselas, a la UE o a la Alianza Atlántica, o en Naciones Unidas (por favor, no dejen que vaya la Sra. Ayuso) , solo busca un magro titular contra Pedro Sánchez. Y que no se engañen, ahí fuera el Gobierno de España sigue estando bien puntuado.

España superó en enero de 2026 los diez millones de habitantes nacidos en el extranjero. En apenas dos décadas se ha producido una gran transformación demográfica que afecta a todos los ámbitos de la vida colectiva: la escuela, el mercado laboral, el sistema sanitario, la fiscalidad. Pero hay un ámbito en el que esa transformación prácticamente no ha llegado: la administración pública. Los más de 3 millones de empleados públicos que gestionan los servicios que atienden a esa sociedad diversa siguen siendo, en una proporción abrumadora, de nacionalidad española y de origen no migrante. Según la EPA del primer trimestre de 2026, solo el 2% de la población ocupada extranjera trabaja como asalariada en el sector público, frente al 20% de la española. Una asimetría de diez a uno. No hay tampoco un seguimiento del tema. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas no incluye ninguna variable sobre país de nacimiento ni trayectoria migratoria de los empleados públicos.

La falta de adecuación de las administraciones públicas a la nueva realidad del país tiene un origen normativo. El Estatuto Básico del Empleado Público exige la nacionalidad española para acceder a las plazas de funcionario de carrera. Unas plazas que hoy representan el 54% del empleo público. Los ciudadanos comunitarios pueden optar a la mayoría de esas plazas, pero los extracomunitarios quedan excluidos por mucho que lleven décadas residiendo legalmente en el país. Lo que si pueden es ocupar puestos de personal laboral, que suponen el 21% del total y que, además, presentan barreras de acceso similares a los de las plazas de funcionario. Aquí también hay procesos selectivos, homologación de títulos, demostración de dominar el lenguaje jurídico-administrativo. En este sentido podríamos afirmar que lo que Vox reclama bajo el eslogan de “prioridad nacional” ya funciona, de hecho, como principio estructural del empleo público español al estar inscrito en la ley.

Lo curioso es que esa exclusión se contradice con lo que ocurre en el caso del ejército nacional. Desde 2002, nacionales de dieciocho países hispanoamericanos y de Guinea Ecuatorial pueden alistarse como militares profesionales de tropa y marinería con una simple tarjeta de residencia. Por lo que parece alrededor del 6% de los soldados de tropa han sido históricamente de nacionalidad extranjera, casi todos colombianos y ecuatorianos, y cerca de trescientos han participado en misiones internacionales. Así se produce esa situación paradójica: el Estado confía la defensa armada del país, a personas no nacidas en el territorio nacional, pero, en cambio, les prohíbe presentarse a una oposición de auxiliar administrativo. 

Más allá de esta contradicción la cuestión relevante es la relacionada con el tipo de convivencia con la que queremos construir el país. Una sociedad en la que una de cada cinco personas tiene origen migrante pero las administraciones que les atienden, que tramitan sus papeles, que ponen en práctica las políticas que les afectan, está compuesta casi exclusivamente por personas que no han vivido esa experiencia vital, puede acabar generando una distancia institucional que con el tiempo acabe convirtiéndose en deslegitimación. Esa distancia o extrañamiento no se da en la calle, sino en lugares como la ventanilla que da acceso a la tramitación de cualquier trámite, en el centro de salud, en la escuela pública o en la oficina de empleo. No se quiere con ello afirmar que un funcionario nacido en España no pueda atender bien a un ciudadano independientemente de cuál sea su origen, sino que un servicio público que no incorpora la diversidad de la sociedad a la que sirve va perdiendo capacidad de comprenderla y de conectar con ella. Y pierde, sobre todo como decíamos, legitimidad para pedirle que se sienta parte de un proyecto compartido.

Otros países europeos han empezado a abordar esta cuestión, al menos en el plano del diagnóstico. Francia mide la brecha: el 6% de sus funcionarios son personas inmigradas, frente al 12% en la población activa, y un informe gubernamental constató que cuanto más alto es el nivel jerárquico, menor es la presencia de personas de origen extranjero. Alemania reveló en 2024 que el 16,2% de los empleados de su administración federal tienen antecedentes migratorios, frente al 31,9% de la población activa. El Reino Unido publica cada año datos detallados sobre etnia, discapacidad y origen socioeconómico de todos sus funcionarios: el 16,6% pertenecen a minorías étnicas, aunque en los puestos directivos la cifra baja al 10,7%. Canadá emitió en 2021 un llamamiento formal para nombrar y promover a empleados indígenas y racializados en cargos de liderazgo público. No quiero con ello afirmar que sean modelos a seguir, pero al menos parten de una premisa que España aún no ha asumido: que lo que no se mide no se puede corregir.

El proceso de regularización extraordinaria abierto en abril de 2026, que otorgará residencia y permiso de trabajo a cientos de miles de personas que ya viven en España, no resolverá esta brecha por sí solo. No concede nacionalidad, que es el requisito para ser funcionario, y no elimina las barreras materiales de acceso. Pero sí amplía el número de personas que podrían acceder a puestos de personal laboral, y en el medio plazo acelerará los procesos de adquisición de nacionalidad. Lo que no hará, si no se acompaña de una política deliberada, es cambiar la composición de una administración que sigue funcionando como si la sociedad española fuese la de 1985.

Al final lo que está en juego no es una cuestión de cuotas. Es algo más básico: la capacidad de construir un “nosotros” que incluya a quienes ya están aquí. Las sociedades que gestionan bien la diversidad son aquellas en las que las instituciones reflejan, siquiera parcialmente, a las personas a las que sirven. Las que no lo hacen acaban generando dos mundos paralelos: uno que gestiona y otro que es gestionado, uno que decide y otro que obedece, uno que pertenece y otro que simplemente reside. Esa fractura, si se acaba consolidando, resulta difícil de reparar. Se necesitaría empezar a medir la composición real del empleo público, debatir si tiene sentido mantener la exclusión de residentes permanentes de las oposiciones, facilitar adecuación de requisitos, incluir la diversidad de origen en las estrategias de recursos humanos de las administraciones. Nada de ello es revolucionario. Es, simplemente, tomarse en serio la sociedad que ya somos.

Ya conocemos los resultados de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como siempre, hay datos de mucho interés, sobre todo de cara al futuro inmediato en esta Comunidad y también, ¡cómo no!, sobre otros procesos electorales que se van a celebrar con total seguridad en mayo de 2027 – autonómicas “comunes” y municipales – y, seguramente también en dicho año, aunque aún sin fecha, claro – elecciones generales -.

De todas las constataciones que pueden extraerse – y son cientos de ellas, todo depende dónde pongamos el foco y cómo vayamos leyendo los resultados y cruzando elementos y datos -, yo quisiera resaltar unos pocos, muy pocos y, como verán, nada originales, en absoluto.

La primera gran y obvia constatación es que el PP no ha obtenido la tan y tan legítimamente ansiada mayoría absoluta y que tendrá que luchar por conseguir sacar adelante su investidura. Veremos con qué apoyos, si con VOX - con un apoyo parlamentario de investidura o de legislatura o conformando un Gobierno de coalición - o si quiere y puede conseguir otros apoyos distintos.

La segunda obviedad es el rotundo éxito de “Adelante Andalucía”, cuadruplicando escaños y estabilizando su posición y su a priori arriesgada decisión de no concurrir con otros grupos políticos de izquierdas. Creo que conocen muy bien el terreno que pisan y que tenían muy bien pulsado lo que la ciudadanía opina de la situación en general y de la izquierda en particular y de su actuación en los últimos años.

La tercera constatación es el claro estancamiento y, por tanto, fracaso, de las fuerzas políticas de izquierda “estatal” que han confluido en la candidatura “Por Andalucía”, de entre las que destacan por su relevancia real en el Estado Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos – pónganlas en el orden que prefieran -. Con la trascendencia que tiene para el resto del Estado. Y ello, pese a haber realizado una campaña “ordenada”, sin estridencias ni contradicciones ni desencuentros públicos, lo que tampoco era fácil, si bien considero que el liderazgo de Antonio Maíllo ha tenido mucho que ver en ello y también, seguramente, en haber mantenido la posición. 

Esto es lo principal que yo extraigo de lo ocurrido el domingo. Queda mucho tiempo para las siguientes elecciones – o eso parece, al menos – y para digerir estos resultados y la formación del Gobierno andaluz, así como para mover las fichas del tablero político. Yo, personalmente, no me atrevo a pronosticar nada.

Pero hay algo que me ha llamado mucho más poderosamente la atención. Ya sé que no es la primera vez que ocurre, pero quizá en esta ocasión la he percibido más clara y crudamente.

De los varios discursos y valoraciones que se hicieron el propio domingo y se siguen haciendo aún – ¡y lo que irá cayendo! -, destaco esa sensación tan agria de que quienes no han ganado – incluyendo quienes han perdido estrepitosamente – celebran como una victoria la “derrota” del PP, que no ha obtenido la pretendida mayoría absoluta y habrá de vérselas con VOX.

Que no haya mayorías absolutas no es malo en sí mismo. Yo misma me he alegrado muchas veces de ello, tanto en el Estado como en Euskadi. Es sano, pues obliga a negociar, a pactar y, sobre todo, a escuchar e incorporar otras ideas distintas de las propias. 

Pero esta idea general no siempre sirve. No sirve, desde luego, cuando ese diálogo, esa negociación y esos pactos se tienen que hacer con quien desde una gran parte de la ciudadanía y desde determinadas fuerzas políticas se rechaza de plano. Esto es, no es sano terminar pactando con quien quiere imponer ideas que repugnan a la mayoría, aquí y en otros lugares.

Es lo que ocurre con VOX. Yo no soy partidaria de ignorarlos ni de evitar que hablen, sino más bien lo contrario: considero que solamente hay una vía para detener ideas repugnantes y es que las escuchemos, razonemos y las filtremos hasta que, con convicción, las rechacemos.

Y ¿qué hacer entretanto? 

De un lado, y para comenzar, no celebrar la “derrota” ajena como victoria propia. Menos aún cuando la “derrota” no es tal y aún menos cuando ello genera una indeseada situación de que la extrema derecha pueda condicionar la formación de Gobierno y, con ello, imponer las tan rechazadas ideas y propuestas. 

De otro lado, si tan negativo es para la ciudadanía que la ultraderecha llegue al Gobierno o lo condicione en los términos que llevamos tiempo escuchando – que lo es, sin duda -, y si tan gran compromiso tienen todas las fuerzas políticas con la democracia y con los derechos humanos – que lo tienen, sin duda también -, no debiera ser tan complicado intentar facilitar una negociación y un pacto para la investidura de Moreno Bonilla con un programa de mínimos aceptable por todos o por algunos. No sería en modo alguno fácil, pero debiera ser posible. Sobre todo, para el PSOE, que sabe bien y ha sufrido en sus propias carnes lo que es negociar y pactar incluso con fuerzas políticas muy dispares en términos que incluso han generado grandes contradicciones internas, además de varios y relevantes “cambios de opinión”.

No soy partidaria de impedir el debate de ideas, pero sí de “cordones sanitarios” que permitan alianzas políticas para evitar que partidos políticos extremistas lleguen a gobernar. Se han practicado, con éxito, en varios países de nuestro entorno sociopolítico. En Francia, sin ir más lejos, a la hora de votar, dado su sistema electoral de doble vuelta, que permite que, en la segunda de las rondas las fuerzas que a ella acceden apoyen la candidatura mejor situada para evitar la victoria de la ultraderecha. Aquí, podríamos considerar que la segunda vuelta es, en realidad, la investidura, de modo que podríamos exigir ese “cordón sanitario” que solamente podría funcionar si hay un acuerdo para votar al partido que, en razón de los resultados electorales, tenga las mayores posibilidades de formar gobierno – no necesariamente el partido vencedor, sino el que pueda tejer más y más potentes alianzas -.

Llámenme ingenua si quieren, porque seguramente lo soy, pero no veo, hoy por hoy, otra manera de impedir que ocurra lo que nadie quiere – o lo que todo el mundo dice no querer -. No es seguro, pero sí muy posible que la ciudadanía termine por agradecer a quien ofreciera un pacto en tal sentido y a quien lo aceptara.

Todo lo demás son palabras huecas y prioridades partidistas.

“Elegir a la ministra de Hacienda (la que recauda impuestos y hace un pacto de financiación con Cataluña) y vicesecretaria general del partido de Cerdán, antes de Ábalos, es un doble error. Visto el avance de Adelante Andalucía puede pensarse que un candidato que hubiera hecho un Manuel Clavero o un Rafael Escuredo habría sido la mejor opción. 

(...) La frecuencia sanitaria en Andalucía entre los menores de 65 años es baja, por lo que no les angustia tanto el deterioro de la pública, si bien estoy convencido de que la sanidad le ha quitado la mayoría absoluta a Moreno. 

(...) Pedro Sánchez es el referente internacional más potente de la izquierda, con un gobierno que funciona. Pero, el PSOE está hecho unos zorros. Y eso se nota en una campaña en la que María Jesús Montero no ha pisado la calle y en la que el voto joven se nos ha ido“.

Quien así habla es un viejo, pero lúcido socialista que no ha participado en ninguna de las guerras internas de la última década, que no tiene responsabilidades institucionales y tampoco orgánicas; que conoce mejor su partido que todos esos que a diario pían ante los micrófonos de los medios y que, yerre o acierte en su análisis, sabe bien que de nada sirve taparse los ojos ante la debacle. Y tampoco, intentar pasar cuanto antes la página del desastre, que es lo que pretendió este lunes la dirección federal del PSOE con los peores resultados electorales que ha cosechado en las urnas andaluzas en el último medio siglo y su quinta derrota consecutiva desde las autonómicas de 2022.  

El contraste entre su reflexión y el argumentario que la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, desplegó ante los medios de comunicación no solo ofende la inteligencia de cualquier socialista, sino que proyecta la imagen de una dirección que es incapaz de hacer un análisis crítico de los motivos reales de su desconexión con la ciudadanía. Sostener todavía hoy que la mejor candidata para medirse con Moreno Bonilla es María Jesús Montero o que quien ha fracasado en Andalucía es el PP, tras haber sumado el 41,5% de los votos y una distancia sobre el PSOE de 19 puntos es burlarse de la historia del socialismo andaluz. 

No crean que, a puerta cerrada, en la reunión de la Ejecutiva que presidió Pedro Sánchez se dijo algo distinto. Lo que hubo fue una sucesión de lugares comunes y ni una sola reflexión crítica sobre la candidatura o la estrategia seguida. Esto además de fiar la suerte del PSOE a lo que deparen las coaliciones de gobierno entre PP y Vox en los diferentes territorios.

Pero no fue solo el PSOE quien ha interpretado en la resaca electoral el papel del ciego que no quiere ver o el sordo que no quiere escuchar porque Feijóo hizo lo propio con un análisis de los resultados del PP tan miopes como los que hizo de los suyos el socialismo oficialista. Ignorar, como hizo el líder de las populares, su absoluta dependencia de Vox en las cuatro Comunidades donde se han celebrado elecciones en los últimos seis meses, no mencionar la pérdida de la mayoría absoluta ni querer valorar la negativa de Moreno a aceptar la “prioridad nacional” que ya exige y es un intento baldío de acelerar la campaña de unas generales que todavía no tocan.

Olvida también Feijóo que él no es Moreno Bonilla y que, con mayoría absoluta o sin ella, el presidente de la Junta está casi 20 puntos por delante de los socialistas mientras que su ventaja sobre Sánchez es hoy de menos de 5 puntos y su valoración es la peor de todos los líderes nacionales. 

Los resultados de Andalucía, aunque lo oculte Feijóo, arrastran al PP a un escenario inquietante con un acuerdo más de gobernabilidad condicionado por los ultras de Vox. Y todo indica que así será también en España cuando se celebren elecciones generales. Hasta entonces, nada hace indicar que el PP vaya a bajar los decibelios del estruendoso ruido parlamentario o a replantear su estrategia del insulto, la grosería y la excitación permanente. 

No pasará porque el secretario general del PSOE sigue siendo Pedro Sánchez, el artífice del “no es no”, pero haría bien el socialismo andaluz en poner las luces largas. Y sopesar si a Andalucía y al PSOE les merece la pena que dos de sus parlamentarios se abstuvieran en la investidura del candidato popular, que quedó a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta. 

La decisión evitaría que la formación de Abascal entrara en otro gobierno y, de paso, dejaría en evidencia la hiperventilada hoja de ruta de un Feijóo echado en brazos de la ultraderecha. El problema lo tendría el PP y no el PSOE. Para eso, claro, Moreno tendría que aceptar un salvavidas que le evitaría pasar por el aro de la “prioridad nacional” y de todas las guerras culturales de los ultras, algo que rechazó de plano Mañueco cuando se lo ofreció el socialista Carlos Martínez para facilitar la gobernabilidad de Castilla y León. Ganaría el PSOE para su necesaria reconexión con la ciudadanía, ganaría Andalucía y ganaría Moreno, sí, pero Feijóo quedaría retratado y neutralizado. 

En demasiadas partes del mundo dar a luz sigue estando más asociado al miedo que a la esperanza: una clínica sin electricidad, una enfermera sin suministros, una madre que sabe que dar vida puede costarle la suya. Estos temores no son meramente emocionales; están respaldados por los hechos. Cada dos minutos una mujer muere en el mundo al dar a luz. Cada año casi cinco millones de niños no llegan a cumplir cinco años. Una cifra que aumentará si continúan los recortes de ayuda. The Lancet estima que para 2030 podrían morir más de 14 millones de personas adicionales, incluidos 4,5 millones de niños menores de cinco años, el equivalente a borrar la población de ciudades del tamaño de Abuja, Brasilia o Roma.

La verdadera medida del progreso global no se encuentra en los mercados financieros ni en las declaraciones de las cumbres internacionales. Se encuentra en si una mujer sobrevive al embarazo y al parto, en si un niño es vacunado y está bien alimentado, y en si un adolescente puede crecer sano, seguro y con esperanza. Cuando mujeres, niños y adolescentes prosperan, las sociedades son más fuertes, las economías más resilientes y las naciones están mejor preparadas para el futuro. Cuando fallan, los costes no solo se miden en muertes evitables y sufrimiento, sino en la pérdida masiva de potencial humano.

Por eso, invertir en la salud de mujeres, niños y adolescentes es una de las inversiones más importantes que cualquier gobierno puede realizar. La evidencia es abrumadora. Cerrar la brecha en la salud de las mujeres por sí sola podría añadir al menos 1 billón de dólares a la economía global cada año para el 2040. Cada dólar invertido en vacunación infantil o en salud mental adolescente genera alrededor de 20 dólares a lo largo de la vida —en ahorro sanitario, en productividad, y en vidas que continúan construyendo algo—. Las mujeres sanas sostienen las familias y las economías. Los niños sanos se convierten en trabajadores y ciudadanos. Los niños y adolescentes sanos están mejor preparados para participar en la sociedad, desarrollar medios de vida y construir futuros más estables y prósperos.

Sin embargo, los sistemas de salud en todo el mundo están siendo llevados al límite por los recortes de ayuda, la deuda, los conflictos y la reducción del espacio fiscal. En 2025, la ayuda oficial al desarrollo cayó un 23,1%, el mayor descenso anual de la historia. En más de cincuenta países los trabajadores sanitarios están perdiendo sus empleos y se están rompiendo las cadenas de formación. En algunos lugares, la atención materna, la vacunación y la respuesta de emergencia se han reducido en un 70%. Al mismo tiempo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos sufren crecientes ataques políticos, poniendo en riesgo avances logrados tras décadas de esfuerzo.

Las mujeres y las niñas soportan la carga más pesada. En 2023, seis de cada diez muertes maternas en el mundo ocurrieron en países en situación de conflicto o fragilidad. De hecho, una mujer que vive en un país afectado por conflictos tiene cinco veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que una mujer en un país estable. Demasiadas mujeres siguen sin acceso a una atención materna de calidad, a servicios anticonceptivos y a servicios reproductivos esenciales. Demasiadas niñas se enfrentan a violencia, discriminación y barreras de acceso a la salud que limitan no solo su bienestar, sino su libertad y su futuro. Cuando los presupuestos se recortan, mujeres y niños son con demasiada frecuencia los primeros en sufrirlos y los últimos en ser protegidos.

Esto no es inevitable. Es una cuestión de voluntad política.

En Sudáfrica, estamos trabajando para fortalecer la atención primaria de salud, ampliar el acceso equitativo a servicios de calidad, invertir en el personal sanitario y construir un sistema más inclusivo que llegue a quienes más lo necesitan. Entendemos que el progreso en salud es inseparable del progreso en igualdad y desarrollo. Una sociedad no puede prosperar si se niega atención a las mujeres, si los niños quedan desprotegidos o si los adolescentes son excluidos de los servicios y oportunidades que necesitan para prosperar.

En España, un sistema nacional de salud público ha proporcionado cobertura universal y una de las tasas más bajas de mortalidad materna e infantil del mundo. Creemos que —con visión, determinación y solidaridad—lo que hemos logrado en nuestro país puede lograrse a escala global. Por eso, la Estrategia Española de Salud Global 2025–2030 sitúa la equidad, los sistemas sanitarios resilientes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el centro de nuestra acción internacional; y por eso trabajamos para elevar la ambición global en la financiación del desarrollo sostenible y para defender la igualdad de género como un imperativo democrático y de desarrollo.

En la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla el año pasado, a través del Compromiso de Sevilla y la Plataforma de Acción de Sevilla, contribuimos a centrar la atención internacional en la deuda, la inversión sostenible y la reforma de la arquitectura financiera global.

Estas cuestiones pueden parecer técnicas, pero sus consecuencias son profundamente humanas. Determinan si los sistemas de salud pueden contratar y retener personal, si los medicamentos llegan a las clínicas, si las mujeres pueden acceder a la atención de forma segura y si los niños y adolescentes tienen una oportunidad justa en la vida.

También debemos ser inequívocos en la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos no son secundarios ni negociables. Son fundamentales para la dignidad, la igualdad y la salud pública. Ninguna mujer o niña debería ser privada de atención vital por razones políticas, económicas o de discriminación. Ninguna sociedad puede afirmar que valora la justicia mientras tolere la violencia de género persistente o la erosión sistemática de la autonomía y los derechos de las mujeres.

La cuestión que se plantea a la comunidad internacional no es si podemos permitirnos invertir en mujeres, niños y adolescentes, sino si podemos permitirnos no hacerlo. La respuesta es clara. Los costes a largo plazo de la inacción —mayor inestabilidad, más desigualdad, economías más débiles y millones de muertes evitables— son mucho mayores que el coste de actuar ahora. Mayores que el coste de mantener encendida la luz en esa clínica.

Este es el espíritu con el que España se incorpora a la Red de Líderes Globales, que reúne ya a doce jefes de Estado y de Gobierno comprometidos con avanzar en la salud y los derechos de mujeres, niños y adolescentes. Pero este esfuerzo no puede quedarse ahí. Los desafíos son demasiado grandes y los riesgos demasiado altos como para que el liderazgo recaigasolo en unos pocos países.

Necesitamos que más gobiernos den un paso al frente para proteger los servicios sanitarios esenciales, invertir en el personal de primera línea, defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar que las reformas de financiación beneficien a quienes más lo necesitan. Necesitamos más líderes que reconozcan que mujeres, niños y adolescentes no son una preocupación secundaria de las políticas globales. Son su mayor desafío.

Este es un momento de valentía política. Un momento para elegir la inversión frente al repliegue, la solidaridad frente a la indiferencia y la acción frente a la complacencia. Sobre todo, es un momento para reconocer una verdad simple: si mujeres, niños y adolescentes no están en el centro de nuestras decisiones, el futuro no será justo, estable ni sostenible. Pero si lo están, un futuro mejor permanece a nuestro alcance.

Escribe el argentino Luis Ignacio García que «si el fascismo era sinónimo de rigidez y estereotipia, al punto que implicaba formas de parodia involuntaria, ahora la parodia deja de ser involuntaria y pasa a ser deliberada: hoy Hitler es Charlot, lo que le otorga la fuerza estratégica adicional de hacerse pasar por una imitación de Hitler». Es gracias a su escudo autoparódico que puede instalarse con eficacia el fascismo del siglo XXI: porque deviene cosplay, se viste de sí mismo como si no lo fuera, se enmascara y se coloca detrás de algo mientras señala su máscara. Aplica en el caso de Milei, que encima tiene como diputada, entre sus filas, a una cosplayer profesional, Lilia Lemoine. Nada en contra del cosplay ni de disfrazarse; cierto es que ser cosplayer no es el currículo esperado para una diputada. Tampoco lo sería para una presidenta ser Community Manager de la cuenta de un perro. Esos tiempos vivimos y esa hoja de servicio nos presentan.

Pensaba, al leer su libro, en cuán aplicable era lo que estaba leyendo a la realidad española. Abascal tiene un tono grave y una seriedad que no encajan tanto con el subrayado paródico del tono cosplay, es un fascismo que se cree mucho a sí mismo, es pomposo pero no burlesco, su falta de flexibilidad rebaja su techo. Ayuso, en cambio, es una política más laxa, más socarrona, va por el mundo con una chulería muy madrileña que explica parte de su construcción de personaje y su arrastre electoral. Pero tiene al menos una diferencia grande con el fascismo cosplay argentino.

Isabel Díaz Ayuso es fascismo cáscara. Debajo del fascismo cosplay de Milei, para entenderlo, hay que bucear en su biografía, su psicología, su obsesión por clonar a sus perros, sus dificultades en las relaciones humanas, su historia familiar, su ruptura del tabú del incesto con su hermana todopoderosa en el gabinete. Quizá su crueldad siga resultando incomprensible, sus gestos imposibles de aceptar, su pantomima demasiado exagerada; nadie podrá decir, sin embargo, que no cuenta con explicaciones. Ayuso, en cambio, es el vacío. No tiene casi historia más allá de lo que superficialmente conocemos sobre su novio. Ahora ha salido una biografía, publicada por David Fernández en Libros del K.O., pero incluso con todo lo que ahí se cuenta, comparado a las historias de Milei, a la de Trump (a propósito del cual se hizo una película hace muy poco), a la de Musk, la historia de Ayuso es una historia de nada. Fue presidenta precisamente por no ser nada, por haber sido amiga de Casado, presidenta como advenediza, por azar.

En esta imagen, pues, Ayuso es un disfraz sin nadie debajo. Pero este vacío no es una cualidad debilitante, no la hace de menos: quizá sea una clave de su éxito. Al no haber nada, más fácil es llevar el disfraz o ser sólo máscara, rapsoda que recite lo que MAR le dice, bien ejemplificado en que resultara verosímil la acusación de que iba por la vida con pinganillo. Los exponentes del fascismo cosplay se disfrazan por algo, tienen motivos para ponerse esa careta; en el caso de Ayuso, sólo existe el disfraz, sin motivos, voluntad de poder sin atributos. 

Si es más cáscara que cosplay, ¿es realmente fascismo? El momento que mejor lo ejemplifica es aquella ocurrencia de Almeida en un mitin, burlándose del calificativo: “Seremos fascistas, pero sabemos gobernar”. Quizá no partieran de ahí ni lo sean siempre, aunque sí originara del franquismo su partido; puede que no sea esa su tradición política, pero comparten sus elementos culturales, cierto aire de época. El desprecio por parte de lo humano y por el pensamiento. La crueldad en el gobierno, la brutalidad, la justificación de la destrucción. La censura, como en este San Isidro, a quienes los critican desde un escenario. La construcción de un sistema, en Madrid, atado y bien atado. El PP de Madrid es toda una institución de la cual Ayuso sólo es su versión más afinada, su evolución final: política sin atributos.

En las noches electorales, el que no se consuela, es porque no quiere. Siempre hay algo a que agarrarse para endulzar una derrota, y el PSOE tiene unos cuantos azucarillos para quitar amargor al trago de las Andaluzas: no consiguió Moreno Bonilla la mayoría absoluta, el bloque de izquierda sube en porcentaje y en escaños -gracias al empuje de Adelante Andalucía-, las expectativas y encuestas eran incluso peores, y la candidatura de María Jesús Montero ha conseguido algunos votos más que la de Espada en 2022, aunque la mayor participación se traduzca en menos escaños. Ni tan mal, pensarán algunos. O como decían en El jovencito Frankenstein, “podría ser peor. Podría llover”.

Los resultados del PSOE son solo “malos” si los comparas con los de 2022. Si miras más atrás, son catastróficos. Y si miras mucho más atrás, décadas atrás, son como para que el último apague al salir. “Antes todo esto era socialismo”, pueden decir los militantes más veteranos, que recuerdan cómo el PSOE andaluz arrasó elección tras elección desde 1982, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, y gobierno tras gobierno. Andalucía era el PSOE, y el PSOE era Andalucía, que no solo tenía allí su bastión autonómico: también su mayor reserva de votos para las generales, el famoso “granero”.

Normal que después de tantos años de gobiernos socialistas, acabasen pagando el desgaste (y la corrupción) en las urnas. Salud democrática, alternancia, una temporada en la oposición, airear una administración que olía a cerrado. Pero los resultados de este domingo apuntan a mucho más que un castigo temporal: un cambio de hegemonía en Andalucía. Aunque la mayor participación le ha negado la absoluta, el PP ha conseguido en números totales más votos que hace cuatro años, su mejor resultado histórico.

Puede que su victoria sea amarga por insuficiente, pero Moreno Bonilla apenas ha tenido castigo electoral. Si la mayor preocupación de los andaluces en todas las encuestas es la sanidad, y la izquierda quiso convertir las elecciones en un plebiscito sobre el tema, hay que decir que el responsable de su deterioro ha sido refrendado en las urnas, y tiene vía libre para seguir aplicando su programa de desmantelamiento de lo público. Si además le sumamos el ascenso de Vox, y los más de 100.000 votos desperdiciados de Alvise, el resultado es claro: Andalucía vota muy mayoritariamente a la derecha. Donde antes votaba muy mayoritariamente a la izquierda. ¿Sí?

Los sociólogos y politólogos encontrarán explicaciones ideológicas, generacionales, económicas y de ciclo para este cambio de hegemonía. Quizás es que Andalucía no era tan de izquierda, que sociológicamente era y es más bien conservadora, y que hacía tiempo que el voto al PSOE era un voto conservador (conservador de izquierdas, si quieres), que ahora es un voto conservador de derechas, no tanto al PP como a Moreno Bonilla (o más bien a “Juanma”), que ha trabajado muy inteligentemente su andalucismo, su talante tranquilo, y la disociación entre su marca personal y la de su partido.

Aunque el PSOE hoy se consuela con la pérdida de mayoría absoluta del PP, debería estar muy preocupado. No solo porque la victoria de Moreno apunte a la consolidación de una nueva hegemonía -con resultados históricos en pueblos tradicionalmente socialistas, a un año de elecciones municipales-. También porque el mítico “granero”, al que fían las próximas generales, puede acabar sucumbiendo también.

“Estoy en un limbo. Hay pequeñas ayudas o pisos de protección oficial para jóvenes, pero yo ya no entro en ese baremo. Y tampoco soy tan viejo como para tener otros beneficios. Estoy atrapado en una nada con una niña. Siento vergüenza. Es un fracaso. Tengo 44 años y aún no tengo casa propia, aunque tenga trabajo”, contaba un hombre en el tercer programa de ‘El Juicio’, el espacio presentado por José Luis Sastre en La 2, que la semana pasada abordaba si es lícito o no hacer negocio con ella. El 'jurado popular' del programa dictaminó, con 5 votos a favor y 4 en contra, que, con límites, sí es lícito hacer negocio con la vivienda.

Más allá de la “sentencia” que ya dice mucho del estado de la conversación pública sobre este asunto, lo que me quedó resonando toda la semana en la cabeza fue la frase del hombre de 44 años que vive de alquiler. No es un caso aislado, claro. De hecho, un estudio realizado por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) reveló que la edad media de los inquilinos en España creció un 11,9% en los últimos cinco años, superando ya los 35 años.

El alquiler ha dejado de ser una etapa de transición para convertirse una condición permanente con un coste que va mucho más allá de lo económico y afecta también al plano emocional, casi diría que identitario, porque vivir de alquiler produce una sensación de impermanencia total. Cuadros sin colgar por no estropear las paredes ajenas, objetos que tendrás que trasladar pronto a otro piso, muebles que con toda probabilidad se perderán por el camino, incertidumbre, inseguridad, gastos y más gastos.   

En muchos otros países vivir de alquiler no conlleva carga moral alguna. Es una opción plenamente digna y funcional respaldada por marcos legales que protegen al inquilino. En España pasa exactamente lo contrario. Alquilar se interpreta como una prueba de insuficiencia personal, una especie de adolescencia prolongada (y nadie quiere prolongar su adolescencia), como resultado de décadas de políticas que apostaron sistemáticamente por la propiedad como único modelo válido. Alquilar es, ahora mismo, peor financiera (imposibilita el ahorro) y psicológicamente (te hace sentir culpable por no tener ahorros y no poder controlar tu propio entorno).

Así que se puede casi que decir que el mayor logro del sistema no es haber disparado los precios de alquiler hasta hacer imposible el acceso a la vivienda para millones de personas, sino haber conseguido que esas mismas personas se sientan culpables por ello, interiorizando un fracaso que no les pertenece, hasta el punto de convertir una crisis estructural en una sensación íntima de insuficiencia.

Es evidente que el hombre de 44 años que salía en el programa no ha fracasado. Según contaba tiene trabajo, una hija a la que cuida, puede pagar su alquiler mensualmente y, pese a todo ello, siente vergüenza. Y lo peor es que es un sentimiento compartido por muchos como resultado de ese relato perfectamente construido para que el malestar no se dirija hacia arriba, sino hacia abajo, o peor aún, hacia adentro. Porque qué fácil resulta todo, sistémicamente hablando, cuando la rabia se convierte en resignación y la resignación en vergüenza propia o incluso en culpa. 

La noche electoral es ese día donde se rompen las expectativas. Este domingo, la demoscopia ha acertado en el trazo gordo: la victoria de Juanma Moreno Bonilla ha sido abultada, como apuntaban todas las encuestas. No ha salido tan bien el retrato en el trazo fino. El PP pierde su mayoría absoluta, el bloque de la derecha retrocede cuatro escaños sobre las últimas autonómicas y el éxito de Adelante Andalucía rompe las previsiones, y también el tablero.

Es la sorpresa de la noche: el partido que fundó Teresa Rodríguez, la versión andaluza de esa Izquierda Anticapitalista que antes fue clave en el nacimiento de Podemos. Adelante Andalucía soñaba con alcanzar los cinco escaños necesarios para crear un grupo parlamentario propio y casi roza el 10%. Multiplica sus escaños por cuatro y –más importante aún– logra que la izquierda en su conjunto remonte frente al bloque conservador por primera vez en muchas noches electorales. Desde hoy, en el Parlamento andaluz la derecha tiene cuatro escaños menos. 

Hay muchas razones que explican este buen resultado. Un buen candidato, José Ignacio García, que ha interpretado una acertada versión gaditana del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. Adelante Andalucía ha conectado con el voto joven, ha sacado de la abstención a una parte de la izquierda y se ha convertido en un refugio para muchos votantes progresistas desencantados. 

Muy pocas encuestas pronosticaban un ‘sorpasso’ de Adelante Andalucía frente a Por Andalucía. La coalición de IU, Sumar y Podemos, que lideraba Antonio Maíllo, no ha tenido un buen resultado. Mantiene sus cinco escaños, pero no logra beneficiarse de la nueva caída del PSOE. No ayudó nada que la confluencia con Podemos empezara con reproches desde el primer día. 

La campaña del PSOE no fue buena. La candidata, tampoco. María Jesús Montero fue la elegida porque era la líder socialista con mayor porcentaje de conocimiento entre los votantes –un atributo que suele ser determinante en un cartel electoral–. Hoy, muchos en el PSOE andaluz lamentan no haber apostado por alguien más desconocido pero también con más recorrido, como María Márquez. Montero ha logrado el peor resultado en porcentaje de voto del PSOE en Andalucía en todas las elecciones de la historia.

El PP volverá a gobernar: con Vox. Ambos partidos siguen teniendo una mayoría muy holgada. Juanma Moreno Bonilla fue muy hábil en su campaña, que arrancó con un acto público junto a Felipe González, que se prestó a ello. Repasando los datos, municipio a municipio, Moreno Bonilla ha logrado ganar incluso en feudos socialistas históricos, como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira. 

Desde el primer día en que logró la presidencia de carambola, sin ser el más votado, Moreno Bonilla entendió que gobernaba en un territorio de izquierdas. Es la versión contraria a Emiliano García Page: un líder que juega a contracorriente de sus siglas, en un terreno complicado para su partido. Le funcionó en 2022, con su histórica mayoría absoluta del PP. Este domingo se ha quedado a solo dos escaños de repetirla. Sigue teniendo más del 40% de los votos, pero una investidura complicada por delante. Y tendrá muy difícil mantener su perfil moderado si tiene que hacer concesiones a Vox para lograr su investidura.

La estrategia de Alberto Núñez Feijóo con este redoble de elecciones autonómicas no ha funcionado. Su plan era claro: programar una elección tras otra, un mes tras otro, para debilitar al PSOE y a Pedro Sánchez: presionar para un adelanto de las elecciones generales, consolidar al PP como la única alternativa y distanciarse de Vox. No le salió en Extremadura. Tampoco en Aragón. Tampoco en Castilla y León. Tampoco en Andalucía. Feijóo cierra este ciclo electoral más débil que antes. Hoy el PP depende de la extrema derecha en todos y cada uno de los parlamentos donde se ha votado. También en Andalucía. 

Tras la enorme victoria del PP en las autonómicas de 2022 y 2023, Feijóo fracasó en las generales. En aquella inesperada victoria de Pedro Sánchez el resultado andaluz fue una de las claves: el PP se quedó muy lejos del resultado logrado en las autonómicas andaluzas. Si esto pasó en 2023, nada indica que no pueda volver a pasar en 2027.